Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

*Carla Mares, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP

La regulación en torno a la MAPE sigue sin resolverse. Y mientras en la Comisión de Energía y Minas del Congreso se debatía la posibilidad de prorrogar el REINFO hasta el 2029, varios expertos analizaban este tema en la Universidad del Pacífico desde múltiples perspectivas. Sus conclusiones técnicas fueron contundentes: no es viable extender el REINFO ni mantener una regulación que, a la fecha, blinda la minería ilegal y la criminalidad asociada a esta.

Uno de los argumentos más utilizados para justificar la prórroga del REINFO es la supuesta protección del derecho al trabajo de miles de mineros artesanales. Sin embargo, esto constituye una falacia que merece ser desmontada. Las condiciones en que estos trabajadores operan distan mucho de configurar un trabajo en sentido estricto. El trabajo digno implica condiciones que respeten la integridad, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, aspectos ausentes en la MAPE informal.

Más aún, esta actividad atenta gravemente contra la salud pública y el medio ambiente. El uso indiscriminado de mercurio contamina ríos y suelos, afectando a comunidades enteras. La deforestación masiva destruye ecosistemas de manera irreparable. Los metales pesados ingresan a la cadena alimenticia, generando problemas de salud crónicos. Por tanto, el defender estas prácticas como "derecho al trabajo" ignora el daño colateral que sufren miles de peruanos.

Los expertos coincidieron en que se requiere una estrategia integral: acciones de interdicción con inteligencia; formalización dentro de plazos estrictos; trazabilidad del oro; alternativas económicas de desarrollo; articulación interinstitucional; cooperación transfronteriza; y presencia estatal efectiva, con desalojo y restitución de concesiones.

El desafío es claro: construir un marco normativo que promueva la formalización real sin perpetuar la ilegalidad.

Carla Mares

La MAPE y el falso dilema del REINFO, por Carla Mares

Los expertos coincidieron en que se requiere una estrategia integral

La MAPE y el falso dilema del REINFO, por Carla Mares hnews

La República

En el Perú, los eventos climáticos extremos representados en el aumento de temperaturas y grandes períodos de sequías han propiciado el escenario idóneo para la generación de incendios forestales cada vez más difíciles de controlar, convirtiéndose en una amenaza creciente para la seguridad ambiental, la salud pública y la solución rural.

Según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en los últimos cinco años se han registrado más de 40 000 incendios en el país, afectando más de un millón de hectáreas de bosques, pastizales y áreas agrícolas. Las regiones más impactadas han sido Cusco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

Junto a los impactos ambientales, los incendios representan una pérdida significativa para las comunidades rurales: degradan suelos, reducen la productividad agrícola, afectan fuentes de agua y ponen en riesgo los medios de vida de miles de familias. Además, generan emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad, contribuyendo a agravar los efectos del cambio climático.

El fuego puede dejar de ser una amenaza y convertirse en una herramienta si se gestiona con conocimiento y responsabilidad. Para ello, el Manejo Integral del Fuego (MIF) surge como una respuesta culturalmente pertinente y científicamente sólida para enfrentar este desafío. Combina la ciencia, la ecología del fuego, la cultura del fuego y el manejo del fuego. Esto permite avanzar desde una lógica reactiva hacia un enfoque preventivo, comunitario y territorial que protege vidas, ecosistemas y medios de subsistencia.

En esta línea, el Gobierno del Perú ha emprendido pasos importantes. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), establece un marco de acción coordinado entre más de quince entidades públicas y los gobiernos regionales para abordar esta línea de trabajo.

De manera complementaria, el Congreso aprobó recientemente la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que entrará en vigencia en los próximos meses. Esta norma busca consolidar un Sistema Nacional de Manejo Integral del Fuego, promoviendo la cooperación intersectorial y fortaleciendo la respuesta técnica a nivel territorial.

En este proceso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda asistencia técnica al país a través de dos iniciativas complementarias: el proyecto FiRe,&nbsp;Fortalecimiento de la Resiliencia ante el Riesgo de Incendios Forestales&nbsp;(cofinanciado por FAO y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE), y el&nbsp;Global Fire Management Hub&nbsp;(apoyado por el Gobierno de Canadá). Ambos proyectos buscan fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y comunitarias del país para reducir los riesgos e impactos de los incendios forestales.

El proyecto FiRe nace como un catalizador para sensibilizar y promover el Manejo Integral del Fuego en Perú y otros tres países sudamericanos, con el fin de integrarlo en las agendas públicas y en la institucionalidad de las cuatro naciones.

