Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

El presupuesto público se solventa mayoritariamente por recaudación tributaria, es decir, el dinero que nosotros producimos. Por otro lado, la formulación del presupuesto público es una responsabilidad principal del gobierno, en otras palabras, del presidente José Jerí. Si bien es cierto que el Congreso debate y aprueba la Ley de Presupuesto, la iniciativa es del jefe de gobierno y su ministro de Economía.

Establecido este marco, la pregunta específica de este artículo es saber por qué el presidente y el Parlamento han decidido no incrementar el presupuesto de un programa exitoso y necesario como Beca 18.

Personalmente, he tenido el privilegio de conocer a centenares de becarios y becarias del programa Beca 18 y creo que es por ello, como contribuyente y ciudadano, que me resulta especialmente indignante que un programa nacional que ha sido bien manejado a lo largo de varios gobiernos sea ahora uno sin posibilidades de crecer en el 2026: ¿Responde la persistente postergación del acceso a la educación superior para los estudiantes más destacados del país a una decisión de carácter ideológico por parte del régimen actual?

No obstante, tampoco nos engañemos. Es claro que un programa de becas es insuficiente y que se requieren múltiples reformas en el sistema educativo para procurar mejores resultados que redunden en mejores niveles de desarrollo. Sin embargo, en una realidad en la cual tantos programas públicos carecen de un buen diseño o de una gestión eficiente, es inaceptable que la ideología de este gobierno quite oportunidades fundamentales a cerca de veinte mil jóvenes y sus familias.

Los egresados y actuales becarios son conscientes de lo transformador del programa en sus vidas. Por ello, me llena de emoción verlos organizándose y manifestándose en solidaridad con sus compañeros. Espero que sea mayor su organización y sus mensajes más directos y frecuentes; tal vez lleguen a ser tendencia para que la Presidencia los vea y piense mejor si quiere pasar a la historia como el presidente que canceló la esperanza de miles de jóvenes en el Perú.

beca 18

El recorte a la esperanza, por Gonzalo Rivera

Espero que sea mayor su organización y sus mensajes más directos y frecuentes; tal vez lleguen a ser tendencia para que la Presidencia los vea y piense mejor si quiere pasar a la historia como el presidente que canceló la esperanza de miles de jóvenes en el Perú.

El recorte a la esperanza, por Gonzalo Rivera hnews

La República

Recientemente, el abogado Gonzalo Flores Santana ha hecho pública una carta abierta a Mons. Jordi Bertomeu, fechada el 9 de diciembre de este año, se supone que para aclarar la información —o, mejor dicho, desinformación— que propaló InfoVaticana en su artículo del 25 de noviembre con el tendencioso título “El Vaticano pidió dinero a cambio de encubrir al Sodalicio en una investigación del FBI por lavado de activos”, basándose sobre un corte de audio de poco más de cinco minutos de una conversación sostenida por Mons. Bertomeu en la Nunciatura apostólica en Lima (Perú).

La grabación no autorizada por Bartomeu

En su carta, Gonzalo Flores admite que fue él quien subrepticiamente grabó la conversación, supuestamente «amparado en la ley, la jurisprudencia nacional e internacional y en un principio moral elemental que era protegerme de una amenaza, abuso o de cualquier acto ilícito que usted pudiere realizar en contra mía». Aun cuando la grabación en sí misma no constituye delito, sí lo es su difusión pública sin autorización de todos los participantes en el diálogo. Y evidentemente, Mons. Bertomeu no sólo no había dado su autorización, sino que ni siquiera sabía que ese audio existía.

La difusión no autorizada por Gonzalo Flores y el rol de Infovaticana

El mismo Flores se excusa, diciendo que ese audio «fue entregado sin mi conocimiento y [su] difusión fue hecha sin mi consentimiento». Si le creemos, eso no lo exime de responsabilidad, pues si no fue él quien entregó el audio, ¿quién lo hizo? Él, abogado representante de empresas del Sodalicio, ¿a quién le confió ese audio? ¿Quién traicionó su confianza, comunicándole el audio a los chacales de InfoVaticana, sin que a esa persona le importaran las posibles consecuencias judiciales y la pérdida de reputación que podrían acarrearle a Flores su publicación?

