Politóloga
La jaula de hierro que nos condena, por Eliana Carlín
Mientras no enfrentemos que el Estado peruano ya no nos pertenece, da igual quién gane en 2026: las mismas redes seguirán gobernando desde las sombras y nosotros seguiremos pagando la cuenta.
En el Perú de hoy no existe “crisis institucional”. Lo que existe es el funcionamiento normal, estable y muy eficiente de un Estado policéntricamente capturado, tal como lo definió Francisco Durand hace más de una década y lo actualizó en El Perú fracturado (2021):
«En el Perú contemporáneo el Estado ya no es capturado por una sola élite o un solo partido: es un Estado policéntricamente capturado por redes que se toleran, negocian y se protegen entre sí. El resultado es una democracia de baja intensidad donde las instituciones formales existen, pero funcionan al servicio de los capturadores».
Esa cita, más que teoría, es la radiografía exacta de lo que vivimos esta semana de diciembre de 2025: La disolución de los equipos especiales anticorrupción, la rehabilitación exprés de fiscales cuestionados, la caída de Delia Espinoza y el regreso de los Cuellos Blancos, la ley que amnistía crímenes de lesa humanidad, campañas electorales desarrollándose con fondos públicos.
Todo eso no son “errores”. Son los engranajes bien aceitados de un sistema que opera exactamente como fue diseñado: proteger a los capturadores y desmantelar selectivamente cualquier institución que los amenace.
Esta captura es multinivel y multinodal. Se compone de redes híbridas que mezclan distintos actores legales e ilegales, con intercambio de favores bajo la mesa que genera una desinstitucionalización quirúrgica y una inmunidad de facto para quienes controlan los nudos críticos del poder.
Y la ciudadanía lo sabe. La XIII Encuesta Nacional de Percepciones sobre Corrupción de Proética (publicada) lo demuestra. El 64% considera que sus compatriotas son corruptos, pero 89% se considera honesto. Por otro lado, el 94% considera que la corrupción está vinculada a economías ilegales y el 41% considera que en su región las economías ilegales son la única forma de trabajo disponible.
En abril de 2026 tendremos 37 candidatos presidenciales, y la gran mayoría de ellos debe su existencia política, su financiamiento y su impunidad, precisamente a los capturadores. Mientras no enfrentemos que el Estado peruano ya no nos pertenece, da igual quién gane en 2026: las mismas redes seguirán gobernando desde las sombras y nosotros seguiremos pagando la cuenta.