A nivel nacional, sus acciones se concentran en Cusco (Challabamba – Paucartambo) y San Martín (Huicungo – Parque Nacional Río Abiseo), donde se promueve la elaboración de diagnósticos, la formación de brigadas locales, la capacitación técnica y la sensibilización de comunidades sobre prácticas seguras y sostenibles. Además, el proyecto impulsa la construcción de una Hoja de Ruta Nacional de Manejo Integral del Fuego, alineada al Plan Multisectorial, con participación de todas las instituciones competentes.

Por su parte, el&nbsp;Global Fire Management Hub&nbsp;refuerza el trabajo de la FAO mediante asistencia técnica, intercambio de información y articulación regional. En el caso peruano, el Fire Hub apoya la mejora de los sistemas de monitoreo, alerta temprana y gestión de datos; promueve espacios de diálogo técnico interinstitucional y difunde buenas prácticas para fortalecer las capacidades nacionales y locales. Asimismo, facilita el intercambio de experiencias entre los países andinos y amazónicos, fomentando la cooperación Sur-Sur para enfrentar de manera conjunta los desafíos del fuego en paisajes compartidos.

Mirando hacia el futuro, el reto será consolidar los avances institucionales y asegurar la sostenibilidad de las acciones. Esto implica fortalecer la articulación entre múltiples sectores y actores, seguir fortaleciendo el MIF dentro de las políticas nacionales, ampliar los programas de capacitación y restauración y garantizar recursos permanentes para la gestión del riesgo.

La labor conjunta del Estado peruano, la FAO y sus socios de cooperación demuestra que es posible avanzar hacia un país más preparado y resiliente, protegiendo los medios de vida, los ecosistemas y las generaciones futuras.

* Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO en Perú

Mariana Escobar

Conviviendo con el fuego: una nueva mirada desde el Perú rural, por Mariana Escobar

En el principio de la democracia, los partidos políticos fueron concebidos como estructuras de representación, fuente de debate ideológico, formación de cuadros y participación en las instituciones del Estado.&nbsp; Hoy, en pleno siglo XX estamos viendo que en buena parte las Américas, las organizaciones políticas han colapsado o están crujiendo, porque se han convertido meramente en vehículos electoreros, sin estructura, con poca vida interna y una gran confusión ideológica… cuando la tienen.

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de algunos países.&nbsp; Por el contrario, pareciera que se contagia o multiplica y está presente en gran parte del continente.&nbsp; Lo peor, es que se camina por un sendero en el que no se va en dirección de corregir, sino se observa que la enfermedad avanza, como si de un cáncer terminal se tratara.

Guatemala, este país que tanto amo, es un buen ejemplo.&nbsp; En 1985 se retomó la vía democrática tras casi tres décadas de regímenes militares y desde entonces se han sucedido diez presidentes electos popularmente, cada uno, representando a un partido diferente.&nbsp; De esos diez partidos, solamente tres siguen vigentes y los demás se han extinguido en el tiempo por su falta de consistencia.

A mi buen entender, un partido político debiera reunir ciertas características básicas: ideología clara y coherente; democracia interna que provoque participación, debate y selección de los mejores líderes, formación de cuadros, arraigo social, financiamiento transparente, ética anticorrupción, respeto al Estado de Derecho y compromiso con la población, entre otras cualidades.

En el caso de Guatemala, unos pocos tuvieron alguna de esas características, pero ninguno de los que llegaron a gobernar tenía, al menos, la mayoría de ellas.&nbsp; Guatemala sigue siendo un país con una democracia tambaleante que no responde a las necesidades de la población.&nbsp; Por eso sus elevados índices de pobreza, desnutrición, salud y educación, con una infraestructura mediocre o mala.

Además, la corrupción, los intereses de grupo, el clientelismo, la falta de planificación y la confrontación social, a veces fomentada por las “castas políticas”, hacen que cada cuatro años haya elecciones, se cambie de Gobierno y partido político, pero las cosas de fondo siguen igual.&nbsp; Si mucho, el estilo de la corruptela, de los abusos o del populismo, varía de acuerdo con el talante y personalidad del gobernante.

Pero no es difícil comprobar que, con matices diferentes, el problema está presente en muchos países y el sistema democrático sufre, con efectos que impactan en los pueblos de aquí, allá o acullá.

