Politóloga
Continuismo parlamentario: la era Jerí, por Eliana Carlín
"En un sistema democrático, la rendición de cuentas es inexorable, y los responsables de esta crisis deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones"
Los actos de violencia que costaron la vida de Paul Flores, cantante de Armonía 10, y el ataque armado contra Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, junto con el reciente asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista de hip hop, constituyen hitos trágicos que evidencian la profunda crisis política y de seguridad que atraviesa el Perú. Estos eventos no son hechos aislados, sino síntomas del hastío que se expresa en las calles: o te matan los extorsionadores o te mata el gobierno. Nadie nos defiende. Este nuevo régimen, aunque cambió de rostro tras la juramentación de Jerí, en la práctica es el mismo. Con pocos días en el cargo, carece de legitimidad y desaprobó con creces su primera prueba de fuego.
El asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, registrado en video, perpetrado por un agente de civil que le disparó en el tórax, es una muestra descarnada de la violencia estatal que ha marcado la gestión de la coalición gobernante desde diciembre de 2022. Este acto, lejos de ser un exceso aislado, refleja una estrategia deliberada de control social que prioriza la represión sobre el diálogo. En el parlamentarismo de coalición que nos gobierna, la disidencia se responde con plomo. Si el presidente de transición, José Jerí, tuviera un compromiso genuino con los principios democráticos y el respeto por la vida, su renuncia sería un paso ineludible. Sin embargo, es claro que eso no ocurrirá.
La incapacidad del Congreso para alcanzar los votos necesarios para censurar a la Mesa Directiva ha sido solo una pantomima más, pero la narrativa oficial que busca culpar a los manifestantes ya no alcanza. Etiquetarlos como “caviares” o responsabilizar por cualquier situación violenta a regiones como Puno carece de credibilidad y evidencia el agotamiento de un discurso que no logra apaciguar el creciente descontento ciudadano.
La designación de un gabinete que, lejos de proyectar renovación, está lleno de lo más vetusto y autoritario, refuerza la desconexión entre el gobierno y las demandas de una sociedad hastiada. La juventud de Jerí, presentada como un activo político, es irrelevante ante una gestión que carece de visión transformadora y que opta por la provocación en lugar de la conciliación. En este contexto, el recurso a la comunicación política para proyectar una imagen de dinamismo no puede ocultar la realidad: un régimen que nace sin legitimidad y que enfrenta un horizonte de creciente resistencia.
La ciudadanía movilizada, lejos de ser un actor desestabilizador, representa la expresión de un malestar acumulado tras años de gobernanza fallida. Las elecciones de abril de 2026 serán un momento crucial para que la población emita su veredicto sobre el gobierno congresal.
Asimismo, para partidos como Somos Perú, las elecciones municipales de octubre de 2026 representarán un segundo juicio político, especialmente relevante dado su carácter municipalista. En un sistema democrático, la rendición de cuentas es inexorable, y los responsables de esta crisis deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
