
Ron DeSantis modifica ley de las propinas en Florida tras reciente norma: ¿quiénes se benefician?
Florida aprobó una nueva legislación que regulará los servicios en restaurantes y hoteles, firmada por el gobernador Ron DeSantis.
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El estado de Florida introdujo una nueva legislación que afecta directamente a restaurantes y hoteles, con el propósito de proteger tanto a los consumidores como a los propietarios de estos negocios. El gobernador Ron DeSantis firmó un paquete de leyes que impactará la forma en que se ofrecen servicios en estos establecimientos del “Estado del Sol Brillante”.
Las medidas buscan regular prácticas como el cobro automático de propinas y establecer condiciones claras para el manejo de clientes conflictivos, al tiempo que se protege contra la discriminación y se imponen sanciones a empresas que actúan sin autorización en el sector.
La modificación propuesta en Florida para regular las propinas obligatorias
El proyecto de ley HB 535 elimina la obligatoriedad de las propinas, pero permite que los restaurantes incluyan automáticamente un cargo por servicio en la cuenta, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Según la nueva normativa:
- El cargo automático solo se podrá aplicar a mesas de seis personas o más.
- Los establecimientos deben notificar claramente este cargo antes de aplicar el cobro.
- Los clientes tienen el derecho de rechazar el pago de la propina automática si así lo desean.
Además, la ley permite a los dueños ordenar la salida de clientes que incumplan normas de convivencia, causen molestias, se nieguen a pagar o estén bajo el efecto de sustancias, siempre que no se incurra en actos discriminatorios.
Nuevas sanciones para plataformas de reservas sin acuerdo previo
Otra de las leyes aprobadas, el proyecto SB 940, impone sanciones económicas a las plataformas de terceros que gestionen reservas de restaurantes sin un acuerdo comercial con el negocio. Según la disposición:
- Las empresas que operen sin un consentimiento formal pueden recibir multas de hasta US$1.000.
- La medida busca proteger a los establecimientos de prácticas no autorizadas que puedan afectar su operación o imagen.
Estas reformas refuerzan el control estatal sobre la gestión de los servicios en el sector gastronómico, promoviendo prácticas comerciales más claras y transparentes.
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