¿Porqué lo de Bukele no es un “modelo”?, por Diego García-Sayán

En el Perú urge contar con una estrategia y plan coherente para enfrentar al delito, en particular el crimen organizado. Es para la mayoría de la ciudadanía el principal problema del país, ahora mismo. Contexto en el que no sólo es clamorosa la incapacidad total del Pacto Corrupto gobernante para enfrentarlo, sino que éste es coautor de la ola de criminalidad.

Hay una proliferación de mensajes en nuestro país que repiten lo del “modelo” Bukele como algo supuestamente “imitable” en el Perú. Pero es importante ir más allá de la apariencia y no dejarse marear con conclusiones simplistas acerca de un supuesto “modelo” de Bukele que se puede imitar. Hay experiencias, como el éxito reciente en Argentina para combatir la criminalidad, que tienen más sentido.

El Pacto Corrupto: coautor de la ola criminal

El Pacto Corrupto que nos gobierna, hace rato que le puso luz verde al crimen organizado, entre otras “contribuciones” flexibilizando la definición jurídica de organización criminal. El  Congreso del Pacto dio pasos firmes a favor del crimen cuando derogó —marzo 2024— el DL 1607, que regulaba la tenencia de explosivos destinada a frenar la minería ilegal (o cuando eliminó la figura de la detención preliminar en casos sin flagrancia, o cuando limitó la suspensión del plazo de prescripción de delitos).

Con la derogatoria  del DL 1607 -que buscaba frenar la minería ilegal-, el “combo multipartidario” del Congreso ayudó a que sus crímenes tomasen el timón. Con lo que la Policía Nacional ya no puede actuar contra los autores de tenencia ilegal de explosivos ni incautar la mercancía ilegal. Una parte de la tragedia ocurrida en Pataz y los últimos 13 muertos está en ello.

Primero lo primero

            Como muy poco -o nada- se puede esperar del Pacto Corrupto en el poder para diseñar y aplicar una estrategia de seguridad interna seria, el fondo de la cuestión sólo podrá ser abordado con eficacia y seriedad cuando se vayan del gobierno y del Congreso. Lo que no es fácil ni sencillo dado los pasos que ha tomado el Pacto para que las elecciones generales del próximo año sean de su conveniencia.

            Pero sí se puede -y se debe- contar, al menos, con algunas ideas fuerza serias. Que empiecen por descartar -y tomar prudente distancia- del sonado “modelo Bukele”. Al margen de la apariencia y la ilusión, no hay realmente ningún “modelo” a replicar e imitar.

Empiezo por  dejar constancia de lo obvio: es verdad que el número de homicidios ha disminuido radicalmente en El Salvador. Pero también ha habido logros en tal dirección en otros países en los que, a diferencia del Perú, no están regidos por un inepto Pacto Corrupto.

Notable, por ejemplo, la reducción de homicidios en Argentina en los últimos años, que se debe a varias estrategias clave. Empezando por una actuación eficiente y bien conducida de la autoridad policial. ¿Qué hicieron? Por un lado, el despliegue de fuerzas federales. Así, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad “federales” en zonas críticas, como Rosario, donde los homicidios vinculados al crimen organizado disminuyeron en  55,5%. También fue crucial el llamado “Plan Bandera”: redujo en 61% loshomicidios en el país centrándose en la prevención del delito y un  control efectivo de armas.

Resultado: el año que pasó se sufrió en Argentina la menor tasa de homicidios desde el 2000.

Bukele no es “modelo”

            Es cierto que la tasa de homicidios en El Salvador se ha reducido notablemente en los últimos años. Bueno por eso. Sin embargo, en ese devenir se ha ido vertebrando un modelo autoritario y, por lo que se ha sabido, también corrupto. Algo que no resulta en absoluto “imitable” pues todo el “paquete” es parte del supuesto modelo.

            Las perlas de Bukele: dentro de esa apariencia de “eficiencia” destacan cuatro aspectos que hacen que no tengamos ante nosotros, para nada, un “modelo” a imitar:

            a) Represión ilegal a menores de edad.- Más de 3.000 niños y adolescentes han sido arrestados arbitrariamente, algunos sin pruebas que los vinculen con grupos criminales. Se registran detenciones arbitrarias de menores que simplemente vivían en zonas controladas por pandillas, lo que ha sido denunciado por organismos internacionales.

Además, una reforma legal aprobada en 2025 permite enviar a menores de edad a cárceles de adultos, lo que ha generado sólidas críticas por el riesgo de tortura, violencia y restricciones severas para comunicarse con sus familias. Caso emblemático: un niño de 14 años, quien murió en prisión tras sufrir desnutrición severa y falta de atención médica. Otro caso es el de un adolescente de 16 años, que fue arrestado sin pruebas y sometido a golpizas constantes en prisión.

b) Negociación con el crimen. El gobierno de Bukele habría negociado con las principales pandillas (Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños) para reducir la violencia a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias, reducción de penas, dinero y beneficios políticos. Documentos filtrados y testimonios de exfuncionarios indican que Bukele también habría negociado apoyo electoral, permitiendo a las maras influir en los resultados de las elecciones de 2021 mediante presión sobre comunidades bajo su control.

c) Beneficios otorgados por Bukele a las pandillas. Que habrían incluido:

- Privilegios dentro de las cárceles, como acceso a alimentos de mejor calidad y eliminación de restricciones estrictas;

- Reducción de penas y liberación de miembros clave de las maras;

- Incentivos económicos para líderes pandilleros y sus familias;

- Garantías de seguridad, pausa en las operaciones policiales a cambio de reducción de homicidios en el país.

d) Autoritarismo y reelección inconstitucional. A pesar que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata, Bukele logró postularse nuevamente. Eso tras el manotazo de Bukele contra la Corte Suprema cambiando arbitrariamente su composición.

Corrupción

Algo que le puede resultar seductor al Pacto gobernante: el gobierno de Bukele también ha sido sindicado de tener dentro estructuras de corrupción multimillonarias. El gobierno de EE.UU. sancionó a Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, por su participación en una red de corrupción que manipuló contratos y desvió fondos públicos durante la pandemia. También casos en los que dinero destinado a programas sociales fue utilizado para campañas políticas y gastos personales de funcionarios cercanos a Bukele.

Investigaciones adicionales sobre corrupción dentro de su administración han sido bloqueadas o desmanteladas por el gobierno, generando preocupaciones sobre el debilitamiento de la transparencia y la democracia en el país.