Después del 3 de enero, por César Azabache Caracciolo

Hay muchas maneras de aproximarse a lo que pasó y a lo que está ocurriendo en Venezuela. Antes que nada, somos —o debemos ser— escuchas necesarios de testimonios que abundan en nuestro entorno: amigos y amigas, colegas, trabajadores, personas refugiadas que sienten y celebran que el último autor de sus peores pesadillas, Nicolás Maduro, haya finalmente perdido el poder. Escucharles en este momento, darle prioridad a lo que sienten, encierra toda una dimensión de encuentro que no debemos perder de vista ni pasar por alto.

Pero además, y por cuenta propia, somos testigos de la primera operación militar americana desarrollada en territorio latinoamericano desde Panamá, en 1989. Somos testigos de la segunda abducción de un dictador que termina puesto ante tribunales norteamericanos (el primero fue Noriega). Y somos testigos del primer ensayo de instalación de un gobierno explícitamente tutelado en América del Sur desde que esta parte del continente dejó de ser colonia española, en el siglo XIX.

Un gobierno bajo tutela norteamericana

La introducción en el hemisferio de esta forma de organizar un Estado sugiere el posible cierre de un ciclo en el que solo eran imaginables las misiones de Naciones Unidas (julio de 1991 en El Salvador y abril de 1994 en Guatemala) o la mediación de la OEA, reforzada por la Carta Democrática Interamericana desde septiembre de 2001.

Ninguno de estos esquemas está ahora sobre la mesa y eso sugiere la forma en que ambos sistemas, el de Naciones Unidas y el interamericano, han reducido su peso gravitacional en la región. La forma en que se perpetuó Maduro en Venezuela, pero también el despliegue del régimen de Ortega en Nicaragua, juegan en contra de la imagen de efectividad del sistema interamericano en el sostenimiento de las formas representativas de gobierno. La guerra en Ucrania y el genocidio de Gaza juegan en contra de la imagen de influencia de Naciones Unidas en la configuración actual del orden internacional.

¿Qué forma adoptará la cooperación internacional en un mundo en transformación si se consolida la instalación en Venezuela de un gobierno tutelado expresamente por el gobierno americano?

Las relaciones del Perú con la comunidad internacional se definieron sobre el eje de la cooperación desde que se instalaron las primeras reformas de los años noventa. Las agencias multilaterales —me refiero al Banco Mundial, al BID, al PNUD, a la AID y a la UE, entre otras— han tenido presencia en prácticamente todos los procesos de reforma impulsados desde que el Perú se reinsertó en el mercado internacional, en la primera parte de los años noventa. La lista de asuntos que han sido acompañados por la cooperación internacional en todos estos años incluye, en un extremo, iniciativas para la reforma de la justicia y la administración del Estado y, en el otro, programas de asistencia alimentaria y alfabetización, por ejemplo. Pero las agencias multilaterales y las embajadas de los gobiernos cooperantes han estado presentes también en todas las crisis institucionales registradas desde inicios de los años noventa, especialmente en momentos de tensión extrema como el golpe de 1992 o la caída del régimen de los años noventa. El último registro en esta larga historia de interacciones corresponde al comunicado de ocho embajadas (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania, Australia y México), publicado en septiembre de 2023, expresando consternación frente a los intentos del Congreso por desmontar a la anterior JNJ.

A partir de esa fecha, las tomas de postura públicas de las embajadas han perdido continuidad. En enero de 2025, el gobierno americano anunció un recorte unilateral de sus inversiones en cooperación internacional. A partir de entonces, el ambiente de la cooperación se ha ralentizado. Y esa ralentización ha abierto espacio para giros como la ley APCI, que autoriza sancionar a las ONG locales que usen fondos de cooperación en procesos que el gobierno de turno califique como contrarios a sus intereses.

El discurso soberanista ha sido prácticamente adoptado por una coalición que, al mismo tiempo, se declara contraria a la judicialización de casos sobre derechos humanos.

Pero ¿puede el soberanismo justificar un régimen basado en la tutela de un Estado sobre otro? Netanyahu en Israel y Santiago Abascal en España han celebrado la intervención norteamericana, pero sin mencionar la tutela anunciada. Antonio Tajani en Italia ha dejado en claro el respaldo del gobierno de Giorgia Meloni a la intervención del 3 de enero, pero no al uso de fuerzas militares en un operativo de este tipo. Marine Le Pen en Francia no ha hecho ninguna declaración pública sobre los sucesos del 3 de enero. Y aunque Venezuela es un Estado socio de la OPEP, ni la OPEP ni la mayoría de sus miembros (la excepción es Irán) han hecho declaraciones sobre los sucesos del 3 de enero o sobre el anuncio de la instalación de un gobierno tutelado en Venezuela.

Nuestros soberanistas podrían verse tentados a seguir las declaraciones de Javier Milei en Argentina, pero Milei tampoco ha hecho ningún comentario sobre el anuncio de la instalación de un gobierno tutelado en Venezuela. Tal vez, en la forma, el discurso detrás de lo que sigue adopte como más fiel la fórmula propuesta por Marco Rubio, conforme a la cual Estados Unidos no ejercerá “un gobierno directo” sobre Venezuela, y punto.

Un gobierno tutelado puede ser fácilmente encubierto en las formas por un discurso elusivo como el ensayado por Rubio. Pero las elusiones no pueden sostenerse por sí mismas por mucho tiempo. Al final, las elusiones terminan confrontadas con los hechos, más en un espacio en que los medios se mantienen atentos a lo que ocurre.

El modelo anunciado —una tutela política explícita en pleno siglo XXI— aún no ha sido puesto a prueba. Su desenlace, por ello, no puede asumirse como hecho de antemano.