
* Escribe Marilú Martens, directora Care Perú
El Perú vuelve a caminar sin brújula. A menos de una semana, el país amaneció con una nueva crisis: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, tras una cadena de decisiones erráticas y una reacción insensible ante una tragedia evitable, una balacera en un concierto que terminó simbolizando el estado real de nuestra seguridad y gobernabilidad. Hoy, un nuevo presidente asume el poder entre denuncias graves y una desconfianza generalizada. La política parece haberse divorciado de su razón de ser: servir al ciudadano.
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En medio de esta tormenta, el presupuesto educativo 2026, que el Ejecutivo calificó como “histórico”, suena vacío. Son S/ 49 424 millones que, más allá del número, carecen de dirección, metas o resultados verificables. Se sigue premiando la inercia: más planillas, menos inversión; más gasto corriente, menos transformación. Un país que no planifica su educación no planifica su futuro.
Porque la crisis no es solo política: es una crisis educativa y cultural. La incapacidad para distinguir liderazgo de oportunismo, empatía de espectáculo o Estado de botín, nace del abandono en la formación ciudadana y ética. No se improvisa una república educada. Y los presupuestos sin visión son espejos del desorden: gastamos más, pero aprendemos menos, confiamos menos, vivimos peor.
La educación es mucho más que una línea del presupuesto: es el cimiento de la seguridad, la justicia y la democracia. La educación mueve la rueda del desarrollo y sostiene toda posibilidad de futuro. Si el Estado escucha y cumple lo que es su mandato, si la sociedad exige y no se resigna, aún podríamos corregir el rumbo.
Pero si seguimos confundiendo gasto con inversión y discursos con gestión, no habrá presupuesto que alcance ni democracia que resista.
¡Presupuesto sin propósito es papel! Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo si entendemos que invertir bien en educación es la única forma de reconstruir nuestro país.

El bienestar socioemocional exige docentes preparados y acceso oportuno a la atención psicológica.

Los retos de la infraestructura educativa en el Perú van más allá de la falta de colegios e implican un cuestionamiento profundo sobre los espacios de aprendizaje.

Se propone una Ley de Educación para Personas Jóvenes y Adultas que unifique esfuerzos educativos, que promueva una educación de calidad y pertinente.

Los sistemas educativos enfrentan el reto de adaptarse a las demandas del siglo XXI, pero siguen centrados en el control burocrático en lugar de en la gestión pedagógica.

Más de 26 mil instituciones educativas ofrecen EIB, pero enfrentan serias carencias. La consulta previa sobre la Política Nacional de EIB carece de participación indígena, crucial para fortalecer su identidad cultural.