Investigan descuentos no autorizados en nóminas de jubilados en Brasil
El gobierno brasileño investiga un presunto gran esquema de corrupción basado en descuentos ilegales a jubilados, informaron este miércoles las autoridades, un escándalo que apunta contra la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva en momentos de caída de su popularidad.
Seis funcionarios públicos fueron suspendidos, entre ellos el presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), luego de que se detectaran pagos no autorizados en los recibos de jubilados a asociaciones y sindicatos, según la Contraloría General.
La pesquisa se concentra en 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024 en supuesta complicidad con funcionarios del INSS. Una parte aún no determinada de ese monto se habría descontado de forma ilícita.
"La investigación trata sobre un fraude a los jubilados, personas que (...) están naturalmente debilitadas y fueron víctimas fáciles de estos delincuentes", dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una rueda de prensa.
La policía ejecutó este miércoles más de 200 órdenes de allanamiento, seis detenciones y secuestros de bienes por más de 1.000 millones de reales (unos 175 millones de dólares).
Autoridades investigan delitos como corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos, organización criminal y lavado de capitales, entre otros.
Casi la totalidad de jubilados consultados durante la auditoría dijeron no haber autorizado los descuentos o mencionaron posibles fraudes, como la falsificación de firmas, según la Contraloría.
Aunque la administración del izquierdista Lula se muestra al frente de la investigación, el perjuicio a los jubilados desafía al gobierno, con su popularidad en caída desde hace meses debido en parte a la inflación.
Se trata del segundo episodio de corrupción que enfrenta el Ejecutivo en pocas semanas. A principios de abril, el ministro de Comunicación de Lula, Juscelino Filho renunció luego de ser inculpado por presuntos sobornos cuando era diputado en 2022, antes de la asunción del actual presidente.
Filho negó cualquier irregularidad y alegó su inocencia.
Los casos de corrupción son un tema sensible para el gobierno brasileño. Este mes se cumplieron siete años desde que Lula fue encarcelado tras una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Luego de 580 días preso, el líder del Partido de los Trabajadores salió en libertad. Más tarde la corte suprema anuló los procesos judiciales en su contra, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial.
La anulación de los procesos le permitió a Lula presentarse a los comicios de 2022 y volver al poder.
Pero la imagen de "corrupto" sigue pesando sobre él para un sector significativo del electorado brasileño.
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