Veamos.&nbsp; En el pequeño El Salvador se derrumbó un bipartidismo que surgió tras la guerra interna que vivió ese país centroamericano.&nbsp; Los partidos Arena y FMLN se sucedieron con alternancia, pero con el mismo resultado: corrupción e ineficiencia.&nbsp; El fracaso de estos partidos políticos agotó la paciencia de un pueblo frustrado en sus aspiraciones, hasta abrir las puertas para el surgimiento de un autoritarismo que ofrece un cambio sí, pero con falta de libertades democráticas. Un remedio que calma el dolor, pero no termina el mal.

En Perú se puede palpar casi de manera constante el fracaso de los partidos políticos y la ingobernabilidad se ha enraizado. Sin partidos políticos sólidos, los presidentes llegan al poder sin base de respaldo real, sostenidos por alianzas frágiles que se rompen una y otra vez, siempre por los intereses particulares o de grupúsculos de poder.

El caso de Venezuela es lo mismo.&nbsp; Fracasaron los partidos tradicionales y abrieron las puertas a un líder autoritario, Hugo Chávez.&nbsp; Desde entonces, el régimen chavista pretende controlar el país sin permitir que haya nuevos partidos fuertes.&nbsp; Lo que hay son movimientos para promover el cambio, pero no partidos políticos.&nbsp; En parte es porque no se permite libremente que funcione la oposición.&nbsp; Todos sabemos que Nicolás Maduro atraviesa momentos difíciles, porque el pueblo quiere democracia.&nbsp; Ojalá que en el renacer venezolano haya partidos con las características básicas.

Incluso en Estados Unidos, reconocido como la “cuna” de la democracia en América, estamos viendo que tanto demócratas como republicanos empieza a dar síntomas de agotamiento institucional.&nbsp; Curiosamente es más notorio en el bando republicano, en donde ha surgido el movimiento conocido como MAGA, que son fanáticos seguidores de Donald Trump, por encima del propio partido.

El hilo conductor en estos y casi todos los países, es el mismo.&nbsp; Para que haya una democracia sólida es necesario tener partidos políticos igualmente sólidos.&nbsp; De lo contrario veremos que la historia se repite, que la democracia no trae la estabilidad, paz y desarrollo que los pueblos necesitan, no porque el sistema no funcione, sino porque no funcionan sus políticos… ya sean los partidos o sus líderes.

Gonzalo Marroquín

El peligro tras los partidos políticos, por Gonzalo Marroquín

Pedro P. Grández Castro. Profesor Universitario - Constitucionalista

El constitucionalista español Luis López Guerra se encuentra en nuestro país invitado a la Feria Ricardo Palma, donde presentará su reciente libro Constitución, ingeniería constitucional, jueces y tribunales (Palestra Europa, 2025). El profesor López Guerra es uno de los más destacados representantes de la generación de juristas de la transición democrática española. Doctorado en la Universidad Complutense, fue nombrado catedrático antes de cumplir los treinta años y, a lo largo de una trayectoria excepcional, ha ejercido los más altos cargos institucionales en España y la Unión Europea: vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, vicepresidente del Tribunal Constitucional y, hasta hace poco, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su libro recoge, por tanto, no sólo la reflexión del jurista, sino también la experiencia del juez y del político de los años más significativos de la transición, pues fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El término “ingeniería constitucional”, utilizado inicialmente por la ciencia política y hoy retomado por el Derecho Constitucional, alude al análisis del diseño de las instituciones, su adecuación al contexto y la importancia de evitar la simple trasplantación de modelos que, finalmente, no resuelven los problemas que pretendían enfrentar. Esta disciplina examina alternativas en diversos ámbitos: desde la configuración de los derechos fundamentales —cuyo lenguaje se ha replicado casi literalmente en la mayoría de Constituciones democráticas— hasta los sistemas electorales, la organización territorial y, por supuesto, la estructura y funcionamiento de la justicia. La ingeniería constitucional es, así, un campo de creciente interés para el constitucionalismo comparado.

Dada la amplia experiencia del profesor López Guerra en el ámbito de las instituciones de justicia, resulta pertinente revisar algunos de sus planteamientos en un contexto como el nuestro, donde el sistema judicial requiere reformas urgentes orientadas a fortalecer su papel en el equilibrio de poderes. El punto de partida para cualquier diseño constitucional adecuado es la idea de Constitución como pacto orientado a objetivos compartidos. López Guerra rescata la imagen de la Constitución como un “pacto político para la integración”, así como la relevancia que adquieren hoy los tribunales constitucionales.

