“Pacto de corruptos”, así ha descrito el presidente electo Bernardo Arévalo a la coalición en el Gobierno que está desplazando con su designación en las urnas. Se trata de un conjunto de autoridades, sobre todo en el control del aparato judicial, que ha hecho de todo para incumplir con el mandato popular y esquilmarle el triunfo que logró sorpresivamente el 25 de junio.
Se han planteado recursos y apelaciones, primero para desconocer los resultados y luego para ilegalizar a la organización política con la que llegó a la victoria el partido Semilla.
La presión ejercida desde organismos internacionales, y en especial de la ONU, OEA, Unión Europea, también de Estados Unidos, Canadá y países latinoamericanos, ha sido clave para defender el voto popular y evitar que se cumplieran los vaticinios más siniestros como la prisión para Arévalo o la vicepresidenta o sus principales colaboradores.
La persecución no cesa y las arremetidas de la Fiscalía a cargo de Consuelo Porras tampoco. Con la asunción de mando hoy por parte de Arévalo y su equipo de Gobierno, se inicia “un nuevo capítulo en la historia de Guatemala”, como él mismo ha señalado. Ahora tiene el enorme reto de cumplir con la promesa de limpiar su país de la corrupción.
El nuevo presidente tendrá que enfrentar una realidad que es sumamente dura para los más pobres. Seis de cada diez guatemaltecos viven en pobreza. Uno de cada dos niños menores de 5 años sufre de desnutrición y el analfabetismo es del orden del 18%.
El diplomático de 65 años es hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo, quien dirigió los destinos del país centroamericano desde 1945 hasta 1951. Nacido en Montevideo, vivió de niño en Venezuela, México y Chile, en el exilio de su padre tras el golpe de Estado que depuso de su cargo al progresista Jacobo Árbenz.
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Guatemala recibe hoy el respaldo internacional y nacional en defensa de su frágil democracia.
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