La designación de un embajador no es un simple acto administrativo, sino una declaración política sobre los valores que representa un gobierno. En ese sentido, la posibilidad de que Julio Demartini asuma una embajada, si bien es coherente con el nivel moral del gobierno de Dina Boluarte, no deja de ser un despropósito que atenta contra la credibilidad internacional del Perú, más aún cuando plantean que nos represente ante la Santa Sede.
¿Por qué el Vaticano no debería aceptar dicha postulación? Demartini es un personaje seriamente cuestionado por su presunta responsabilidad en un escándalo de corrupción que ha golpeado al sector más vulnerable del país: la infancia.
Durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se permitió la entrega de conservas en mal estado y carne de caballo a los beneficiarios del programa social Qali Warma. Se trata de un acto que no solo representa una presunta estafa al Estado peruano, sino que también expuso a niños y niñas en estado de vulnerabilidad a graves riesgos para su salud y desarrollo.
Pero el escándalo tiene ramificaciones aún más alarmantes. El caso de Nilo Burga, quien era un actor clave en la trama de licitaciones irregulares y exoneraciones de controles de calidad, no debería ser ignorado. Su muerte, ocurrida en circunstancias sumamente sospechosas el 25 de diciembre, no puede descartarse como un simple suicidio. Las investigaciones, que siguen en curso, así como aseveramos en nuestro editorial del 27 de diciembre de 2024, apuntan a que podría tratarse de un homicidio destinado a cerrar una investigación que podría comprometer a altos funcionarios del actual gobierno.
El Ministerio Público ya ha revelado datos que dan indicios de una red de corrupción en la que participaban personajes cercanos a la presidenta Dina Boluarte, como su actual vocero presidencial, Fredy Hinojosa. El rol de poder de Demartini en la estructura pública que permitió que Frigoinca obtuviera contratos millonarios sin la supervisión adecuada, continúa en pesquisas que algunos parlamentarios han pedido que se avancen para evitar más impunidad en contra de la dignidad de los peruanos.
Permitir que Demartini represente al Perú en el extranjero sería enviar un mensaje de mayor impunidad y cinismo. Nombrarlo embajador político tiene, de tal forma, un único fin: dotarlo de inmunidad diplomática mientras el gobierno y sus cómplices siguen golpeando a los operadores de justicia.
Si bien nombrar embajadores políticos es una perrogativa de la presidencia, ante lo graves que resultan las imputaciones y vinculaciones del ministro, ningún estado debería aceptar esas cartas credenciales.