En efecto, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales poseen un protagonismo creciente. López Guerra dedica buena parte de su análisis al papel que estos tribunales están llamados a desempeñar y a los riesgos que enfrentan en el equilibrio de poderes. Según su diagnóstico, el problema ya no es la tradicional objeción a su legitimidad para revisar la “ley democrática”, sino la necesidad de diseñar herramientas que garanticen que, en los procesos de selección y en su funcionamiento cotidiano, actúen “como auténticos guardianes de la Constitución y no como instrumentos para que, bien las mayorías sorteen esa supremacía, bien las minorías ganen en sede jurisdiccional lo que perdieron en sede electoral”. Se trata, por tanto, de prever un diseño institucional que evite la captura de los tribunales y asegure que cumplan la función para la cual fueron creados: preservar la dignidad humana y limitar el poder frente a cualquier forma de abuso.

Las fórmulas que propone López Guerra para reforzar la independencia e imparcialidad de la jurisdicción constitucional van desde impedir el copamiento partidario durante la elección parlamentaria, extender la duración de los mandatos, establecer mecanismos de renovación escalonada y prohibir los juicios políticos que pueden convertirse en formas de presión sobre los magistrados. Todas estas medidas presuponen, sin embargo, un contexto de democracia razonablemente estable. En nuestra experiencia, las mayorías calificadas —que en otros sistemas actúan como garantía— han mostrado que también pueden incentivar negociaciones opacas y compromisos que ponen en riesgo la independencia de los jueces constitucionales desde su propia designación.

Un capítulo especialmente relevante en la “ingeniería constitucional de la justicia” es el relativo a las relaciones entre democracia y tribunales, incluyendo tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional (TC). El panorama peruano se vuelve más complejo si se considera que los jueces del Poder Judicial son también jueces constitucionales, con facultades equiparables a las del propio TC, tanto en el control de la ley como en la protección de los derechos.

La tendencia que observamos, en un escenario de creciente centralización del poder en el Congreso, es que el TC exhibe cada vez más incentivos para alinearse con el legislador, debilitando así su rol como poder de control. El resultado es previsible: el Poder Judicial comienza a ser objeto de interferencias en sus funciones de garantía de derechos y fiscalización del poder. El uso del proceso competencial o la remisión de decisiones del TC a instancias disciplinarias para investigar a jueces son muestras de una confrontación que está deteriorando el sistema de justicia en su conjunto.

El libro de López Guerra aparece, pues, en un momento oportuno. La ingeniería constitucional orientada a fortalecer el sistema de justicia debe asumirse como una tarea prioritaria, y debería emprenderse sin demora por el próximo Congreso. Aunque existen un conjunto de proyectos en debate, el actual Parlamento —inmerso ya en una campaña electoral anticipada— carece de la legitimidad mínima necesaria para impulsar enmiendas constitucionales de esta magnitud, que requieren solidez técnica y un mínimo de credibilidad ciudadana de la que, lamentablemente, carece el actual parlamento.

Ingeniería constitucional para reformar la justicia

Pedro Grández: Ingeniería constitucional de la Justicia

Vivimos en el tiempo de la posverdad. Emoción contra razón. Repeticiones insistentes como criterio de verdad. En este contexto, asistimos a la última temporada de esta larga saga que nos ofrecen los siempre creativos de “Producciones Sodalicio”. Esta organización católica suprimida por falso carisma y métodos sectarios, fundada en 1971 por el laico limeño Luis Fernando Figari, intenta llenar el horizonte con sus mentiras para no tener que rendir cuentas al Vaticano ni a los sobrevivientes del Sodalicio.

Hasta el 2015, la economía del Sodalicio navegó por aguas muy profundas. Sus nueve cementerios de lujo de “El Parque del Recuerdo” gozaban del aura de respetabilidad que solo la Iglesia Católica puede ofrecer en un país tan católico como Perú. Sus offshores (la primera fundada por Baertl, con sentido de humor “fino”, la llamó PUSAN, pues la Iglesia es ‘meretriz’ y santa para el refinado teólogo) funcionaban viento en popa desde Panamá ylas lslas Vírgenes Británicas, revirtiendo a sus negocios en Perú una plata originada presuntamente como “non profit”.

