Tramitan amparo de Pedro Castillo para que el Congreso no pueda denunciarlo
La Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda presentada por el presidente de la República contra el Congreso para que cesen las denuncias constitucionales y pedidos de vacancia en su contra.
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La Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda presentada por el presidente Pedro Castillo contra el Congreso para que cesen las denuncias constitucionales y pedidos de vacancia en su contra, por supuestamente afectar el debido proceso y la Constitución.
La admisión a trámite supone que los jueces evaluarán la demanda. No significa que le están dando la razón. Para que estén en posición de dar una respuesta falta mucho, sobre todo con la elevada carga de trabajo de juzgados y salas constitucionales.
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Esta demanda fue presentada el 12 octubre del 2022 al Primer Juzgado Constitucional de Lima que, al día siguiente, se declaró incompetente al tratarse de una demanda dirigida contra el Congreso. El documento pasó a la Sala Superior.
Los jueces han dispuesto remitir copias de la demanda a los demandados, dándoles un plazo de 10 días hábiles para dar una respuesta y convocar a audiencia para el próximo 6 de marzo del 2023. Aparecen como demandados el presidente del Congreso, José Williams Zapata, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura y el procurador del Congreso.
En la demanda se plantea como primer punto que se declare la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, por supuesta pertenencia y ser jefe de una organización criminal.
Luego, que se declare la nulidad de la tercera moción de vacancia promovida por los congresistas Carlos Anderson, George Málaga, Diego Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes por la investigación que realiza la Fiscalía de la Nación.
Además, que se declare la nulidad de la acusación constitucional promovida por los ciudadanos Lourdes Flores, Fernando Altuves-Febres, Ángel Delgado y otros, en colusión con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Trámite constitucional
Los pedidos incluidos en la demanda fueron notificados al Congreso para que dé una respuesta en 10 días.
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