Militares salvadoreños impiden a senador de EEUU visitar cárcel de migrante deportado por error
Militares salvadoreños impidieron este jueves al senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen visitar la cárcel donde está encerrado el migrante Kilmar Ábrego García, deportado por error por el gobierno de Donald Trump.
En el segundo día de su visita a El Salvador en busca del regreso del migrante a Estados Unidos, el vehículo del senador fue detenido por militares a unos tres kilómetros del 'Cecot', la megacárcel donde están encerrados 288 migrantes deportados por el gobierno de Trump bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798.
"Los soldados nos dijeron que tenían órdenes de no dejarnos avanzar más", dijo Van Hollen, quien iba acompañado de Chris Newman, abogado de la madre y de la esposa de Ábrego.
"Nuestro objetivo hoy era muy simple: comprobar el estado de salud" de Ábrego, agregó el senador en una rueda de prensa en San Salvador.
El senador llegó al país centroamericano para tratar de conseguir el retorno de Ábrego García, salvadoreño de 29 años, expulsado el 15 de marzo por el gobierno de Trump junto a más de 200 venezolanos y una veintena de salvadoreños acusados, sin pruebas, de ser criminales.
A pesar de la orden de una jueza federal estadounidense, respaldada por la Corte Suprema, que pide que sea llevado de vuelta a ese país, Ábrego está recluido en el Cecot, una megacárcel de alta seguridad construida por el presidente Nayib Bukele para encerrar a pandilleros, situada a 75 de San Salvador.
El gobierno de Trump afirma que no está en sus manos hacerlo volver.
Van Hollen se entrevistó el miércoles con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Según el senador, éste le dijo que Ábrego no puede ser devuelto a Estados Unidos porque "la administración Trump le está pagando [...] al gobierno de El Salvador, para mantenerlo en el Cecot".
Van Hollen consultó entonces a Ulloa si podía visitar a Ábrego, pero el vicepresidente le "dijo que no podía hacerlo", como tampoco permitirle hablar con él por teléfono o videollamada.
El gobierno de Trump acusa al migrante, sin presentar pruebas, de formar parte de la pandilla MS-13, declarada "terrorista" por Washington.
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