La semana que termina nos ha traído consigo la confirmación de un escenario político radicalmente sombrío y absolutamente adverso para la ciudadanía. Al convencimiento pleno sobre la condición autoritaria del régimen actual y de la inescrupulosa arremetida, en favor de sus intereses, perpetrada de forma sostenida por sus aliados en el Legislativo, se ha sumado la reconfirmación de su intención de quiebre absoluto del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática en nuestro país.
No solo somos testigos del grosero quiebre del equilibrio de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, previsto en el marco constitucional vigente, el que acomodan de manera burda al orden de sus apetitos, sino de la interferencia, de forma desvergonzada, en el aparato de justicia.
Este es el caso de lo sucedido con la ex fiscal de la nación y fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue, en los últimos días, acusada constitucionalmente, destituida e inhabilitada por cinco años para la función pública por este Congreso. La razón de esta decisión, carente de todo sustento jurídico, deja entrever represalia política e interés por su remoción y reemplazo en el cargo.
La decisión política de este Congreso, basada únicamente en la imposición y fuerza de los votos, que sanciona un criterio jurídico, es en opinión de expertos un despropósito que señala como exigible una actuación sustentada en reglas y doctrinas establecidas con posterioridad a las decisiones en cuestión adoptadas por la fiscal.
Este caso nos recuerda el hecho perpetrado en el año 1997, por el Congreso de mayoría fujimorista, que destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional, acusados constitucionalmente como represalia por su posición contraria a la Ley de Interpretación Auténtica y resultarles incómodos al régimen de facto.
Esto también nos recuerda que fue este gravísimo hecho el que generó despertar pleno de la conciencia ciudadana del quiebre del Estado de derecho y de la democracia en nuestro país y, por tanto, de la necesidad de alzar la voz y manifestarse, lo que, finalmente, en el año 2000 dio lugar al derrocamiento del régimen dictatorial.
“Esta democracia ya no es democracia” ha sido en los últimos meses una frase ampliamente repetida en las protestas, hecha también canción en Puno en memoria de las víctimas de la represión y como reivindicación de la búsqueda de justicia y el cese de la impunidad que hoy impera. No le falta razón a la fiscal Ávalos al manifestar su posición en el mismo sentido, al señalar que ya “no hay democracia en el país”.
Sin duda, ya no es posible hablar de democracia y es el momento al que llegamos contra reloj para alzar la voz y recuperar el país de las manos de quienes pretenden imponer sus nefastos intereses por encima del bien común.
Este es el momento de la ciudadanía. El momento es ahora. No, no es democracia.