
La propuesta afectaría a aproximadamente 40 millones de personas en EE.UU., incluyendo a inmigrantes sin estatus legal, residentes permanentes y empleados temporales con visas H-1B, H-2A y H-2B, mientras que los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos de dicho gravamen.
La carta, apoyada por 24 de los 43 congresistas demócratas hispanos, defiende las remesas, una práctica común entre inmigrantes en EEUU Los legisladores destacan que estas no solo brindan ayuda humanitaria, sino que también impulsan el desarrollo económico en países de bajos y medianos ingresos. Según el Banco Mundial, en 2023 se enviaron cerca de US$93.000 millones al extranjero.
Las remesas constituyen una fuente vital de ingresos para países como Haití, Honduras y El Salvador, representando entre el 20 % y el 30 % de su Producto Interno Bruto (PIB). “Interrumpir este flujo no solo plantea un dilema moral, sino que también es una decisión fiscalmente imprudente. Solo contribuirá a intensificar la migración irregular en el hemisferio occidental”, advirtieron los congresistas.
La preocupación también se extiende a México, que el año pasado recibió 65.500 millones de dólares en remesas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su oposición a la iniciativa, argumentando que resulta perjudicial tanto para México como para Estados Unidos.
Asimismo, los legisladores alertan que esta medida podría incrementar la migración irregular hacia Estados Unidos, ya que la disminución de recursos económicos en los países de origen impulsaría a más personas a migrar en busca de mejores oportunidades. De este modo, un impuesto diseñado para reducir la migración podría, en realidad, intensificarla.
La propuesta fue presentada durante la primera administración de Donald Trump, pero no se implementó debido a diversos obstáculos legales. Países como Arabia Saudita y Etiopía ya han enfrentado las consecuencias de imponer restricciones a las remesas.
En 2023, el entonces senador de Ohio —y actual vicepresidente de Estados Unidos— J.D. Vance propuso un impuesto aún mayor: una comisión del 10 %, con el objetivo de destinar los fondos recaudados a reforzar el control fronterizo. El plan también contemplaba sanciones severas para quienes intentaran eludir el impuesto mediante mercados secundarios. Sin embargo, expertos advierten que estas restricciones podrían fomentar el surgimiento de sistemas paralelos para el envío de dinero, dificultando su regulación.

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