Congreso descontrolado
La posibilidad de juicio político contra autoridades electorales pone en riesgo la independencia de poderes.
La alerta ha llegado desde la Defensoría del Pueblo ante el peligro de que se pongan en riesgo la independencia de poderes y la autonomía del sistema electoral, que debe mantenerse imparcial para garantizar procesos electorales transparentes y limpios.
El experto en cuestiones constitucionales de la Defensoría señala que lo más peligroso que se ha expresado desde que el actual Tribunal Constitucional fallara a favor del Parlamento en la demanda competencial presentada por este poder del Estado contra el Poder Judicial es que existen decisiones políticas que podrían emanar del Congreso que no van a poder ser intervenidas desde el Poder Judicial, el cual quedaría así limitado en su ejercicio de control político a cualquier poder del Estado.
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La exhortación del actual TC al Congreso para que modifique el artículo 99 de la Constitución, con el que se abriría la posibilidad de plantear y llevar a cabo juicios políticos a los miembros del sistema electoral, ha ido en contra de toda la jurisprudencia y todas las anteriores decisiones adoptadas en el seno del TC. Se está consolidando un superpoder del Estado que podría afectar el equilibrio y la equidistancia que debe caracterizar al sistema político y que resulta sumamente peligroso para la vida democrática peruana.
Con esta exhortación del TC elegido por este Parlamento, se han movido rápidamente las fichas para lograr el cometido de someter a las autoridades electorales al juicio político. Se han presentado iniciativas desde las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, APP y un sector de Acción Popular a fin de que se proceda a la modificación constitucional del artículo 99 para incluir a los jefes del Reniec, el JNE, la ONPE y la Junta Nacional de Justicia.
Estas propuestas se encuentran en proceso en la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, con lo que el peligro de la intervención política y los intereses de cualquier mayoría que se forme en el Congreso se hace evidente.
Las autoridades electorales sometidas a la amenaza de acusación constitucional en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia no podrían garantizar ni independencia ni transparencia por el sometimiento a la voluntad de una mayoría que, precisamente, en el Congreso no ha demostrado la más mínima idoneidad.