Entre 2016 y 2018, trasladaría los offshores a Denver, Colorado,Estados Unidos, tal y como hemos publicado en “LA REPUBLICA”. Sus libros contables y corporativos nunca pasaron por los organismos tributarios peruanos pues este holding empresarial, al amparo del Concordato de 1980, fue concebido por juristas y canonistas avispados como una “isla tributaria”: el sueño húmedo de todo empresario.

<h2>La estrategia de la desinformación</h2>

Todo iba bien hasta la publicación de “Mitad monjes, Mitad soldados” en el 2015. La denuncia de Pedro Salinas y quien escribe, no solo apuntaba a los abusos sexuales, físicos, psicológicos y espirituales cometidos dentro del Sodalicio. A partir de indicios fehacientes, en “La república” hemos publicado desde 2016 el manejo económico de esta suprimida organización bajo el paraguas del Concordato.

Como respuesta a esta crisis de reputación, el Sodalicio emprendió una estrategia de desinformación: polarizar desde su condición de empresa católica (todo ataque tendría su origen en los otros “los caviares” sean peruanos o extranjeros); repetir una y otra vez que su culpabilidad nunca ha sido probada (en un país donde es fácil jugar en los tribunales con las cartas marcadas); insertar una historia más o menos coherente, aunque vaga y fragmentaria, sobre el carácter no lucrativo de sus empresas (sin presentar nunca un balance completo de sus proyectos caritativos); afirmar controles externos de expertos imparciales, aunque estos técnicos solo ofrecen una presentación contable a partir de muestras, pero no controlan la gestión del negocio ni buscan irregularidades.

<h2>La última jugada</h2>

Esta estrategia de desinformación funcionó bastante bien mientras el Sodalicio jugaba única y exclusivamente en la liga peruana. Hasta que entró el Vaticano a partir de la “misión especial Scicluna-Bertomeu” enviada por el Papa Francisco a Perú tras el encuentro con quien escribe, el 10 de noviembre de 2022.

¿Cómo presentarse como grupo católico y atacar, a la vez, al Papa y a sus enviados? Las jugadas del Sodalicio han sido cada vez más arriesgadas en este sentido: intentar desprestigiar la misión especial con difamaciones, rumores o, directamente, con afirmaciones reñidas con la verdad más evidente. La última de ellas, la que están intentando posicionar con la ayuda de la española “Infovaticana” de Javier Tebas Llanas, es ya un evidente pastiche y, según se mire, un boomerang.

Según “Sodalicio Productions”, el Vaticano, a través de monseñor Jordi Bertomeu, les habría pedido dinero a cambio de no entregar información a las autoridades judiciales en Estados Unidos. Un insulto a la inteligencia de cualquier lector medio. El Sodalicio nunca ha defraudado a los que esperan su último movimiento desinformativo, pero esta vez se han superado en la capacidad de sobrepasar sus propios límites éticos.

<h2>Baertl en la Nunciatura de Lima</h2>

Este nuevo capítulo del sainete aún en curso empieza en la Nunciatura Apostólica el 4 de febrero de 2025. Gracias al inefable Bermúdez, el que quiere morir sodálite, el propagandista del régimen de terror que instauró Figari, hemos sabido que el sacerdote Jaime Baertl Gómez fue convocado a la Nunciatura por Monseñor Jordi Bertomeu para, en nombre del Vaticano, recibir una petición: ser honesto y justo ni que fuera por primera vez en su vida. El Comisario que entonces acompañaba la supresión del Sodalicio, tras señalarle que el Vaticano había detectado indicios de graves irregularidades económicas en las empresas del Sodalicio, habría apelado a la condición sacerdotal de Baertl y a su conciencia para que esta sociedad de vida apostólica, acusada de múltiples abusos, reparase de una vez a sus víctimas. Haciendo ello, obtendrían un parecer positivo de la Santa Sede cuando ésta, en un futuro próximo, trasladase los libros económicos del Sodalicio a los tribunales en Estados Unidos tras completar el estudio de la documentación.

<h2>En la estela de Montesinos</h2>

Baertl, con la proverbial audacia y soberbia con la que se ha movido siempre, cuando supo que Bertomeu también convocó al canonista Gonzalo Flores Santana (miembro de las empresas del Sodalicio y de la offshore Fundación Santa Rosa), habría decidido jugarlo todo a una última carta: continuando con la estrategia (ya fallida) de la desinformación, intentar desprestigiar a Bertomeu, a Scicluna, a la justicia vaticana y, como no, al Papa Francisco. Con un poco de manipulación e intoxicación de la opinión pública, quizás podrían convertir en una especie de “extorsión’’ una legítima invitación del Vaticano a atender a las víctimas. Todo aprendido de Vladimiro Montesinos, el que grababa a políticos, empresarios, hombres de negocios, artistas, mientras les sobornaba y conseguía favores e indulgencias.

