Reforma fiscal debe gozar de legitimidad

La reforma del Ministerio Público constituye una tarea que ha sido postergada por años por el Estado peruano. Sin embargo, las decisiones que hoy se adoptan en su interior no tienen un efecto neutro sino que inciden directamente en la capacidad del Estado para perseguir delitos complejos y garantizar que la ley se aplique con igual rigor a ciudadanos y a quienes ejercen poder.

La obsolescencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, vigente desde 1981, explica parte de las tensiones actuales. Se trata de un marco normativo concebido para un modelo previo al sistema penal acusatorio y distante de la complejidad del crimen contemporáneo. Su adecuación al Nuevo Código Procesal Penal resulta indispensable para dotar de coherencia y eficiencia a la persecución penal. No obstante, la legitimidad de esa reforma no reside en solamente en invocación técnica, sino en la capacidad para fortalecer la investigación de delitos en contextos de alta sensibilidad política.

Bajo ese parámetro deben evaluarse las decisiones del titular interino de la Fiscalía de la Nación, Tomas Aladino galvez, que pretenden reorganizar los equipos especiales vinculados a Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, la Corrupción en el Poder y el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Al respecto, si bien se ha propuesto que las carpetas fiscales se integren a los subsistemas especializados, es insuficiente para disipar las preocupaciones institucionales de fondo.

Los equipos especiales surgieron como una respuesta concreta a una evidencia persistente: las estructuras ordinarias del Ministerio Público mostraron limitaciones para investigar redes de poder, corrupción sistémica y graves violaciones de derechos humanos. Su razón de ser descansó en la cohesión operativa, la especialización acumulada y una autonomía estratégica orientada a garantizar que la ley se aplique a todos.

El caso de Eficavip ilustra con particular claridad esta preocupación. La integración de sus investigaciones al subsistema de Derechos Humanos mantiene abiertos los procesos por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Pero, la desactivación del equipo especializado introduce una diferencia sustantiva entre la continuidad procesal formal y la fortaleza institucional real de las investigaciones.

Para las víctimas y sus familiares, esto es una mala señal. Se debilitan la consecución de sus casos.

Por ese motivo, la conducción interina del Ministerio Público exige prudencia y contención, sobre todo cuando sus decisiones afectan investigaciones sensibles en un contexto político crítico.