Congreso avanza su plan para asegurar impunidad de Dina Boluarte y de los parlamentarios en 2026
Estrategia. El blindaje está en marcha: ninguna acusación contra Dina Boluarte y los congresistas prosperará. Los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña tienen los votos para evitarlo. Mientras eso, el siguiente paso es someter el sistema judicial para frenar investigaciones; y la bancada de Vladimir Cerrón propone que el Congreso bicameral elija a fiscales y jueces.
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“Quieren llegar a julio del 2026 sin nada”, asegura la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque. Una de las evidencias, sostiene, es el archivo de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolexgate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe final, que fue elaborado por la legisladora fujimorista Nilza Chacón, además de desestimar esta denuncia constitucional, sugiere que el Parlamento evalúe las supuestas infracciones constitucionales que cometió la Fiscalía de la Nación al haber realizado diligencias contra una mandataria en funciones como Boluarte.
La propuesta deja la puerta abierta a que en el Congreso dirigido por los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña presente una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación que investigó a Dina Boluarte por sus relojes Rolex.
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El fiscal supremo que presentó la denuncia constitucional contra Boluarte por el Rolexgate fue Juan Villena, miembro de la Junta de Fiscales Supremos.
El informe fujimorista manda una amenaza al representante del Ministerio Público que se atreva a realizar diligencias contra la presidenta. “Lo han hecho para evitar que el siguiente fiscal se atreva a pronunciarse porque le están diciendo que no tiene competencia para el tema”, dijo Luque.
Un Congreso a favor de la impunidad
La sugerencia tiene un contexto que permite armar el rompecabezas. Por un lado, el fujimorismo plantea ese camino para someter al Ministerio Público y evitar que Boluarte sea investigada, y en paralelo está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva una demanda competencial del Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial, que apunta a volver intocable a un jefe de Estado en funciones.
Lo que decida el TC, elegido por este Congreso, resolverá si Boluarte puede ser investigada o no, de manera preliminar, en lo que resta de este quinquenio en el Ministerio Público. Al blindaje parlamentario se ha sumado el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien durante una audiencia ante el TC dijo que solo el Parlamento puede investigar a un presidente en funciones.
En el fondo, los defensores de Boluarte alegan que ella solo puede ser investigada luego de su gobierno. Ante el Tribunal Constitucional, el abogado del Poder Judicial alertó de que esa interpretación podría ocasionar el ocultamiento de pruebas y que luego del 2026 sea demasiado tarde.
En el Congreso, el fujimorismo y sus aliados cerraron filas a interpretar que según el artículo 117 de la Constitución un presidente no puede ser investigado mientras esté en Palacio. Su lectura refleja una contradicción, viniendo de una institución que avaló que la Fiscalía de la Nación investigue a Pedro Castillo cuando era presidente.
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Con un fallo del TC a favor del Ejecutivo, tendrá un argumento adicional para proteger a Boluarte y señalar que los fiscales que investigaron el caso Rolexgate, las muertes en las protestas, el Cofre presidencial y su cirugía se excedieron en sus competencias y vulneraron la Constitución.
Proteger a congresistas
Con la inmunidad presidencial asegurada, el Legislativo solo tendrá pendiente de resolver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las acusaciones contra los parlamentarios y sus detractores. “Ellos solo inhabilitan a quienes les conviene”, recalcó Luque. Hasta ahora, los congresistas dejaron fuera de la función pública al expresidente Martín Vizcarra y al exministro Víctor Zamora. Y todavía falta que hagan lo mismo con el exmandatario Francisco Sagasti y el ex primer ministro Salvador del Solar.
En cambio, con la mayoría de los congresistas denunciados por la Fiscalía de la Nación todavía no prospera ninguna acusación constitucional. “La estrategia de la mayoría parlamentaria es evitar que cualquier denuncia que vaya contra Boluarte y contra ellos avance”, añadió Luque.
Contra la Junta de Fiscales Supremos
Y para frenar a los fiscales supremos, hay una denuncia constitucional promovida por el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi contra cuatro miembros de la Junta de Fiscales Supremos: Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena.
