Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió a Tomás Aladino Gálvez como el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029 con opción a dos años de extensión. La elección de Gálvez se tomó con 3 votos a favor de los cinco miembros de la JFS, mientras que dos votaron en contra. Fuentes indican que los otros dos votos fueron para Juan Carlos Villena.

Gálvez se venía desempeñando como el titular interino del Ministerio Público desde septiembre del 2025 en lugar de Delia Espinoza, quien fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo en junio del año pasado. Desde el sector político, Espinoza fue inhabilitada por 10 años por el Congreso.

PUEDES VER: César Acuña: joven le lanza un huevo en la cabeza durante campaña electoral

La elección del nuevo fiscal de la Nación se dio luego de que la misma JNJ confirmara la destitución de Espinoza como miembro del Ministerio Público. Esto ocurrió el pasado 16 de marzo.

Por otro lado, tal como lo adelantó La República, cuatro de los cinco fiscales supremos tenían aspiraciones de llegar a ser la cabeza de su institución: el mismo Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena Campana. La que no buscaba ocupar el puesto era Zoraida Ávalos.

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación, pese a cuestionamientos

Durante este periodo de interinato, la gestión de Gálvez ha estado llena de críticas. Principalmente, por la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) y el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

En enero, Gálvez archivó la investigación contra la fiscal suprema Patricia Benavides y los miembros de la JNJ que promovieron su fallido retorno a la Fiscalía en junio del año pasado.

Días después, también dispuso el archivo de la investigación preliminar que se le seguía a la expresidenta Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales en 2024, en el que se reportaron más de 20 fallecidos. De acuerdo con la resolución fiscal, no se encontraron pruebas suficientes para imputar responsabilidad penal a la exmandataria ni a los antiguos miembros de su Consejo de Ministros.

En febrero, Gálvez archivó la denuncia contra el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi. La demanda había sido interpuesta por los familiares de las víctimas de la matanza de Cayara en 1988 porque Rospigliosi, presuntamente, intimidó a los jueces del Poder Judicial que procesaban a militares acusados de los asesinatos de 39 campesinos.

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia en su contra por presunta organización criminal y tráfico de influencia en un caso que involucraba al partido Podemos Perú. Según el Parlamento, no existían pruebas suficientes para acusar a Gálvez.

Ese mismo mes también surgieron cuestionamientos porque Gálvez no interpuso un recurso de apelación contra la resolución de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, la cual desestimó declarar ilegal al partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, por presunta conducta antidemocrática atribuida.

El 7 de enero, Gálvez fue notificado oficialmente de la decisión en primera instancia y, a partir de esa fecha, el Ministerio Público tenía un plazo de 10 días para apelar el fallo emitido en diciembre. No obstante, el entonces titular de la Fiscalía no presentó dicho recurso.

IDL y CNDDHH envía carta al Ministerio Público para solicitar una nueva elección de fiscal interino

Por medio de una carta a la secretaría del Ministerio Público, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitaron a la Junta de Fiscales Supremos que proceda a una nueva elección de Fiscal de la Nación interino, pues, a su evaluación, Gálvez no cumple con los criterios criterios legales, constitucionales y supranacionales.

IDL sostiene que no se ha considerado que el referido fiscal interino “no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político”.

Refuerza este argumento indicando que Gálvez incurrió en tres hechos graves.

El primero de ellos es la remoción del cargo a dos fiscales provisionales, las fiscales Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), “quienes venían investigando y solicitando información, respectivamente, sobre hechos de relevancia penal que lo involucran directamente”.

En segundo lugar, menciona que al efectuar esas remociones ha incumplido directamente con el estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del caso “Casa Nina vs. Perú” del 24 de noviembre del 20202, al remover a dos fiscales provisionales sin un argumento objetivo.

Además, IDL marca que Gálvez ha interferido en la función de fiscales provisionales al removerlas de su cargo generando un “impacto negativo en el deber de persecución del delito del Ministerio Público”.