Una más del pacto corrupto

El archivo de las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte suma un nuevo capítulo al engranaje de protección política que ha marcado la relación entre el Ejecutivo y el Congreso durante el último quinquenio. La decisión expresa, una vez más, la continuidad de una maquinaria parlamentaria dedicada al blindaje, al reparto de cuotas de poder y a la administración de impunidad.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ratifica con esta actuación su papel dentro de ese engranaje. El archivo de denuncias se convierte, una vez más, en herramienta de preservación política. Con total desparpajo un expediente carente de sentido jurídico serio y diligente refuerza una práctica donde la correlación de fuerzas antidemocráticas defi ne el destino de acusaciones que merecen definición meramente judicial.

Sin embargo, este episodio también contiene una señal de otro signo: la respuesta ciudadana ya llegó a las urnas. El resultado electoral, con la salida de más del 70% de los actuales legisladores, representa un mensaje de sanción política frente a cinco años de blindajes, alianzas de conveniencia y uso instrumental de las instituciones.

Ese resultado constituye un mérito de la ciudadanía peruana. Millones de electores utilizaron el voto como herramienta de corrección democrática y marcaron distancia frente a un Congreso que convirtió la representación en plataforma de protección mutua. Allí emerge una afirmación que es poderosa: cuando las instituciones se encapsulan en sus propios intereses, la ciudadanía conserva la capacidad de reordenar el escenario político.

Por eso, este Congreso ya saliente actúa hoy bajo una lógica de cierre. Están contra el reloj. Sus últimas decisiones revelan la voluntad desesperada y torpe de consolidar acuerdos y asegurar resguardos antes del relevo. En ese sentido, el blindaje a la expresidenta sometida desde el inicio a ellos forma parte de esa secuencia.