Otra hipótesis improbable es que alguien le robó el teléfono móvil, y daba la casualidad de que esa persona no sólo tenía interés en desprestigiar a Mons. Bertomeu, sino que ¡oh coincidencia! también tenía contactos en InfoVaticana.

La otra hipótesis posible es que Gonzalo Flores estaría mintiendo, y que efectivamente él le habría entregado el audio a InfoVaticana, pero después se habría arrepentido. Aun así, no habría podido evitar su publicación debido al periodismo mercenario que está acostumbrado a practicar el susodicho portal de noticias.

Una “carta abierta” a la confusión y difamación

Sea como sea, llama la atención que no exista ninguna carta de Gonzalo Flores a la redacción de InfoVaticana, quejándose por la publicación del audio no consentido y exigiendo que lo retiren de la red. Nada de eso. En su lugar, le envía a este mismo medio su carta abierta a Mons. Bertomeu, asumiendo la misma interpretación antojadiza que hace InfoVaticana y buscando embarrar aún más la reputación del Comisario liquidador del Sodalicio.

En su carta, Flores presenta sus interpretaciones de lo sucedido como si fueran los hechos mismos, tomando como fuente dimes y diretes, queriendo corroborar, mediante rumores, hechos que nunca describe ni detalla objetivamente. Por supuesto, no presenta pruebas de que las cosas ocurrieron tal como él las cuenta.

Más adelante en su misiva, Gonzalo Flores asevera, dirigiéndose a Mons. Bertomeu: «Nunca busqué el escándalo público, el cual repruebo. Ni promuevo ninguna campaña contra su persona. Hoy me pronuncio por la gravedad del tema y porque he visto mi honra dañada». Sin embargo, atribuye esto a los medios que buscan aclarar la verdad: «Sorprende la campaña que sus amigos vienen realizando en el portal Religión Digital y en La República, para intentar justificar sus graves actos».

La reputación cada día más maltrecha del Sodalicio y sus miembros

Flores Santana no ha entendido hasta ahora —o no quiere entender— que el perjuicio a su honra se acentúa a partir de la publicación por parte de InfoVaticana del audio que él mismo grabó. Parece pasar por alto que no nos hemos dado cuenta de que su nombre aparezca oficialmente vinculado a varias empresas relacionadas con el Sodalicio, las cuales presentarían indicios de delitos financieros o se habrían aprovechado ilegítimamente del Concordato entre el Estado Peruano y el Vaticano con el fin de lucrar. Esto, en sí, ya es una mancha&nbsp; en su reputación.

Flores acusa a Mons. Bertomeu de querer tomar «el control de bienes que pertenecían a instituciones civiles que no eran parte del Sodalicio». Pero obvia mencionar que algunos sodálites consagrados formaban parte del directorio de esas instituciones, y estaban obligados a guardar lo se estipula en las Constituciones del Sodalicio. Una de esas obligaciones de los consagrados era la “comunicación de bienes”, que los obligaba a poner prácticamente la totalidad de su patrimonio personal y los frutos de su trabajo al servicio de la comunidad, renunciando a todo provecho y enriquecimiento personal. Las ganancias generadas por esas instituciones terminaban beneficiando al Sodalicio mismo a través de los negocios “privados” de sus miembros.

Flores dice en un momento: «Tengo la conciencia limpia, soy un hombre católico, mis principios están por encima de mis conveniencias, la ley y el derecho me acompañan». Pero omite un dato importante: que él mismo era adherente sodálite, es decir, miembro del Sodalicio con vocación al matrimonio y con un compromiso de obediencia a las autoridades del Sodalicio en todo lo relativo a la vida espiritual y apostólica. No sólo debería saber que el hecho de ser católico no es actualmente garantía de comportamiento ético, sino también que todos quienes se pusieron del lado del Sodalicio y maltrataron a las víctimas, revictimizándolas, tenían ese sentimiento subjetivo de tener la conciencia limpia. Sentimiento que hasta el mismo Luis Fernando Figari dijo tener. En fin, si los principios de Flores son los mismos que los del Sodalicio, ya sabemos lo que valen.

