Congreso pretende extender el pacto autoritario

Hoy eligirán a quienes liderarán la última legislatura del parlamento con más desaprobación de las últimas décadas.

El congresista de Somos Perú, José Jerí, fue quien elaboró el informe que archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Y, en ese sentido, su elección no constituiría solo una coincidencia. Es, en todo caso, la consecuencia de un proceso de premios a favores concretos en favor de la impunidad.

Junto a Jerí, integrarían la Mesa Directiva congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular. Estas bancadas han promovido de manera sistemática reformas legales que han limitado la acción del sistema judicial, así como la modificación arbitraria de la estructura institucional del Estado a su favor.

La formación de esta nueva Mesa se produce en el último tramo de la legislatura. Con ella, el Congreso garantiza que sus decisiones se mantendrán bajo el mismo esquema de alianzas.

¿El objetivo en marcha? El control de los órganos judicial, fiscal y electorales. Y, para ello, quienes buscan cooptar definitivamente el Estado y a sus ciudadanos precisan de una mesa directiva dócil que les garantice el libre accionar.

Así pues, la coincidencia entre las agendas de quienes hoy definirán la mesa directiva del Parlamento permitirá crear un núcleo de poder antidemocrático que tendrá poco tiempo de estabilidad.

Si bien los incentivos que promueven hoy el respaldo a Jerí tienen coincidencias autoritarias y conservadoras evidentes, la disputa por la supervivencia del Pacto hará difícil la convivencia del cogobierno hasta las elecciones del 2026.

En ese sentido, el tiempo juega en contra del bloque que hoy se consolida. La escasez de recursos políticos y la competencia interna por cuotas mínimas de poder terminarán con el fin de la cohesión de supervivencia actual del pacto. Lo que hoy se presenta como unidad estratégica dará paso, en breve, a una fragmentación inevitable entre facciones que ya no compartirán otra cosa más que la necesidad de escudriñarse mutuamente de la justicia.

La disputa por el control del Estado no será sostenible sin un relato ni una base social que la respalde. Lo que comenzó como una alianza táctica pronto ingresará en una etapa de desgaste, donde el cálculo individual y la desconfianza marcarán el ritmo del final de este cogobierno.