Jueza de Wisconsin acusada de proteger a inmigrante indocumentado se declara inocente ante tribunal federal de EEUU

El sistema judicial de Estados Unidos enfrenta un caso inusual que ha captado la atención nacional. Hannah Dugan, jueza del condado de Milwaukee en Wisconsin, se declaró inocente de los cargos federales que la acusan de ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso ha generado un intenso debate sobre la relación entre la justicia local y las leyes migratorias federales.

Según documentos judiciales, Dugan presuntamente permitió que el inmigrante saliera por una puerta no pública de su tribunal para evitar ser detenido. El incidente ocurrió durante una audiencia celebrada en abril y ahora la magistrada enfrenta cargos por obstrucción de justicia y por ocultar a una persona con el fin de impedir su arresto. El juicio se celebrará en julio, y la jueza continúa en libertad mientras se resuelve el proceso.

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Acusaciones contra la jueza y su defensa legal

Hannah Dugan enfrenta dos cargos federales: encubrimiento y obstrucción de un procedimiento legal. Las autoridades federales alegan que, tras enterarse de la presencia de agentes de ICE en el edificio judicial, Dugan desvió a los oficiales y facilitó la salida del inmigrante por una vía alternativa. La acción, según la fiscalía, fue intencionada y buscó evitar la ejecución de una orden de arresto.

La defensa de la jueza sostiene que no existió ningún acto criminal y que su decisión respondió a motivos de seguridad y derechos procesales. Sus abogados argumentan que los jueces tienen discrecionalidad sobre cómo manejar su sala, y que la presencia de agentes armados sin notificación previa constituye una interferencia con la autoridad judicial. Por ahora, la magistrada permanece en funciones, aunque bajo escrutinio público.

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Reacciones políticas y debate sobre inmigración en Estados Unidos

El caso ha desatado una ola de reacciones encontradas. Sectores conservadores critican duramente la actuación de Dugan, acusándola de abuso de poder y de colocar la política por encima de la ley. Algunos legisladores republicanos han aprovechado el caso para pedir sanciones más duras contra jueces que interfieran en la labor de ICE, calificando el episodio como un "precedente peligroso".

Por otro lado, organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes han respaldado a la jueza, señalando que su actuación se alinea con la defensa de los derechos constitucionales de todos los individuos, incluidos los inmigrantes sin documentos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó preocupación por lo que consideran un intento de criminalizar decisiones judiciales en contextos migratorios cada vez más polarizados.

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Implicaciones legales y próximos pasos del proceso

El juicio de Hannah Dugan está programado para el mes de julio en una corte federal, donde se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes. Si es hallada culpable, la jueza podría enfrentar hasta seis años de prisión. La defensa ya ha indicado que solicitará la desestimación de los cargos por considerar que estos violan los principios de independencia judicial.

Este caso podría sentar un precedente sobre el papel de los jueces en relación con las autoridades federales de inmigración. También reaviva el debate sobre los límites del poder judicial local frente al gobierno federal en la aplicación de políticas migratorias. En un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema central del debate político en Estados Unidos, la resolución de este proceso será observada con atención por juristas, activistas y funcionarios públicos.