
Aceptar o rechazar la firma de los documentos de deportación emitidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) representa una decisión fundamental para cualquier inmigrante involucrado en un procedimiento migratorio en ese país. Sin embargo, la negativa a firmar puede resultar contraproducente.
Las repercusiones pueden ser severas y, en múltiples ocasiones, definitivas. De acuerdo con datos proporcionados por la organización Illinois Legal Aid, existen elementos esenciales que toda persona debe evaluar antes de decidir.
La negativa de un inmigrante a firmar la orden de deportación no detiene el procedimiento; al contrario, puede empeorar la situación. Según la fuente antes mencionada, si no se firma, el juez tiene la facultad de ordenar la deportación igualmente, lo que podría implicar una prohibición definitiva para volver a ingresar a Estados Unidos.
Asimismo, la persona podría permanecer detenida por un período prolongado mientras se resuelve su caso, lo que incrementa la incertidumbre y el estrés. Incluso cuando el inmigrante considere que tiene derecho a permanecer en el país, rechazar firmar una orden de deportación emitida por un juez sin asesoría legal puede resultar arriesgado.
Tras recibir una orden de deportación en Estados Unidos, el inmigrante suele disponer de un período determinado para abandonar el país. Este plazo varía según las circunstancias específicas de cada caso, aunque generalmente oscila entre 60 y 90 días. Sin embargo, la duración puede ser menor o mayor, dependiendo de la decisión del juez de inmigración o de las autoridades migratorias.
En caso de que no sea posible cumplir con la orden dentro del tiempo establecido, resulta fundamental contar con asesoría legal para explorar alternativas, como solicitar una prórroga o presentar una apelación. No acatar o ignorar la orden de deportación puede acarrear consecuencias permanentes para la situación migratoria del individuo.
Al firmar los documentos de deportación, una persona acepta salir de Estados Unidos de manera voluntaria. Sin embargo, esto no implica que el proceso sea favorable, según explicó Illinois Legal Aid.
Firmar significa aceptar la deportación, lo que puede conllevar una prohibición de reingreso al país por un período de diez años o más. Además, en ciertos casos, el gobierno estadounidense podría rechazar futuras solicitudes de visa o beneficios migratorios.

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