Politóloga
Durante los últimos años, con énfasis desde el 2016, la Presidencia ha pasado por muchos nombres. La alta rotación del cargo presidencial no solo es un síntoma de la debilidad de la democracia, sino de la pérdida de peso institucional. Hoy, esto se traduce en la pérdida de brújula en Torre Tagle y hasta en una comunicación coloquial e informal que se confunde con búsqueda de cercanía. Esto, pese a ser efectista, funciona. Sobre todo, después del plomo mediático que fue Dina Boluarte. Tremendo fiasco para quienes apostaron por ella y su presidencia.
Extendamos esta lógica de pauperización de la institución presidencial al momento de campaña electoral que vivimos. Siendo las elecciones el acto central de la democracia representativa, tenemos una campaña que comenzó a mancharse de inaceptable violencia. La tragedia ocurrida hace poco más de una semana, con el asesinato de Percy Ipanaqué, candidato al Parlamento por Juntos por el Perú, fue el inicio del diferencial de esta campaña: situada en su tiempo, no puede escapar de la violencia.
Pero volviendo a los candidatos presidenciales, esta semana se reportó un inaceptable ataque contra el candidato Rafael Belaunde. Sin daños mayores, felizmente, debido al blindaje en el auto en que se movía que lo protegió de las balas. Sin embargo, no parece ser un ataque político. Resulta llamativo que Belaunde haya sido atacado por asuntos relacionados con negocios privados que lo llevaron a visitar Cañete. ¿Por qué llamativo? En campañas pasadas, la candidatura presidencial solía ser un trabajo a tiempo completo. Hoy tenemos empresarios que dedican su tiempo marginal a buscar dirigir nuestro país. Signo de la pérdida de peso del cargo, que se refleja también en la pérdida de interés de la ciudadanía en el proceso electoral.
¿Quiénes más realizan actividad privada paralelamente a su aventura presidencial? En el marco de la transparencia, debería hacerse público, para poder conocer los intereses y redes de soporte empresarial que rodean a los candidatos. Ellos tienen todo el derecho de hacerlo y la ciudadanía de conocerlo.