
En EE. UU., las ciudades y estados "santuario" han adoptado políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados, limitando la colaboración con las agencias federales encargadas de la inmigración. Aunque no hay una definición exacta de ciudad santuario, generalmente se refiere a aquellos lugares que no cooperan activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención y deportación de inmigrantes sin documentos.
Estas políticas de santuario tienen sus raíces en las décadas de 1980, cuando las iglesias comenzaron a ofrecer refugio a personas que huían de la guerra civil en El Salvador. En tiempos recientes, el debate sobre estas políticas ha ganado relevancia, especialmente con la llegada de más inmigrantes a ciudades gobernadas por demócratas. Mientras algunos defienden estas políticas como una medida de protección de los derechos de los inmigrantes, otros las critican por poner en riesgo la seguridad pública.
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Las políticas de santuario limitan la cooperación de las autoridades locales con las fuerzas federales en asuntos migratorios. Esto significa que las ciudades y condados santuario no entregan a inmigrantes a ICE, a menos que haya una orden de detención federal o si la persona ha cometido un delito grave. Muchos líderes locales argumentan que al trabajar con ICE, se pierde la confianza de las comunidades inmigrantes, lo que dificulta la colaboración con la policía y otros servicios esenciales.
Según los defensores de estas políticas, las ciudades santuario son fundamentales para proteger a los indocumentados que, de otro modo, podrían ser deportados a países donde enfrentarían violencia o persecución. Argumentan también que las políticas de santuario fomentan un entorno más seguro, ya que las comunidades inmigrantes estarían más dispuestas a colaborar con las autoridades locales si no temen ser deportadas.
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El debate sobre las políticas de santuario ha suscitado reacciones divididas. Los críticos, en su mayoría de estados con políticas opuestas, sostienen que estas medidas ponen en riesgo la seguridad pública al proteger a delincuentes que podrían ser deportados. Aseguran que al impedir que los agentes federales detengan a personas con antecedentes penales, las ciudades santuario obstaculizan la aplicación efectiva de la ley.
Por otro lado, los defensores de las ciudades santuario insisten en que estas políticas son necesarias para proteger los derechos humanos de los inmigrantes y garantizar que las comunidades sean inclusivas. Además, sostienen que los índices de criminalidad en las zonas santuario tienden a ser más bajos que en otras regiones, ya que los inmigrantes indocumentados son menos propensos a involucrarse con las autoridades si temen ser deportados.
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Algunas de las principales ciudades santuario incluyen:

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