
*Carla Mares, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP
La regulación en torno a la MAPE sigue sin resolverse. Y mientras en la Comisión de Energía y Minas del Congreso se debatía la posibilidad de prorrogar el REINFO hasta el 2029, varios expertos analizaban este tema en la Universidad del Pacífico desde múltiples perspectivas. Sus conclusiones técnicas fueron contundentes: no es viable extender el REINFO ni mantener una regulación que, a la fecha, blinda la minería ilegal y la criminalidad asociada a esta.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la prórroga del REINFO es la supuesta protección del derecho al trabajo de miles de mineros artesanales. Sin embargo, esto constituye una falacia que merece ser desmontada. Las condiciones en que estos trabajadores operan distan mucho de configurar un trabajo en sentido estricto. El trabajo digno implica condiciones que respeten la integridad, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, aspectos ausentes en la MAPE informal.
Más aún, esta actividad atenta gravemente contra la salud pública y el medio ambiente. El uso indiscriminado de mercurio contamina ríos y suelos, afectando a comunidades enteras. La deforestación masiva destruye ecosistemas de manera irreparable. Los metales pesados ingresan a la cadena alimenticia, generando problemas de salud crónicos. Por tanto, el defender estas prácticas como "derecho al trabajo" ignora el daño colateral que sufren miles de peruanos.
Los expertos coincidieron en que se requiere una estrategia integral: acciones de interdicción con inteligencia; formalización dentro de plazos estrictos; trazabilidad del oro; alternativas económicas de desarrollo; articulación interinstitucional; cooperación transfronteriza; y presencia estatal efectiva, con desalojo y restitución de concesiones.
El desafío es claro: construir un marco normativo que promueva la formalización real sin perpetuar la ilegalidad.

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