
El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo sigue siendo un tema de gran relevancia internacional. Esta vez, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden clara a Venezuela: abstenerse de celebrar elecciones en este territorio, actualmente administrado por Guyana, mientras se resuelve el litigio. Esta decisión es un refuerzo a las medidas provisionales que ya había dictado la Corte en diciembre de 2023, cuando advirtió a Venezuela sobre las consecuencias de acciones unilaterales en el Esequibo.
El 1 de mayo de 2025, la CIJ reiteró su postura unánime y ratificó las medidas provisionales que obligan a Venezuela a no llevar a cabo comicios en esta región en disputa. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, celebró la decisión y destacó que la postura de su país se mantiene alineada con el derecho internacional. En este artículo, exploramos los detalles de esta sentencia y lo que implica para Venezuela y la región.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo rotundo a principios de mayo de 2025, reafirmando la prohibición que pesa sobre Venezuela con respecto a las elecciones en la región del Esequibo. El tribunal dictó que Venezuela debe abstenerse de organizar o preparar elecciones en esta área, que se encuentra bajo administración de Guyana, pero cuya soberanía está siendo disputada desde hace décadas.
El dictamen de la CIJ responde a una solicitud presentada por Guyana en marzo de 2025, que exigió nuevas medidas provisionales para evitar que Venezuela alterara el statu quo en el Esequibo. Según la Corte, las acciones de Venezuela, como la convocatoria a elecciones en este territorio, podrían alterar de manera irreversible la situación en disputa. La Corte subraya que, en tanto no se llegue a una resolución final sobre el litigio, Venezuela debe abstenerse de tomar cualquier medida que pueda modificar la situación actual en el Esequibo.
De acuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia, si Venezuela persiste en la realización de elecciones en el Esequibo, estaría violando una orden judicial vinculante. La CIJ advirtió que cualquier acción que Venezuela lleve a cabo en este territorio podría ser vista como una alteración del equilibrio territorial y, por lo tanto, como un incumplimiento de las medidas provisionales impuestas previamente.
Además de las implicaciones legales, una violación de la orden de la Corte podría tener repercusiones diplomáticas graves. Venezuela ya se encuentra en una posición delicada, ya que la disputa por el Esequibo ha generado tensión no solo con Guyana, sino con diversos actores internacionales que abogan por el respeto al derecho internacional y a la resolución pacífica de disputas territoriales. Al desafiar la decisión de la CIJ, Venezuela arriesga aún más su imagen en el escenario global y podría enfrentar sanciones adicionales o mayores dificultades diplomáticas.
Venezuela tiene programadas elecciones regionales para el 25 de mayo de 2025. Sin embargo, tras la resolución de la Corte Internacional de Justicia, las elecciones en la región del Esequibo no podrán llevarse a cabo como estaba previsto. Estas elecciones están destinadas a escoger a los gobernadores y concejos municipales en diversas entidades del país. Si bien la orden judicial afecta únicamente a la región del Esequibo, la controversia sobre este territorio podría tener repercusiones en el contexto electoral a nivel nacional.
A pesar de este obstáculo, las elecciones en otras partes del país seguirán adelante. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ya había comenzado a preparar las campañas para los comicios, con el objetivo de renovar cargos políticos en varios estados. El gobierno venezolano, sin embargo, deberá ajustar sus planes para cumplir con la decisión de la CIJ, lo que sin duda añadirá más complejidad a las dinámicas políticas internas.
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