Por mal camino

La empresa Century City Development Corporation 2 S. A., representada por su gerente, Fernando Vargas Villarreal, ha planteado un grave cargo contra la arquitecta Liliana Miranda y el periodista Marco Zileri por el delito de usurpación agravada contra el patrimonio: un terrenito de 40 hectáreas colindante con la Panamericana Sur, frente al mar, en Lurín. Un bocato di cardinale inmobiliario, como diría don Vito Corleone.

Esta semana, Miranda y Zileri –ambas presuntas piezas del engranaje del tráfico de tierra– fueron citados al escenario del crimen para la inspección ocular. Acudieron la fiscal Laura Monzón, suplente de la I Fiscalía Corporativa de Lurín; el suboficial PNP W. Segura; el denunciante Fernando Vargas V., y el doctor Félix Jurado, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, abogado defensor de los acusados.

La arquitecta Miranda es directora del Foro Ciudades para la Vida y docente de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Arquitectura en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Es una especialista en el problema de la zonificación urbana en el distrito de Lurín, el último valle verde de Lima. Zileri es un periodista que investiga la pérdida de tierra agraria a favor de intereses inmobiliarios en la zona.

La investigación se inició el 21 de diciembre pasado en la comarca de San Pedro, a orillas del mar, donde se tenía programada una ceremonia de pago a la tierra.

La comarca de 70 familias estaba inquieta. Don Marcial de Larosa, 86, vecino de la localidad desde 1956, alargando el brazo y señalando con el dedo índice hacia el este, lo resumía de la siguiente manera: “Este camino es público”. Se trataba de un sendero de grava que se proyecta en línea recta desde la playa de San Pedro hasta la Panamericana Sur. Don Marcial extrajo su cartapacio, en el que, en efecto, la servidumbre de paso está claramente señalada en el catastro oficial.

La constructora había cortado el acceso al camino 24 horas antes, reclamando como propia esa franja de territorio, un acto que fue grabado por los damnificados.

El incidente fue descrito en el artículo “El viejo y el man”, publicado el 3 de enero de este año en Domingo. La constructora denunció a Miranda y Zileri recién el 21 de febrero, en un evidente intento de amedrentamiento.

“La ley señala que la servidumbre de paso se constituye con el paso del tiempo; bastan diez años de uso público, pacífico y continuo y nace el derecho, más aún si es un camino de tiempos inmemoriales”, subrayó el doctor Jurado. “Si alguien pretende apropiarse del terreno, o interrumpirlo, incurre en el delito de usurpación, castigado severamente en el Perú con ocho años de cárcel; peor aún si el crimen es agravado”.

Así, la propia constructora se autoincrimina al insistir en que la servidumbre de paso es de su propiedad en su írrita denuncia. Reflexionó un cazurro hombre de leyes: el pez por la boca muere.

El muro

La inspección ocular ha abierto la posibilidad de un segundo expediente: la empresa ha construido un muro perimétrico alrededor de sus 40 hectáreas, usurpando más propiedad pública y apropiándose de la zona peatonal utilizada por las miles de familias, con sus inquietos críos, que acuden a las playas de Lurín, en tiempos no pandémicos. Eso, en efecto, tipifica como delito de usurpación agravada.