Daniel Dadoun, el dueño de negocios en Nueva Jersey que se declaró culpable de fraude y lavado de dinero por US$3,2 millones

Daniel Dadoun, ciudadano israelí y expropietario de negocios en South Plainfield, Nueva Jersey, se declaró culpable ante el tribunal federal de cometer fraude bancario y lavado de dinero. El empresario obtuvo más de 3,2 millones de dólares mediante solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un fondo creado para apoyar a empresas durante la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Justicia informó que Dadoun presentó documentación falsificada, incluidos registros fiscales y extractos bancarios alterados, con el objetivo de engañar a instituciones financieras y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Su objetivo fue asegurar la aprobación de préstamos federales y luego evitar su reembolso a través de solicitudes fraudulentas de condonación.

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¿Cómo obtuvo Daniel Dadoun los préstamos del PPP en Nueva Jersey?

Entre abril de 2020 y agosto de 2022, Dadoun presentó múltiples solicitudes de préstamo al programa PPP. En estas declaraciones, reportó información falsa sobre el número de empleados y los gastos de nómina de sus empresas. Para respaldar sus afirmaciones, incluyó documentos fiscales manipulados y extractos bancarios falsos.

Después de recibir los fondos, Dadoun solicitó la condonación de los préstamos. En ese proceso, tergiversó nuevamente los datos sobre el funcionamiento y la situación financiera de sus negocios para evadir el reembolso. Las autoridades confirmaron que utilizó estos recursos federales de forma indebida, violando las condiciones establecidas para el uso de los fondos de ayuda por la pandemia.

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Daniel Dadoun y las posibles penas que podría enfrentar en Nueva Jersey

Daniel Dadoun se declaró culpable ante el juez federal Robert Kirsch, y la audiencia de sentencia fue fijada para el 13 de agosto de 2025. Enfrenta hasta 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares por fraude bancario, o el doble del monto involucrado en el delito. Además, el cargo de lavado de dinero podría acarrearle hasta 10 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares, o el doble del valor de los fondos blanqueados. La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Newark, la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Nueva York, la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social y la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey.

El caso formó parte del Grupo de Ataque contra el Fraude por COVID-19, una iniciativa del Departamento de Justicia que busca sancionar delitos financieros relacionados con la pandemia. La fiscal federal adjunta Katherine M. Romano, de la Unidad de Fraude en la Atención Médica de Newark, lidera el proceso judicial. Las autoridades instan al público a reportar fraudes con fondos de ayuda por COVID-19 a través de la línea directa 866-720-5721 o en el sitio web justice.gov/disaster-fraud.