¿Protestas politizadas?, por Diego Pomareda
Si coincido con la razón de tu protesta, entonces será un ejercicio patriótico y democrático; y si me opongo, entonces será oportunismo politizado y desestabilizador.
El principal argumento de los que se oponen a las protestas en el Perú, a raíz del desborde de la delincuencia, es que estas se encuentran politizadas y, por ende, son inconstitucionales. Este tipo de objeciones merece dos respuestas: una desde el Derecho y otra desde los hechos.
El derecho a la protesta pacífica es, por definición, un reclamo político al poder para cambiar el estado de las cosas en un momento determinado. Por tanto, es una tautología decir que las protestas, como expresión de la soberanía popular, se pueden “politizar” al ser estas manifestaciones políticas por naturaleza.
Al respecto, esta última semana hemos visto el tipo de protesta que define el Tribunal Constitucional (TC) como colectivas de alcance nacional, que se llevan a cabo dentro del espacio público y que cuestionan actos de los poderes estatales y medidas normativas con el objeto de que cambie el statu quo (Exp. 0009-2018-AI, FJ 82).
Además, en la misma sentencia, el TC expresa que la protesta es un derecho “aun cuando sus pretensiones o consignas pudieran resultar profundamente desagradables para otros sectores”. Esto nos hace recordar que la validez de las protestas contra el Congreso y el Ejecutivo no se puede medir a partir de la afinidad política.
Esto último nos permite conectar con el análisis desde los hechos, lo que muestra que la crítica a las últimas protestas no responde a una cuestión jurídica, sino a un sesgo ideológico. Si coincido con la razón de tu protesta, entonces será un ejercicio patriótico y democrático; y si me opongo, entonces será oportunismo politizado y desestabilizador.
Por una cuestión de principios, protestar en contra de un toque de queda, como pasó el 5 de abril de 2022; de una Asamblea Constituyente; de la permanencia de los gobernantes en sus cargos; de la aprobación de la Ley Nº 32108, que favorece al crimen organizado; entre otros, debe ser comprendido como el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, más allá de si estamos de acuerdo o no con sus proclamas.
Por tanto, ni el Derecho ni los hechos asisten a aquellos que cuestionan la validez de las recientes protestas que exigen principalmente el fin del reino del crimen organizado. Aquellos que se acomodan para quedar bien con sus aliados y que se ponen de perfil, apelando a la “despolitización” de la protesta y a la supuesta gobernabilidad, solo están contribuyendo a la profundización de la crisis.
