Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

En el marco del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, defendió la cuestionada Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. En su intervención, Santiváñez sostuvo que la norma fue una respuesta a "atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de derecho", pero ese argumento es falso, ya que en el Congreso la ley se aprobó con el pretexto de que los procesos judiciales estaban estancados.

"Con referencia a la aprobación de la Ley de Amnistía, quisiera señalar que esta se ha llevado a cabo de conformidad con la separación de poderes y como respuesta a los atentados terroristas que han intentado socavar la democracia y el Estado de derecho, causando gran sufrimiento a nuestro pueblo", señaló en su intervención.

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El argumento esgrimido por Santiváñez no coincide con el utilizado en el Congreso cuando se aprobó la amnistía. Allí, los promotores señalaron que la medida era necesaria porque los procesos judiciales vinculados a casos de violencia política estaban "estancados". Esta contradicción refuerza las críticas de especialistas y organismos internacionales que advierten un intento de justificar la impunidad.

Uno de los grandes promotores de esta normativa fue el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quien defendió la medida desde que se presentó en la Comisión de Constitución hasta que llegó a su debate en el Pleno del Congreso. El parlamentario argumentó que se trataba de una acción "justa y necesaria". Además, sostuvo que muchos militares "están sometidos a interminables procesos judiciales" y que "son procesos que no sirven a la justicia sino a la revancha", pese testimonios de familiares de las víctimas.

La postura del ministro de Justicia peruano ocurre tan solo un día después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtiera que la Ley de Amnistía representa "un retroceso para la justicia y para la verdad" y que, lejos de cerrar heridas, “aumenta la tensión y violencia en la sociedad”. Türk subrayó además que normas como esta ponen en riesgo a las víctimas.

El titular de Justicia, además, reiteró la postura del Gobierno en desafío a la Corte IDH y los organismos de observación internacional. "El Perú seguirá evaluando si permanece en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover la revisión de normas de dicho sistema. Seguiremos cooperando con la oficina del Alto Comisionado para promover y proteger los derechos humanos, pero debemos reconocer que todas las personas tienen derecho a su libertad, independencia, autodeterminación y a poder construir su propia historia sin tener interferencias", sostuvo en su intervención.

Su mensaje no es aislado y responde a una serie de actos emprendidos con más ahinco desde que Santiváñez asumió el Minjus. El último 6 de setiembre, la Presidencia de la República, difundió un comunicado en el que calificó de "inaceptable" la resolución de la Corte IDH donde ratificaban que Ley de Amnistía era inconstitucional. Además, amenazaban que seguirían evaluando la permanencia en el sistema interamericano y promover una "revisión de las normas" que regulan a dicho tribunal.

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Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419, la polémica Ley de Amnistía que busca exonerar de responsabilidad a militares, policías y funcionarios que participaron en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

La Corte IDH subrayó que la aplicación de esta ley vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad, y atentaría contra estándares internacionales de derechos humanos consolidados en sentencias previas.

A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo ha intentado justificar la medida y señaló atentados terroristas y retrasos en los procesos judiciales, una narrativa que contradice los fundamentos reales de la ley y que ha sido calificada por la comunidad internacional como un intento de blanquear la impunidad.