Acoso político: hablan las víctimas
Las presuntas frases misóginas del premier Bellido contra una congresista son el último episodio de una práctica demasiado común: el acoso político contra las mujeres. Las víctimas alzan la voz y piden sanciones. Pero, aunque existe una ley, subsiste la impunidad.
La abogada Liz Tutusima dice que nunca las cosas fueron fáciles en su carrera como funcionaria pública en su ciudad, Pucallpa. Con puestos de responsabilidad desde joven, tuvo que abrirse paso en un camino caldeado por el machismo en el que no faltaron los chismes maledicentes, las bromas de contenido sexual y los comentarios subidos de tono de sus compañeros de trabajo y superiores.
–Recuerdo reuniones de consejo regional, donde había que exponer nuestros planes de trabajo y todos los gerentes eran hombres menos yo, y no faltaba el comentario de que más les gustaba la doctora Liz cuando se iba que cuando venía, en clara alusión a mi físico– dice.
Hace algunos años, cuando era gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali, un periodista de televisión dijo al aire que ella había obtenido ese cargo porque mantenía una relación sentimental con su jefe. Tutusima le mandó varias cartas notariales, pero el hombre nunca se rectificó.
Pero ni siquiera por todo eso dejó de sentirse afectada cuando el año pasado, en la campaña por las Elecciones Congresales Extraordinarias, otro controvertido periodista afirmó, en horario estelar, que a ella la habían nombrado candidata del Partido Morado, con el número 1, solo porque tenía “un flechazo” con el líder de esa agrupación política.
–Me afectó, no porque fuera cierto, sino porque mis logros profesionales no importaban– dice. –Todos los años que llevo en la gestión pública, en el gobierno regional, como jefa del Reniec, como asesora en varias municipalidades, ganadora de la Orden al Mérito a la Mujer en el año 2014, nada de eso importaba, sino que me habían dado la candidatura porque hice click con el líder del partido.
La abogada presentó una denuncia contra el periodista –llamado Paul Garay– ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero el caso quedó allí. En ese momento todavía no había una ley contra el acoso político ni había forma de sancionarlo.
No fue la única: durante esa campaña, el 52% de las mujeres candidatas expresó haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político, según una encuesta que realizó el JNE. No fue la última: en la campaña de 2021, el 47% de las candidatas dijo haber padecido lo mismo.
No será la última. El episodio en el que el premier Guido Bellido le habría dicho a la congresista Patricia Chirinos que, después de haber sido soltera, casada, divorciada y viuda solo le faltaba que la violen, revela que las situaciones de acoso contra las políticas mujeres siguen más presentes que nunca.
“Qué hacen acá”
Diana Miloslavich es coordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Durante años ha visto cómo las mujeres que comenzaban a incursionar en la política eran tratadas por sus pares hombres. Recuerda a las primeras regidoras que entraban a los municipios al amparo de la ley de cuotas y a las que les decían: “qué hacen acá, vayan a la cocina”.
–Cuando Beatriz Merino fue premier [2003], en el Consejo de Ministros ella y Anel Townsend tenían que bajar al primer piso para ir al baño porque en el segundo piso de Palacio no había baño de mujeres– dice. –Lo mismo le ocurría a otra regidora de Surco, hace algunos años: ella no podía ir al baño de mujeres del concejo porque el alcalde no le quería dar la llave.
Miloslavich dice que el tiempo ha pasado y que muchas cosas han cambiado, pero que, lamentablemente, en muchos varones sigue primando la mirada de que la política es un espacio masculino en el que las féminas están fuera de lugar.
Rocío del Carmen Santos fue víctima de esa mirada. El año pasado fue uno de los tres candidatos que presentó Acción Popular en Apurímac a las Elecciones Extraordinarias. Ella explica que fue seleccionada como cuota de género por el plenario nacional de su partido en Lima. Sin embargo, uno de sus correligionarios, que había intentado sin éxito ser candidato, la emprendió en su contra.
–Empezó a publicar cosas sobre mí en las redes– dice. –Decía que yo no era una mujer preparada, que debía estar en la cocina en lugar de ser política. Después fue a la radio y la televisión a decir que era una maldita madrastra y que no dejaba que mi esposo le pasé la manutención a su hijo. Y que era una corrupta porque había comprado el cupo para ser candidata.
Santos decidió responderle, con documentos, yendo a los medios y sosteniendo debates con él. Cuando le dijo que lo había acusado de acoso político, él se burló y le contestó que eso no iba a llegar a nada. Y así fue.
A la abogada Grace Baquerizo, el líder del colectivo de extrema derecha La Resistencia, Juan José Muñico, quien se postuló, como ella, en las Elecciones Extraordinarias, le dijo que era “la natacha de Verónika Mendoza” en un debate en vivo en La República TV. Su objetivo era claro: reducir sus cualidades, despreciarla, minimizarla.
Baquerizo también presentó su queja ante el JNE y esta también quedó en nada. El JNE se limitó a registrarlo en su reporte de casos. Parecía que en ese momento el problema era que no había ley: la ley contra el acoso político recién se aprobó en marzo de este año y se publicó en abril en El Peruano. Pero ni siquiera hoy, con la ley vigente, se podría hacer nada. Lo explica bien Diana Miloslavich.
–La ley señaló que se aplicarían sanciones pecuniarias, es decir multas de entre 1 y 50 UIT, a los que cometan acoso político, y que esas sanciones las impondrá el Jurado– dice. –Pero el Jurado todavía no reglamenta esa parte. La próxima semana vamos a tener una reunión y vamos a ver lo del reglamento.
No es el único problema. Como recuerda Miloslavich, el JNE solo tiene competencias en un escenario de elecciones. Solo podría imponer sanciones cuando se cometa actos de acoso político contra candidatas. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si el acosador es un congresista, un ministro o el mismísimo presidente del Consejo de Ministros? No podría hacer nada.
La propuesta legislativa que Flora Tristán y otras instituciones de la sociedad civil promovieron desde hace años, y que en el Congreso anterior fue recogida por Indira Huilca, contemplaba que el acoso político fuera incorporado como un delito en el Código Penal. Lamentablemente, dice Miloslavich, cuando el dictamen pasó por la Comisión de Constitución de Omar Chehade, esa parte fue borrada de un plumazo.
Sin sanción penal y con un JNE que solo puede imponer multas en un contexto electoral, no parece haber mucho que se pueda hacer contra aquellos que con sus conductas menoscaben, discriminen u obstaculicen el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos. La ley contra el acoso político señala que los partidos tienen la responsabilidad de prevenirlo entre sus militantes y de darse el caso, sancionarlo. ¿Habrá alguno que lo haga?
