Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025
Inseguridad ciudadana. De acuerdo al mapa del delito georreferenciado del Mininter, de enero a octubre se consumaron 222.730 casos de extorsión, robos, amenazas, asesinatos entre otros hechos. Es una situación sin salida, sostienen exministros. Lima Metropolitana lidera con más de 65 mil casos.
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Fue un robo claramente planificado en pleno Centro de Lima. La madrugada del 25 de octubre un grupo de hampones incursionó en una joyería, ubicada cerca de Palacio de Gobierno, y se llevó cadenas, pulseras, anillos, esclavas y también dinero en efectivo. Ese día, la propietaria, Meliza Valverde, exigió explicaciones a las autoridades. “No hay resguardo desde que se inició el estado de emergencia”, criticó.
Como ocurre con la inflación o el precio del dólar, hay un indicador que impacta en la vida diaria: en Perú las denuncias por delitos penales ya están cerca de alcanzar el cuarto de millón de casos.
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De acuerdo con el Ministerio del Interior, de enero a octubre sumaron 222 mil 730 los casos de extorsión, robos, hurtos, amenazas, lesiones, asesinatos y otros delitos en todo el país.
La cifra revela que, cada 24 horas se presentan más de 732 denuncias en dependencias policiales. O, visto con otra perspectiva, los ciudadanos reportan 30 delitos por hora.
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Es una curva que no se ha detenido con cambios de gobiernos, medidas de impacto, ministros hiperactivos o de perfil bajo. Desde que Pedro Castillo asumió el cargo de la presidencia de la República, en el 2021, pasaron 13 ministros del Interior.
No obstante, nadie ni nada frena la inseguridad ciudadana ni el crimen organizado.
En ese contexto, las autoridades probaron con políticas de mano dura, reformas procesales, modificaciones al Código Penal, crearon unidades operativas de la PNP, pero los delitos continúan imparables en todas las regiones.
Mapa del delito
De acuerdo con el Ministerio del Interior, Lima Metropolitana encabeza las denuncias con más delitos: 65.577 casos, de enero a octubre. Lo siguen Lima provincia con 16.568, Arequipa con 14.501, Cusco con 12.053, Lambayeque con 11.311, Piura con 10.078, Junín con 9.875, La Libertad con 9.233, Ica con 9.006, Áncash con 8.743, Callao con 8.198.
También Cajamarca con 6.302, San Martín con 5.484, Huánuco 4.862, Puno 4.843, Ayacucho con 4.801, Apurímac con 3.869, Loreto con 3.431, Tacna 3.242, Amazonas con 2.397, Tumbes con 1.986, Ucayali 1.930, Madre de Dos 1.593, Moquegua con 1.699, Huancavelica 1.211 y Pasco con 1.148. Todo este mar de números lo presenta el Mininter como Mapa del Delito Georreferenciado.
Los expertos en seguridad atribuyen esta disparada de delitos a una combinación de factores: a la proliferación de armas de fuego en las calles; la menor exposición de personal policial mientras está fuera de servicio (hace años que no están obligados a llevar armas mientras no están en servicio) y a cambios en las modalidades delictivas.
Solo del 10 de octubre al 3 de diciembre se incrementaron a 295 homicidios durante el gobierno de José Jerí. De ellos, 216 fueron cometidos con armas de fuego.
En Lima hubo 74 homicidios en 40 días de estado de emergencia. En los cuarenta días previos a esa medida se registraron 72. La tendencia es creciente y se incrementa a 5.46 el promedio diario de homicidios, de acuerdo al Sinadef.
El presidente José Jerí dice que su gobierno enfrenta el problema de inseguridad con un criterio de “urgencia” y cuestionó la política de otros gobiernos que prefirieron “ocultar las cosas”, con la esperanza de que la solución “caiga por propio peso”.
“Este gobierno de transición, si bien tiene un tema que es urgente, que es el de la inseguridad ciudadana, estamos enfrentando con las armas que hemos encontrado, y con las fuerzas que hemos encontrado, le estamos poniendo mucha voluntad y muchas ganas”, indicó.
Una situación sin salida
El jefe de Estado también ha manifestado que “la curva de crecimiento” de la criminalidad empezó a “estancarse” y que “el siguiente paso será que comience a decrecer”.
Sobre ello, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, considera de “frívolo” que el presidente José Jerí afirmé que la inseguridad ciudadana estaría siendo controlada tras la declaratoria del estado de emergencia.
“Es una situación sin salida; cada vez que hacen un paro los transportistas dejan de percibir ingresos y no calman a los extorsionadores. Debemos exigir un poco más de responsabilidad. El estado de emergencia es más de lo mismo, es frívolo venderle a la gente que la inseguridad se está controlando cuando no es así”, manifestó.
Basombrío indicó que no hay indicios de que las cifras sobre criminalidad estén disminuyendo.
Algunos hechos que provocan impacto y presionan sobre la “sensación” de inseguridad ciudadana mantienen su ritmo. Las extorsiones y el sicariato siguen golpeando de lleno en la dinámica de la sociedad.
El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó por su parte el estado de emergencia en Lima y Callao al considerarlo un gesto político sin sustento operativo y advirtió que este tipo de medidas deberían estar precedidas por una evaluación de inteligencia que justifique su aplicación, lo cual no ha ocurrido en este caso.
Sin embargo, reconoció que esta medida ha incorporado novedades como la creación de comisiones de inteligencia y seguimiento, además de medidas como el apagón eléctrico en penales y el registro fotográfico de trabajadores penitenciarios. Sin embargo, calificó estas acciones como “insuficientes” o “difíciles de ejecutar”, especialmente por limitaciones técnicas en penales antiguos y la magnitud de la población laboral del sistema penitenciario.
De acuerdo con la Central de Operaciones Policiales, de enero a octubre de este año se ejecutaron 859,089 operativos policiales.
En total hubo 312,518 detenidos (extranjeros por diversos delitos 13.389 y peruanos 234.012). También se detuvo a 65.119 requisitoriados. Asimismo, se incautaron 74 mil 609 kilos de clorhidrato de cocaína, 109 mil 257 kilos de marihuana y 153 mil 319 kilos de PBC. También hubo 11.592 armas incautadas: 5.181 blanca y de fuego 6.411.
ENFOQUE:
CRISIS MUY PROFUNDA
Por Ricardo Valdés, exviceministro del Interior
La seguridad en el Perú vive una crisis profunda marcada por el auge del sicariato, la extorsión y economías ilegales que mueven más de 14 mil millones de dólares al año.
En parte, este deterioro se debe a una grave crisis institucional: un Poder Judicial saturado, centros penitenciarios sin inversión y con hacinamiento, un Ministerio Público debilitado y una policía con corrupción, sin recursos ni liderazgo claro.
Las organizaciones criminales operan con rapidez gracias al flujo de efectivo y a una estructura flexible, superando a un Estado lento y fragmentado. A ello se suman factores externos como la transnacionalización del delito. Requerimos mucha inversión en tecnología, gestión e inteligencia, además de reformas de largo plazo en justicia, fiscalía, policía y en los penales.
Mientras, entramos a las elecciones con 39 candidatos a la presidencia y con ofertas muy pobres y poco creativas para lidiar con la inseguridad ciudadana. Encima, varios congresistas que son parte del problema, buscan su reelección. Triste y preocupante augurio.
