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PJ incauta más de 350.000 soles relacionados con investigación preliminar contra la FPF

El monto que fue hallado en la vivienda del teniente alcalde del Callao, César Pérez Barriga, está relacionado con la investigación que afronta la FPF por presuntos pagos indebidos.

larepublica.pe
La investigación inicial contra la FPF se dio tras la difusión de un audio, el último 11 de julio. Foto: Grupo La República

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ve envuelta en una polémica más. El último domingo 17 de septiembre, el Poder Judicial incautó en un departamento ubicado en San Isidro la cantidad de 355.900 soles, monto vinculado al regidor y teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, César Pérez Barriga, como parte de una investigación preliminar relacionada con presuntos pagos indebidos al interior de la FPF.

El juez Richard Concepción Carhuancho, quien se encargó de declarar fundado el requerimiento de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada para que se confirmara la incautación de estos bienes, determinó que la medida es "idónea, necesaria y perfectamente proporcional" para que estas pruebas no sean ocultadas o destruidas.

En ese sentido, el magistrado afirmó que los bienes permitirán "a posteriori comprobar la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible materia de la investigación", según precisó en la resolución a la que tuvo acceso RPP.

Cabe precisar que la investigación inicial se dio tras la difusión de un audio, el pasado 11 de julio, en el que se puede escuchar a una funcionaria de la FPF hablando, entre otros temas, sobre la suspensión de licencia de una fecha de Deportivo Municipal y su no participación en ese entonces en la Liga 1.

Contenido del que se puede escuchar una supuesta comisión de delitos al interior de Videna citando la facturación por servicios no prestados y la presunta emisión de comprobantes de pago a favor del máximo ente del fútbol peruano.

Tras esto, la Policía Nacional y el personal del Ministerio Público ejecutaron, el 15 de julio, una resolución judicial que establecía el descerraje, allanamiento, registro domiciliario, exhibición forzosa e incautación de bienes y documentos que terminaron en el monto incautado de 355.900 soles.