Florida: nuevo plan para deportar inmigrantes incluye jueces militares y un 'ICE' estatal
A través del endurecimiento de políticas enfocadas en la población inmigrante, el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump busca ejecutar medidas orientadas a la deportación de personas en situación irregular.
En el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis, integrante del Partido Republicano, ha reforzado la implementación de leyes dirigidas contra personas indocumentadas, buscando así un mayor control sobre la situación migratoria en el estado. Durante una conferencia de prensa, DeSantis comunicó las medidas que adoptará contra los inmigrantes, incluyendo redadas, arrestos de indocumentados, aumento de vuelos de deportación, la expansión de nuevos centros de detención. Además, planea que la Guardia Nacional de Florida se encargue de la situación de los inmigrantes.
Asimismo, cuenta con un plan de expulsión dirigido a personas indocumentadas involucradas en actos criminales. Para ello, busca que más de 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), designados como Alguaciles Federales Adjuntos Especiales, ejerzan funciones similares a las de agentes federales de inmigración, como los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos agentes tendrían la facultad de “ejecutar órdenes federales” y llevar a cabo la expulsión de delincuentes considerados de alto nivel. Cabe destacar que, desde comienzos de año, Florida ha generado controversia al proponer incluso la pena de muerte para inmigrantes que cometan ciertos delitos de criminalidad.
¿En qué consiste el plan de deportación de inmigrantes en Florida?
Se ha puesto en marcha el programa 287(g), que autoriza la detención inmediata de inmigrantes con antecedentes penales que sean una amenaza contra la tranquilidad pública, para luego ser intervenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Como parte de un segundo plan, se busca establecer un acuerdo con los sheriffs, esto con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de colaboración que han dado lugar a operativos masivos, como ha sido en el caso de “Marea Negra”, que logró la captura de más de 1,120 migrantes.
En el ámbito legislativo, el gobierno de DeSantis ha implementado políticas más rigurosas que penalizan con mayor severidad el ingreso no autorizado al estado de Florida. Entre estas reformas sobresale la derogación de una norma vigente desde 2014, que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias. Además, se ha establecido un nuevo delito estatal que sanciona a quienes ingresen a Florida tras evadir los controles fronterizos. Estas medidas han generado controversia entre defensores de los derechos migratorios, quienes alertan sobre posibles efectos perjudiciales derivados de las nuevas disposiciones.
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Impacto del plan de deportación migratoria
El programa Warrant Service Officer (WSO) autoriza a los agentes federales a ejecutar órdenes de detención relacionadas con infracciones migratorias. La finalidad de esta iniciativa es que las personas indocumentadas con antecedentes penales sean trasladadas y custodiadas hasta su país de origen.
Por otra parte, la Organización Defensora de Derechos Civiles sostiene que esta medida podría considerarse un acto de discriminación racial. Asimismo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha manifestado que se están difundiendo mensajes erróneos dentro de la comunidad inmigrante.
