
*Por Margarita María Díaz Picasso, abogada.
Durante décadas las mujeres peruanas se han organizado para enfrentar la pobreza, la exclusión, la violencia y el abandono de un Estado incapaz de relacionarse con ellas desde la ciudadanía, el respeto y reconocimiento de derechos.
Ellas son promotoras de salud, facilitadoras en acción contra la violencia de género, voluntarias en los centros de desarrollo integral de la familia, orientadoras judiciales, madres cuidadoras o socias de cocina en Cuna Más, gestoras de servicios alimentarios y más.
En nuestra sociedad, los cuidados descansan sobre el trabajo gratuito de miles de mujeres comprometidas con las necesidades de su comunidad, que con coraje y decisión encaran las adversidades día a día.
Nos preguntarnos qué tipo de derechos reconoce el Estado peruano a estas mujeres luchadoras, cuyo trabajo no es reconocido como tal, por qué las considera voluntarias y solo les brinda una propina, movilidad o algunos ingredientes para la preparación de alimentos y su distribución. Se asume que su tiempo es “elástico”, que tienen tiempo para todo, y además que deberían estar agradecidas y no quejarse.
Por qué las madres cuidadoras de Cuna Más reciben un estipendio (una propina) de entre 560 a 610 Soles mensuales y las socias de cocina 510 Soles mensuales; por qué no tienen vínculo laboral ni perciben un salario pese a que trabajan de lunes a viernes aproximadamente de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Cómo es posible que no se les considere trabajadoras, no reciban por lo menos un sueldo mínimo, no tengan ningún beneficio social ni coticen a la jubilación.
Es evidente la instrumentalización y explotación de las mujeres de los sectores populares en los programas sociales. Hagamos justicia a las mujeres que allí laboran, que se termine de una vez este ciclo de explotación y aprovechamiento indebido de su buena voluntad y fuerza laboral.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.

Los discursos sobre la infancia a menudo ignoran la realidad de niñas y adolescentes, quienes enfrentan violencia y desigualdades severas.

El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.

Las políticas educativas actuales ignoran el bienestar y las necesidades locales, dificultando el desarrollo de una propuesta pedagógica que respete la diversidad cultural y territorial en la región.