Asilo y ruptura de relaciones diplomáticas, por Óscar Vidarte

El derecho de asilo diplomático es una figura compleja en el derecho internacional. La Convención sobre Asilo Diplomático (1954) señala que no se puede conceder el asilo a personas que se encuentran inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes. No obstante, el mismo ordenamiento jurídico estipula que es el Estado asilante (México) el que califica la naturaleza del delito, por lo que puede decidir sin mayores condicionamientos a quién concede el asilo o no. ¿Cómo es posible esta contradicción? Y es que es muy común que los perseguidos políticos tengan procesos judiciales abiertos o sentencias, lo cual impediría formalmente su asilo.

En el caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, podría cuestionarse su condición de perseguida política al ser procesada por su “participación” en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, pero la violación de su libertad (confirmada por el Tribunal Constitucional) y los abusos que aparentemente habría sufrido durante su detención han sido suficientes para que el gobierno mexicano le brinde el asilo.

La respuesta inmediata del Perú ha sido la ruptura de relaciones diplomáticas. Si bien la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que brindar asilo se trata de un acto pacífico y no inamistoso, es lógico que genere algún malestar en el Estado territorial (Perú). Pero romper relaciones diplomáticas parece un exceso, más aún cuando la respuesta peruana al asilo brindado recientemente por Brasil a Nadine Heredia fue distinta. Es obvio que, para los intereses del Perú, Brasil resulta más importante que México. Además, el asilo brindado a Betssy Chávez parece ser la “gota que colmó el vaso” luego de varios años de cuestionamientos por parte del gobierno mexicano (sobre todo contra aquellos sectores políticos que han tenido el poder los últimos años en el Perú y que hoy sostienen al gobierno del presidente José Jerí).

En todo caso, las consecuencias sobre nuestros intereses no solo a nivel bilateral (siendo México la segunda economía más grande de América Latina y miembro del G20), sino también multilateral (Alianza del Pacífico), deberían haber sido cuestiones a considerar para tomar tal decisión. Mostrar firmeza no siempre significa patear el tablero.