Tampoco debe olvidar Gonzalo Flores que el hecho de ser sodálite, ya sea en el círculo íntimo como consagrado, ya sea en el círculo más externo como adherente, lleva a defender a la institución sin importar los medios ni las circunstancias. Y que en este ajedrez actual, a los capitostes del suprimido Sodalicio no les importa sacrificar a otro peón más con el fin de salvar a como dé lugar su corona.

Gonzalo Flores termina su carta a Mons. Bertomeu con estas palabras: «Espero que rinda cuenta de sus acciones y afronte con entereza sus responsabilidades, como correspondería a un sacerdote».

Yo quiero terminar este artículo con las mismas palabras, esta vez dirigidas a él: espero que rinda cuenta de sus acciones y afronte con entereza sus responsabilidades, como correspondería a un abogado honesto.

sodalicio

El lamento del abogado Gonzalo Flores Santana, representante legal del Sodalicio, por Martin Scheuch

Pedro P. Grández Castro. Profesor universitario-Constitucionalista

Hubo un tiempo en el que todo contenido cabía en la ley y la ley constituía la totalidad del Derecho existente. Bastaba que una norma fuera expresión de la soberanía parlamentaria para que se entendiera, sin mayor cuestionamiento, como manifestación de la voluntad popular. Desde Inglaterra, cuna del modelo de gobierno parlamentario, se difundió una frase atribuida al constitucionalista Albert V. Dicey (1835-1922), que resumía con crudeza la idea de la omnipotencia legislativa: “El Parlamento puede hacerlo todo, excepto convertir a una mujer en hombre y a un hombre en mujer”. En Francia, como lo ha señalado de manera magistral Gustavo Zagrebelsky, el poder absoluto de la monarquía fue sustituido, tras la Revolución de 1789, por “el poder absoluto de la Asamblea Nacional”. Bajo esta concepción, ley, derechos y justicia eran términos equivalentes.

La literatura jurídica que da cuenta del posterior “cambio de época” suele condensarse en la célebre formulación del jurista alemán Gustav Radbruch, conocida como la fórmula Radbruch. Según esta, “cuando la ley es insoportable por injusta, debe ceder ante la justicia, porque el Derecho extremadamente injusto no es Derecho” (1946). Cuánta injusticia puede soportar el Derecho positivado en la ley sigue siendo una cuestión debatida; sin embargo, existe hoy un amplio consenso: las leyes contrarias a los derechos humanos reconocidos en las constituciones y en los tratados internacionales no constituyen derecho válido.

La respuesta frente a la omnipotencia legislativa se implementó de manera progresiva en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Esta estrategia se estructuró sobre tres pilares fundamentales: i) la constitucionalización de los derechos humanos, situándolos fuera del alcance del legislador ordinario; ii) la creación de tribunales especializados en el control de constitucionalidad de las leyes —los tribunales constitucionales—; y iii) la habilitación de mecanismos directos de protección de los derechos fundamentales, como el habeas corpus y el amparo. La premisa era inequívoca: asignar a los jueces un papel central en el control de la validez de las leyes y en la tutela última de los derechos.

Con todo, el riesgo de la adopción de leyes contrarias a los derechos humanos no ha desaparecido. En el contexto actual, el autoritarismo legislativo pone a prueba tanto los mecanismos de control como la independencia del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. La reciente Ley 32107 pretende excluir del proceso penal a militares y policías procesados por graves violaciones a los derechos humanos. Un antecedente cercano se encuentra en el Decreto Legislativo 1097, emitido en 2010, que introdujo medidas procesales orientadas a “favorecer” a personas investigadas por este tipo de delitos. Incluso las detenciones preventivas ordenadas judicialmente quedaban a cargo de la institución militar o policial de pertenencia del imputado.

