Los niños primero
La sociedad se ha movilizado en protesta por la vulnerabilidad de los infantes frente al abuso sexual.
Un caso horrendo en el que la víctima es una menor de 3 años de edad y que ha conmovido a la sociedad que incluso se ha movilizado en protesta por la vulnerabilidad en la que vive la infancia, expuesta a los delitos sexuales, nos convoca para poner coto a esta espiral de ataques contra la niñez.
Según datos que muestran esta escalada, en el 2018, la violación ocupó el segundo lugar entre los delitos más recurrentes. Siendo posiblemente el más sórdido y repudiado, la Policía ha establecido que 1 de cada 2 denuncias corresponde a delito de violación de menores de 18 años.
En el 2021, la situación se ha agravado. Datos provenientes del Ministerio de la Mujer y otras instituciones que protegen la integridad del menor señalan que durante el año hay 5.728 denuncias de abuso sexual contra niñas. De ese universo, surge un dato estremecedor: en el 81,5% de casos, el agresor corresponde al entorno familiar. Es decir, literalmente los niños viven con el enemigo.
Durante el encierro de la pandemia, es probable el incremento de los crímenes sexuales, porque convivieron el agresor con el agredido, y no existen los mecanismos de la sociedad y el Estado para la protección de menores. Desde las llamadas telefónicas y las denuncias en áreas especializadas de la Policía que se redujeron a la medida que se iban incrementando los controles sanitarios por la COVID-19.
La sociedad está cada vez más consciente del rol que se requiere cumplir para garantizar una niñez protegida de los depredadores sexuales que parecen multiplicarse. Algunos sectores reclaman sanciones más duras, como la pena de muerte. La propia autoridad reconoce que no se trata exclusivamente de aplicar medidas coercitivas y de endurecer los códigos de justicia.
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Hay un movimiento que promueve la alternativa de una educación sexual integral con enfoque de género que potencie la autoprotección de los menores, con medidas que alienten la seguridad en lugares públicos, mecanismos de alertas tempranas y de iniciativas ciudadanas que promuevan buenas prácticas para la protección de los niños.
El Estado debe incentivar planes integrales y eficientes ante un delito que va en aumento. No hay lugar para la inacción y la parálisis si lo que está en peligro es la vida y la felicidad de una generación que es nuestra entera responsabilidad y que demanda respuestas urgentes.