<h2>El harakiri de Flores Santana</h2>

Entra en escena el chivo expiatorio, Gonzalo Flores Santana, enviado a la avenida Salaverry 600 con la obligación de grabar a monseñor Bertomeu, funcionario del Vaticano en misión diplomática. Una idea “brillante” de Baertl y otros dirigentes económicos del Sodalicio con una pequeña salvedad: para que funcionase, nadie debería descubrir el lugar, la fecha y el nombre del interlocutor de Bertomeu en un pequeño corte de audio convenientemente manipulado. En caso contrario, aquello podía acabar en un harakiri para Gonzalo Flores Santana. Como así ocurrió hace dos semanas por obra y gracia de Infovaticana, para la cual el subsuelo no tiene límites. Ni para los dirigentes económicos del Sodalicio. El padre Baertl, de familia minera, intenta hacer estos días desde Lima un ya imposible control de daños en esta voladura del Sodalicio. Puso un cartucho de dinamita en las manos de Gonzalo Flores Santana que estalló. Ahora acaba de hacer lo mismo con su última víctima, José Antonio Dávila.

<h2>Dávila en Nemi</h2>

¿Quién es José Antonio Dávila?. Se presenta en una misiva a “Infovaticana” como el “último económo del Sodalicio”, extinguido definitivamente el 14 de abril de 2025. Sin embargo, este ex asistente de temporalidades del Sodalicio calla que, sorprendentemente, continúa siendo el apoderado legal de una de las grandes propiedades del Sodalicio en Nemi, Italia: diversos documentos prueban que el Sodalicio, no obstante su extinción, con Dávila como apoderado, sin estar habilitado para ello por el Comisario Apostólico, intenta malvender dicha propiedad, burlando así al Vaticano y a los sobrevivientes. Dávila, como Flores, ha tenido que salir a defender lo indefendible.

“Ni en el Sodalicio ni en las instituciones y empresas vinculadas a su misión apostólica han existido evidencias comprobadas de corrupción económica en ninguna modalidad, ni de lucro indebido ni de lavado de activos. Así consta en auditorías realizadas por firmas internacionales y en pericias oficiales efectuadas por peritos registrados por el Estado peruano”. Dávila calla que ningún peritaje o auditoría externa investiga delitos. Su rol es técnico, no penal. Solo emite una opinión sobre la consistencia contable de los estados financieros. Dice que “todo encaja de manera razonable” en los balances y registros examinados. Dávila habría podido acudir también al argumento de autoridad, informando una vez más que el Sodalicio no solo tuvo auditorías externas, sino también internas, vaticanas, esta vez de la mano del cardenal Tobin.

En el 2016, ante las denuncias de los periodistas de presunto fraude fiscal y financiero en las empresas del Sodalicio, sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, el Dicasterio de Religiosos, de la mano del Secretario Rodríguez Carballo, les envió un “Delegado ad nutum”, es decir, revocable en cualquier momento. Lo que tendría que haber sido un encargo serio y riguroso para Tobin, se convirtió en un ‘’té de tías’’.

Más bien existe la sospecha de que su rol fue más de asesor que de auditor, pues durante el ejercicio de su cargo parte de los bienes del Sodalicio cambiaron de apoderados o, incluso de propietarios. Además, coincidiendo con los Panama Papers, el Sodalicio movió sus offshores de Panamá a Denver, USA y, lo más grave, constituyó un fideicomiso o “trust” con el empresario y candidato presidencial del Opus Dei, Rafael López Aliaga. Con Acres Sociedad Titulizadora SA alejaría los 9 cementerios de “Parque del recuerdo” y otras propiedades de la Iglesia, es decir, de las víctimas.

