Cuestionan postulación de Perú a la Secretaría General Adjunta de la OEA por sus constantes ataques a los derechos humanos

La candidatura del Perú para ocupar la Secretaría General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha generado críticas de organizaciones internacionales debido al historial del país en materia de derechos humanos. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras entidades calificaron de "incompatible" la postura del Gobierno de Dina Boluarte con los principios fundamentales del organismo al que postula (OEA).

El comunicado llegó menos de 24 horas después que Perú presentara oficialmente la candidatura de la excanciller Ana María Sánchez a la Secretaría General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante un evento en Washington, la postulante expuso sus propuestas, las cuales fueron respaldadas por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, quien también acudió al evento.

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Al respecto, el CEJIL aclara que su posición nada tiene que ver con la capacidad de Sánchez para el puesto, sino con los antecedentes y problemas actuales del Estado peruano en materia de derechos humanos, una de las bases de la OEA.

"La presentación de una candidatura a un puesto de esta naturaleza debe ser coherente con las políticas nacionales e internacionales del Estado postulante, en particular con aquellas que promueven y protegen los principios que dicho cargo está llamado a defender", explicaron.

En ese sentido, la organización enumeró una serie de motivos por los cuales considera que el Estado peruano no reúne las condiciones morales ni políticas para asumir un cargo de tal relevancia en la OEA. La organización destacó que, lejos de mostrar avances, Perú ha registrado alarmantes retrocesos en materia de derechos humanos durante los últimos años, particularmente en contextos de crisis política y protesta social.

Criminalización de protestas

Entre los principales señalamientos figura el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades peruanas durante las manifestaciones contra Dina Boluarte. Tal como señala Cejill, según datos documentados por organizaciones nacionales e internacionales, más de 60 personas perdieron la vida en el marco de estas protestas, muchas de ellas como consecuencia de una represión excesiva por parte de las fuerzas del orden.

En ese marco, la entidad denunció la persistente criminalización de la protesta social en Perú, donde decenas de manifestantes y líderes sociales enfrentan procesos judiciales por ejercer su legítimo derecho a la manifestación. La organización también señaló la falta de avances concretos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, particularmente en casos de violencia policial y muertes ocurridas durante las movilizaciones.

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CEJIL pide a la OEA evaluar a detalle la candidatura de Perú

Por ello, resaltaron que la Secretaría General Adjunta de la OEA es un puesto de alta responsabilidad que requiere un compromiso irrestricto con los pilares fundamentales del organismo: la democracia, los derechos humanos, la seguridad jurídica y el desarrollo integral. CEJIL enfatizó que resulta contradictorio que un Estado cuyas acciones recientes han vulnerado sistemáticamente estos principios aspire ahora a un cargo de liderazgo dentro del mismo sistema que los promueve.

"Un cargo de esta naturaleza debe ser ocupado por Estados que demuestren un compromiso genuino con los derechos humanos, no por aquellos que los violan de manera recurrente", señaló la organización en su pronunciamiento. Asimismo, hizo un llamado a los Estados miembros de la OEA para que consideren cuidadosamente el historial de cada candidato antes de tomar una decisión en las próximas elecciones, previstas para junio de este año.