En materia de prescripción, se insistía en aplicar la ley penal vigente al momento de los hechos, con el propósito evidente de impedir el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, se afirmaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad regía para el Perú únicamente desde el 9 de noviembre de 2003, excluyendo deliberadamente las violaciones cometidas con anterioridad. En este extremo, la norma resultaba sustancialmente análoga a la actual Ley 32107.

El Tribunal Constitucional de entonces examinó la prescriptibilidad de estos delitos interpretando el derecho interno de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. En coherencia con su jurisprudencia, situó en el centro del análisis el derecho a la verdad, que no solo protege a las víctimas, sino que, en su dimensión objetiva, permite a la sociedad conocer los niveles de degradación a los que se puede llegar mediante el uso de la fuerza pública o la acción de organizaciones criminales. De acuerdo con el Tribunal, las leyes que buscan sustraer estos hechos del control judicial privan a la sociedad de conocer lo ocurrido y de fortalecer las condiciones mínimas de una democracia auténtica (STC 0024-2010-PI, fundamento 59).

Precisamente por la claridad y coherencia de estos argumentos, resulta llamativo el giro adoptado por la actual mayoría del Tribunal Constitucional en su reciente pronunciamiento sobre la Ley 32107. Pese a la existencia de un precedente inequívoco, la mayoría del Tribunal omite justificar el cambio de criterio y sostiene, de manera poco transparente, que no existe identidad entre los casos de 2011 y el actual. Sin embargo, el problema jurídico de fondo —la prescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos— compromete directamente la ratio decidendi del precedente en cuestión.

Sobre esta base imprecisa, la sentencia añade que en el pronunciamiento anterior se habría concluido en la retroactividad de la imprescriptibilidad, es decir, el TC habría violado la Constitución parece sugerir, lo que no se corresponde con el razonamiento desarrollado, orientado a la interpretación conforme del derecho interno a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

En la forma y en el fondo, la decisión de la actual mayoría en el TC, revela pasajes que denotan no solo falta de rigor, sino también una preocupante deslealtad con los principios de la justicia, del derecho internacional y con la ética exigible a tan alta magistratura. Así, al invocar el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referido al principio de legalidad, se omite deliberadamente su inciso segundo, que autoriza el juzgamiento de conductas que, al momento de cometerse, eran delictivas conforme a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Las leyes “extremadamente injustas” constituyen un riesgo permanente en las sociedades contemporáneas. Por ello, las constituciones de la post guerra han creado instancias de control judicial de la ley a cargo de los tribunales constitucionales. No obstante, cuando los mecanismos diseñados para contener al legislador desbordado fracasan, corresponde a los jueces del Poder Judicial, en un sistema de pesos y contrapesos, hacer respetar las obligaciones internacionales del Estado y reivindicar la fuerza vinculante de los derechos humanos como derecho supremo de los Estados constitucionales.

El autoritarismo legislativo pone a prueba el sistema de justicia

Pedro Grández: Sobre leyes “extremadamente injustas” y controles poco exigentes

En el Perú, los eventos climáticos extremos representados en el aumento de temperaturas y grandes períodos de sequías han propiciado el escenario idóneo para la generación de incendios forestales cada vez más difíciles de controlar, convirtiéndose en una amenaza creciente para la seguridad ambiental, la salud pública y la solución rural.

Según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en los últimos cinco años se han registrado más de 40 000 incendios en el país, afectando más de un millón de hectáreas de bosques, pastizales y áreas agrícolas. Las regiones más impactadas han sido Cusco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

Junto a los impactos ambientales, los incendios representan una pérdida significativa para las comunidades rurales: degradan suelos, reducen la productividad agrícola, afectan fuentes de agua y ponen en riesgo los medios de vida de miles de familias. Además, generan emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad, contribuyendo a agravar los efectos del cambio climático.

El fuego puede dejar de ser una amenaza y convertirse en una herramienta si se gestiona con conocimiento y responsabilidad. Para ello, el Manejo Integral del Fuego (MIF) surge como una respuesta culturalmente pertinente y científicamente sólida para enfrentar este desafío. Combina la ciencia, la ecología del fuego, la cultura del fuego y el manejo del fuego. Esto permite avanzar desde una lógica reactiva hacia un enfoque preventivo, comunitario y territorial que protege vidas, ecosistemas y medios de subsistencia.