Dávila también cita en su carta al Cardenal Gianfranco Ghirlanda, pero calla que el émulo de Vladimiro Montesinos, Gonzalo Flores Santana, fue el que en el 2000 solicitó a dos grandes canonistas, el jesuita P. Gianfranco Ghirlanda y el entonces arzobispo Luis Martinez Sistach su asesoría canónica para burlar a la hacienda peruana. El problema era poner sus cementerios privados bajo el paraguas concordatario. Para ello, los dos le sugirieron la figura de la “misión”, prevista en el art. IV del Concordato, no sin realizar una interpretación forzada de la ley. “A tenor del derecho canónico vigente, no puede la autoridad eclesiástica conceder la personalidad jurídica a una misión como tal, según tratan los cánones 770 y 771”. Pero también le dieron la solución: serían una pía fundación aunque “no es necesario, considero, que en la relación con la Administración (aún no eran “isla tributaria”) se diga que tal Misión canonicamente hablando es una fundación”. Iniciaba así el big bang del Sodalicio y la colaboración del cardenal Ghirlanda hasta los últimos estertores del grupo: el pasado enero de 2025, gracias a su intervención en Aparecida, reunido con los sodálites en un desesperado intento por blanquear el grupo con estatutos nuevos, se filtró que, por fin, el Sodalicio estaba en vías de supresión.

<h2>El inventario nunca entregado</h2>

En la carta enviada por Dávila a “Infovaticana” también dice que “deseo dejar constancia de que los bienes del Sodalicio han estado siempre a disposición de los liquidadores, conforme dispuso la Santa Sede”. Desde su fundación, este grupo mafioso construyó su mundo de fantasía con mentiras pero también con medias verdades. Esta de Dávila es una de ellas: los bienes que quedaron tras la supresión estarían “a disposición de los comisarios”.

¿Cuáles?. Según Baertl, el Sodalicio nunca ha tenido nada (“soy el mayor mendigo del Perú’’, ha llegado a afirmar no sin desparpajo). Según el palangana Alejandro Bermúdez Rosell, más fiable gracias a la pérdida de filtros cuando tiene sus estallidos de cólera, &nbsp;‘’el dinero operativo del Sodalicio está en manos de asociaciones civiles legítimas y autónomas, no son entidades eclesiales’’ (4 de agosto de 2025).

La pirueta lingüística de Dávila no puede esconder su malestar por el reciente nombramiento por parte del Vaticano de León XIV de dos Comisarios Adjuntos al Comisario Liquidador. Estos ayudantes de Bertomeu en Arequipa con Javier Del Rio a la cabeza, tendrán que exigir a los ex dirigentes del Sodalicio la entrega aún no realizada del inventario de los bienes y su archivo completo. Dos pasos imprescindibles para poder avanzar en la justicia. Quizás así, finalmente, sabremos todos cómo han intentado burlar al Papa y a las víctimas: el zorro deberá por fin entregar el mapa que usa para llegar a las gallinas &nbsp;y comerlas a las espaldas del granjero.

<h2>&nbsp;El juego se terminó</h2>

La ‘’torpeza’’ de este último affaire protagonizado por lo que queda del suprimido Sodalicio, esta vez con la habitual colaboración de la Infovaticana, no puede esconder el nerviosismo instalado en todos ellos. Infovaticana, no obstante el dinero invertido, ve fracasar su estrategia de laminar la credibilidad del Papa León y sus estrechos colaboradores, usando para ello cualquier oportunidad, se llame “caso Lute Vásquez de Chiclayo”, “caso padre Delgado de Toledo” o “caso Sodalicio”.

Este grupo, &nbsp;por su parte, asiste con estupor al fin de la impunidad de la que ha gozado en Perú en los últimos 54 años gracias a los conocidos manejos del Padre Baertl con sus amigos poderosos, entre ellos, los corruptos expresidentes Alberto Fujimori y Alan García; los grandes empresarios como los chilenos Cueto, dueños de LATAM Airlines o los dueños de los medios de comunicación y empresarios de perfil un poco más bajo, como el aprista y fallido candidato a la presidencia, Hernan Garrido Lecca.

León XIV y el Vaticano

El Vaticano también vela por sus intereses. Además de la vergüenza por los abusos de todo tipo cometidos y aún no reparados, los organismos financieros del Vaticano habrían detectado indicios graves de delitos como lavado de activos y otros muchos de fraude tributario y financiero. El peruano y norteamericano a la vez Papa León XIV no quiere ser envuelto en una complicidad que podría ser juzgada con mucha dureza en su país natal. León XIV conoce y ha sufrido, en varias ocasiones, sea al Sodalicio, sea Infovaticana.

En descargo de Dávila y su desesperado intento por vender una vez más otra fantasía de “Producciones Sodalicio” se debe reconocer que sí ha dicho una verdad, quizás la única en su vida, en la carta de rectificación que dirigió a Infovaticana: es falso afirmar, a partir de los audios publicados, que haya una investigación en curso en los Estados Unidos.

