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Accomarca: la justicia incompleta

“¿Dónde están? ¿Quiénes los protegen? ¿Por qué no ha habido campañas por parte de las autoridades competentes para ubicarlos y detenerlos?”.

La semana pasada, la comunidad de Accomarca enterró los restos de algunas de las 69 víctimas de la masacre del 14 de agosto de 1985, cometida por el Ejército peruano. Varios medios publicaron notas sobre el entierro y la ceremonia que se dio alrededor de ello. Anotaron que 23 de las víctimas eran niños y niñas. Imágenes de mujeres quechuas abrazando ataúdes blancos, el dolor tallado en sus caras, dieron la vuelta al mundo.

Fue un momento anhelado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, quienes soportaron años de trámites burocráticos e indiferencia de las autoridades. Por ello, el pedido de perdón por el primer ministro, Aníbal Torres, fue significativo.

Algunos reportajes mencionaron que luego también de varios años se logró una condena a los responsables de la masacre en 2016. Pero el enfoque fue sobre Telmo Hurtado, el subteniente que llegó a ser la cara visible de la masacre, quien tras ser extraditado de los Estados Unidos en 2011 fue condenado a 23 años de prisión.

Pero la más importante lección de la condena por la masacre de Accomarca es que desbarató la tesis de que Hurtado era el máximo responsable de los hechos –gracias, en buena parte, al mismo Hurtado–.

Él no solo confesó su participación en la masacre ante el tribunal. Quería dejar en claro que él no actuó solo, como siempre se había dicho y como las fuerzas armadas aún insisten, sino por orden superior.

Mi equipo de investigación y yo observamos el juicio durante los seis largos años que duró. Recuerdo cuando la corte ordenó el careo entre Hurtado y el general retirado Wilfredo Mori Orzo, jefe del comando-político militar de Ayacucho en el momento de la masacre. Le recordó a quien había sido su superior que poco después de la masacre lo había convocado a su casa y le ordenó regresar a Accomarca para eliminar a los testigos de la masacre. En otra sesión, confrontó al general retirado Nelson González Feria; le recordó que le había ordenado actuar como “loco” ante la prensa y la comisión investigadora del Congreso. Otros testimonios, documentos y evidencias corroboraron las acusaciones de Hurtado de que sus superiores dieron las órdenes de matar a los pobladores de Accomarca para encubrir los hechos posteriormente y para obligar a un suboficial a asumir la responsabilidad de los hechos para salvar sus pellejos.

Así se logró condenar no solo a los autores materiales de la matanza, sino los autores mediatos, entre ellos los generales Mori Orzo y González Feria. Pero ellos no aparecieron el día de la sentencia, y a pesar de que han pasado seis años, aún siguen prófugos de la justicia.

¿Dónde están? ¿Quiénes los protegen? ¿Por qué no ha habido campañas por parte de las autoridades competentes para ubicarlos y detenerlos?

Si la justicia no es capaz de ejecutar una sentencia, es otra forma de impunidad. Accomarca no descansará en paz hasta lograr la justicia plena y que los cinco oficiales fugitivos cumplan su pena.

Jo-Marie Burt

Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.