En esta línea, el Gobierno del Perú ha emprendido pasos importantes. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), establece un marco de acción coordinado entre más de quince entidades públicas y los gobiernos regionales para abordar esta línea de trabajo.

De manera complementaria, el Congreso aprobó recientemente la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que entrará en vigencia en los próximos meses. Esta norma busca consolidar un Sistema Nacional de Manejo Integral del Fuego, promoviendo la cooperación intersectorial y fortaleciendo la respuesta técnica a nivel territorial.

En este proceso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda asistencia técnica al país a través de dos iniciativas complementarias: el proyecto FiRe,&nbsp;Fortalecimiento de la Resiliencia ante el Riesgo de Incendios Forestales&nbsp;(cofinanciado por FAO y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE), y el&nbsp;Global Fire Management Hub&nbsp;(apoyado por el Gobierno de Canadá). Ambos proyectos buscan fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y comunitarias del país para reducir los riesgos e impactos de los incendios forestales.

El proyecto FiRe nace como un catalizador para sensibilizar y promover el Manejo Integral del Fuego en Perú y otros tres países sudamericanos, con el fin de integrarlo en las agendas públicas y en la institucionalidad de las cuatro naciones.

A nivel nacional, sus acciones se concentran en Cusco (Challabamba – Paucartambo) y San Martín (Huicungo – Parque Nacional Río Abiseo), donde se promueve la elaboración de diagnósticos, la formación de brigadas locales, la capacitación técnica y la sensibilización de comunidades sobre prácticas seguras y sostenibles. Además, el proyecto impulsa la construcción de una Hoja de Ruta Nacional de Manejo Integral del Fuego, alineada al Plan Multisectorial, con participación de todas las instituciones competentes.

Por su parte, el&nbsp;Global Fire Management Hub&nbsp;refuerza el trabajo de la FAO mediante asistencia técnica, intercambio de información y articulación regional. En el caso peruano, el Fire Hub apoya la mejora de los sistemas de monitoreo, alerta temprana y gestión de datos; promueve espacios de diálogo técnico interinstitucional y difunde buenas prácticas para fortalecer las capacidades nacionales y locales. Asimismo, facilita el intercambio de experiencias entre los países andinos y amazónicos, fomentando la cooperación Sur-Sur para enfrentar de manera conjunta los desafíos del fuego en paisajes compartidos.

Mirando hacia el futuro, el reto será consolidar los avances institucionales y asegurar la sostenibilidad de las acciones. Esto implica fortalecer la articulación entre múltiples sectores y actores, seguir fortaleciendo el MIF dentro de las políticas nacionales, ampliar los programas de capacitación y restauración y garantizar recursos permanentes para la gestión del riesgo.

La labor conjunta del Estado peruano, la FAO y sus socios de cooperación demuestra que es posible avanzar hacia un país más preparado y resiliente, protegiendo los medios de vida, los ecosistemas y las generaciones futuras.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO en Perú

Mariana Escobar

Conviviendo con el fuego: una nueva mirada desde el Perú rural, por Mariana Escobar

En el principio de la democracia, los partidos políticos fueron concebidos como estructuras de representación, fuente de debate ideológico, formación de cuadros y participación en las instituciones del Estado.&nbsp; Hoy, en pleno siglo XX estamos viendo que en buena parte las Américas, las organizaciones políticas han colapsado o están crujiendo, porque se han convertido meramente en vehículos electoreros, sin estructura, con poca vida interna y una gran confusión ideológica… cuando la tienen.

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de algunos países.&nbsp; Por el contrario, pareciera que se contagia o multiplica y está presente en gran parte del continente.&nbsp; Lo peor, es que se camina por un sendero en el que no se va en dirección de corregir, sino se observa que la enfermedad avanza, como si de un cáncer terminal se tratara.