Según nuestras fuentes, la documentación económica sobre las finanzas del Sodalicio aún no ha salido del Vaticano. En el artículo de Infovaticana, en su proverbial rigor periodístico, ni la fotografía de Dávila era verdad. En esto hay que dar razón al pobre Dávila, el último chivo expiatorio de Baertl.

Luis Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana | Composición: LR.

Cada día más cerca el fin de la impunidad del Sodalicio de Vida Cristiana, por Paola Ugaz

La Casa Blanca anunció el jueves su nueva <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Estrategia de Seguridad Nacional</a>, el documento que fija la visión del gobierno estadounidense hacia el mundo y orienta el trabajo de todas sus agencias y embajadas, incluida la de Lima. Esta vez, el texto introduce un concepto provocador: el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, aquella fórmula de 1823 que afirmaba la primacía estadounidense en el hemisferio occidental. Hoy, esa idea reaparece como primera prioridad de Washington y anuncia una realineación profunda de su política exterior hacia América Latina.

Esa realineación tiene dos carriles: el militar y el económico. En el plano militar, la estrategia plantea un aumento de la presencia de la Guardia Costera y la Armada en la región, así como despliegues específicos para “asegurar la frontera y derrotar a los cárteles”, incluso mediante fuerza letal si fuera necesario.

Pero es en el plano económico donde se juega el partido más relevante para el Perú. Washington anuncia una diplomacia comercial más activa, orientada a fortalecer cadenas de suministro críticas dentro de América Latina, reducir la dependencia de proveedores extrarregionales y promover inversiones estadounidenses en energía, tecnología y, sobre todo, minería estratégica. Al mismo tiempo, señala que trabajará para limitar la presencia de empresas extranjeras (léase, chinas) en infraestructuras consideradas sensibles.

¿Dónde queda el Perú en esta reconfiguración? Directamente en el centro del tablero.

Si Estados Unidos busca asegurar minerales críticos y desplazar a China de sectores estratégicos, pocos países son tan relevantes como el Perú. Nuestro país es uno de los mayores productores de cobre del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más profundamente integrados económicamente con China. El puerto de Chancay, la operación de Las Bambas y el creciente predominio de capitales chinos en la minería peruana son vistos en Washington como señales de una influencia que desean contrarrestar.

La experiencia reciente de México (quien se ha visto obligado a desprenderse de inversiones chinas para reducir sus aranceles) y Panamá (quien anda en una batalla legal por el control de puertos del Canal) muestra una constante: mientras más depende un país de la economía estadounidense, más dispuesto está a alinearse con sus prioridades. Pero el caso peruano es distinto. China es nuestro principal socio comercial, y su peso en el sector minero nos hace especialmente sensibles a cualquier presión estadounidense. Ya se ha <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-18/asesor-de-trump-insta-aranceles-a-bienes-que-pasen-por-chancay" target="_blank" rel="nofollow">escuchado</a> en Washington la amenaza de imponer aranceles a productos vinculados a Chancay. Y si la tensión escala, el Perú podría verse forzado a tomar decisiones costosas.

Durante los últimos 25 años, tras la firma del TLC, el Perú ha vivido en relativa indiferencia para la política exterior de Washington. Esa etapa puede estar llegando a su fin. Con la próxima llegada del nuevo embajador estadounidense, Bernie Navarro, es casi seguro que nuestro país recibirá un nivel de atención que no ha visto en décadas.

La pregunta es si sabremos aprovecharla.

El desafío para el gobierno y para el sector empresarial no es resistir la atención estadounidense, sino canalizarla. Si el Perú se mueve con claridad, puede atraer inversiones de calidad en puertos, concesiones y minería; proyectos que eleven estándares, y generen empleo. Pero si el país actúa de manera reactiva, puede quedar atrapado entre presiones contrapuestas o enfrentarse a medidas punitivas que ya han sufrido países como Brasil (aranceles tras las tensiones con Bolsonaro) o Colombia (después de choques con Petro).

La nueva estrategia de Washington coloca al Perú en un lugar inesperado: de la periferia, al centro. Lo que hagamos con esa oportunidad, o con ese riesgo, dependerá de nuestra capacidad para anticiparnos, negociar y construir una agenda propia. El momento exige liderazgo estatal y empresarial. Porque, en esta nueva etapa, quien no define su posición termina siendo definido por otros.

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