Rospigliosi plantea inhabilitar y denunciar por prevaricato, abuso de autoridad y falsedad genérica a los fiscales supremos debido a que el Ministerio Público se ha negado, hasta ahora, a aplicar la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de presuntos delitos.
El Ministerio Público decidió no aplicarla hasta que el Tribunal Constitucional resuelva una demanda de inconstitucional que presentaron contra esa ley.
El 9 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña, aprobó declarar procedente la denuncia de Rospigliosi. Falta que la Comisión Permanente ratifique la decisión y le otorgue 15 días a esta subcomisión para presentar un informe final.
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La hermana del gobernador de La Libertad, César Acuña, tendrá que elegir a un congresista delegado que elabore el informe final para acusar a los fiscales supremos. Usualmente, los casos que busca avanzar el Congreso son encomendados a legisladores del pacto gobiernista.
Cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó dar trámite a la denuncia constitucional contra los fiscales supremos, Rospigliosi celebró: “Acusadores acusados (…). Hay que poner freno a la prepotencia y el abuso de la Fiscalía”, tuiteó el 14 de abril.
La inhabilitación de los fiscales supremos necesita de los votos de dos tercios del total de congresistas, restando a los integrantes de la Comisión Permanente. Es decir, de 67 a favor. Pero en la marcha, el fujimorismo busca reducir los votos para suspender a los fiscales.
Un Reglamento del Congreso para someter el sistema judicial
Rospigliosi, además de promotor de la inhabilitación de fiscales supremos, preside la Comisión de Constitución. Su colega de bancada Patricia Juárez presentó un proyecto de ley para modificar el Reglamento del Congreso y poder suspender a altos funcionarios, entre ellos fiscales y jueces supremos, con 50 votos, mientras son investigados. La propuesta fue aprobada con 14 votos de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, APP, Somos Perú y el Bloque Magisterial. Falta que pase al Pleno.
Por un lado, la subcomisión dirigida por APP avanza la acusación constitucional contra la Junta de Fiscales y, por el otro, una comisión liderada por el fujimorismo busca modificar el Reglamento del Congreso para suspender a fiscales y jueces supremos.
La congresista Luque advierte que la coalición parlamentaria apunta a sacar a fiscales y jueces antes que se instale el Congreso bicameral en 2026.
Cuando termine este quinquenio, el Ministerio Público podrá presentar denuncias constitucionales contra Boluarte y los congresistas. Y será un nuevo Congreso el que evalúe esos casos. Por eso es importante quién estará a cargo del Ministerio Público luego de las elecciones generales.
Por ahora, el Congreso ha conseguido que Boluarte no sea investigada hasta julio del 2026 y ha desestimado las indagaciones contra parlamentarios.
“Ese es el escenario. No solo es una impunidad para ahora, sino para el futuro y para siempre. Si no, ¿por qué tendrían que cambiar las reglas? Son reformas necesarias, pero no en este contexto en que hay voces que piden sacar a los fiscales supremos. Es la captura del sistema de justicia, tienen todos los elementos para consolidar una impunidad absoluta”, enfatiza Luque. Y no hay quién detenga las pretensiones de la coalición gobiernista.
Perú Libre propone que el Congreso elija a los fiscales supremos
El partido de Vladimir Cerrón también mueve sus hilos. El congresista de Perú Libre José Balcázar impulsa un proyecto de ley para que el Congreso pueda elegir a los fiscales y jueces supremos. De aprobarse esta iniciativa, el Parlamento tendrá el poder para determinar quiénes son los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. En la práctica, sería como que tengan el poder de elegir a quién los puede investigar.
Balcázar plantea que el Senado tenga esa facultad. El proyecto busca que el nuevo Congreso, que tendrá una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, tenga esa responsabilidad.
La iniciativa dice que con los votos de dos tercios del Senado, el Congreso podrá elegir a fiscales y jueces supremos. Eso equivale a que sea suficiente con 40 votos.