Guatemala, este país que tanto amo, es un buen ejemplo.&nbsp; En 1985 se retomó la vía democrática tras casi tres décadas de regímenes militares y desde entonces se han sucedido diez presidentes electos popularmente, cada uno, representando a un partido diferente.&nbsp; De esos diez partidos, solamente tres siguen vigentes y los demás se han extinguido en el tiempo por su falta de consistencia.

A mi buen entender, un partido político debiera reunir ciertas características básicas: ideología clara y coherente; democracia interna que provoque participación, debate y selección de los mejores líderes, formación de cuadros, arraigo social, financiamiento transparente, ética anticorrupción, respeto al Estado de Derecho y compromiso con la población, entre otras cualidades.

En el caso de Guatemala, unos pocos tuvieron alguna de esas características, pero ninguno de los que llegaron a gobernar tenía, al menos, la mayoría de ellas.&nbsp; Guatemala sigue siendo un país con una democracia tambaleante que no responde a las necesidades de la población.&nbsp; Por eso sus elevados índices de pobreza, desnutrición, salud y educación, con una infraestructura mediocre o mala.

Además, la corrupción, los intereses de grupo, el clientelismo, la falta de planificación y la confrontación social, a veces fomentada por las “castas políticas”, hacen que cada cuatro años haya elecciones, se cambie de Gobierno y partido político, pero las cosas de fondo siguen igual.&nbsp; Si mucho, el estilo de la corruptela, de los abusos o del populismo, varía de acuerdo con el talante y personalidad del gobernante.

Pero no es difícil comprobar que, con matices diferentes, el problema está presente en muchos países y el sistema democrático sufre, con efectos que impactan en los pueblos de aquí, allá o acullá.

Veamos.&nbsp; En el pequeño El Salvador se derrumbó un bipartidismo que surgió tras la guerra interna que vivió ese país centroamericano.&nbsp; Los partidos Arena y FMLN se sucedieron con alternancia, pero con el mismo resultado: corrupción e ineficiencia.&nbsp; El fracaso de estos partidos políticos agotó la paciencia de un pueblo frustrado en sus aspiraciones, hasta abrir las puertas para el surgimiento de un autoritarismo que ofrece un cambio sí, pero con falta de libertades democráticas. Un remedio que calma el dolor, pero no termina el mal.

En Perú se puede palpar casi de manera constante el fracaso de los partidos políticos y la ingobernabilidad se ha enraizado. Sin partidos políticos sólidos, los presidentes llegan al poder sin base de respaldo real, sostenidos por alianzas frágiles que se rompen una y otra vez, siempre por los intereses particulares o de grupúsculos de poder.

El caso de Venezuela es lo mismo.&nbsp; Fracasaron los partidos tradicionales y abrieron las puertas a un líder autoritario, Hugo Chávez.&nbsp; Desde entonces, el régimen chavista pretende controlar el país sin permitir que haya nuevos partidos fuertes.&nbsp; Lo que hay son movimientos para promover el cambio, pero no partidos políticos.&nbsp; En parte es porque no se permite libremente que funcione la oposición.&nbsp; Todos sabemos que Nicolás Maduro atraviesa momentos difíciles, porque el pueblo quiere democracia.&nbsp; Ojalá que en el renacer venezolano haya partidos con las características básicas.

Incluso en Estados Unidos, reconocido como la “cuna” de la democracia en América, estamos viendo que tanto demócratas como republicanos empieza a dar síntomas de agotamiento institucional.&nbsp; Curiosamente es más notorio en el bando republicano, en donde ha surgido el movimiento conocido como MAGA, que son fanáticos seguidores de Donald Trump, por encima del propio partido.

El hilo conductor en estos y casi todos los países, es el mismo.&nbsp; Para que haya una democracia sólida es necesario tener partidos políticos igualmente sólidos.&nbsp; De lo contrario veremos que la historia se repite, que la democracia no trae la estabilidad, paz y desarrollo que los pueblos necesitan, no porque el sistema no funcione, sino porque no funcionan sus políticos… ya sean los partidos o sus líderes.

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