
*Colabora Ernesto Cavassa, S. J., Director general de Fe y Alegría
En el Perú hemos normalizado la violencia. Los medios nos la recuerdan a diario; sus víctimas crecen y el sufrimiento se concentra en los sectores más pobres, golpeados por la extorsión. En regiones como La Libertad, Lambayeque o Lima, los asesinatos por sicariato, cobro de cupos y trata de personas marcan la vida cotidiana. Según el SINADEF, los homicidios subieron de 2.7 diarios en 2020 a 6.1 en 2025: más del doble en solo cinco años. Las autoridades aplican recurrentemente las mismas estrategias fracasadas. El Congreso, lejos de contener la crisis, aprueba leyes que favorecen la criminalidad organizada. En las marchas, la calle clama: “¡No matarás ni con hambre, ni con balas, ni con leyes!”.
La escuela tampoco escapa a esta situación. Niños que ven morir a su maestro frente al colegio; instituciones educativas privadas que cierran por amenazas; padres que forman brigadas para proteger a sus hijos del acoso, el pandillaje o la violencia. La seguridad se ha vuelto parte de la agenda educativa.
¿Qué hacer? No podemos renunciar a educar para la paz. Una paz que no es solo ausencia de violencia, sino respeto, tolerancia, apertura y aprendizaje para resolver conflictos de manera justa y adecuada. Las escuelas deben ser espacios seguros. No burbujas encapsuladas, sino centros que irradien paz a sus barrios. Así se construye una verdadera “cultura de paz”, como señala la Unesco.
La tarea no es solo escolar. En el próximo proceso electoral debemos exigir leyes que enfrenten el crimen, no que lo amparen. Las redes sociales deben dejar de ser trincheras de odio; la violencia verbal pronto se vuelve física y letal. A ello apunta la espiral de violencia. Cortarla de raíz es urgente.
El rechazo a esta situación puede ser un impulso para organizarnos y recuperar el derecho a vivir sin terror. Si deseamos vivir en paz, debemos educar, actuar y unirnos para hacerla posible. La paz es una tarea cotidiana y colectiva. Solo así nuestros estudiantes pueden aprender a ser constructores de paz.

El bienestar socioemocional exige docentes preparados y acceso oportuno a la atención psicológica.

Los retos de la infraestructura educativa en el Perú van más allá de la falta de colegios e implican un cuestionamiento profundo sobre los espacios de aprendizaje.

Se propone una Ley de Educación para Personas Jóvenes y Adultas que unifique esfuerzos educativos, que promueva una educación de calidad y pertinente.

Los sistemas educativos enfrentan el reto de adaptarse a las demandas del siglo XXI, pero siguen centrados en el control burocrático en lugar de en la gestión pedagógica.

Más de 26 mil instituciones educativas ofrecen EIB, pero enfrentan serias carencias. La consulta previa sobre la Política Nacional de EIB carece de participación indígena, crucial para fortalecer su identidad cultural.