Mala noticia para indocumentados en Carolina del Norte: ley antiinmigrante generará tensión desde 2025 en USA
La ley HB-10 de Carolina del Norte, vigente desde el 1 de diciembre de 2024, obliga a los sheriffs a colaborar con ICE, suscitando preocupación entre inmigrantes indocumentados en el estado.
La reciente implementación de la ley HB-10 en Carolina del Norte ha generado un constante debate sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Esta legislación, que se hizo efectiva desde el 1 de diciembre de 2024, obliga a los sheriffs locales a colaborar con los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha establecido un clímax de incertidumbre entre miles de indocumentados en el estado norteamericano
Con aproximadamente 325 mil inmigrantes indocumentados residiendo en Carolina del Norte, la HB-10 establece procedimientos estrictos que los sheriffs deben seguir en relación con el estatus migratorio de las personas detenidas. A diferencia de la situación anterior, donde la cooperación con ICE era opcional, ahora se convierte en un requisito legal, lo que podría acarrear sanciones para las autoridades locales que no cumplan con la normativa.
Desde la pandemia por la COVID-19, millones de inmigrantes han aterrizado en territorio norteamericano. Foto: Wola.
La ley también especifica ciertos delitos que activan la obligación de reportar a ICE, lo que ha llevado a la ACLU a expresar su preocupación sobre el impacto que esto tendrá en las comunidades inmigrantes. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta nueva legislación.
Colaboración obligatoria con ICE
La HB-10 establece que los alguaciles locales deben colaborar con ICE en la verificación del estatus migratorio de las personas detenidas. Esto implica que, en caso de arrestos por ciertos delitos, los oficiales están obligados a notificar a la agencia federal. Este cambio en la legislación representa un giro importante en la política migratoria del estado, ya que antes la cooperación era de carácter voluntario.
Impacto en las comunidades inmigrantes
La implementación de la HB-10 ha generado un ambiente de temor e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados en Carolina del Norte. La ACLU ha señalado que, aunque las infracciones menores de tránsito no requieren verificación del estatus migratorio, la experiencia previa con programas como el 287(g) ha demostrado que ICE ha procesado deportaciones incluso por faltas menores. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos de las comunidades inmigrantes en el estado.
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Antecedentes de colaboración con ICE
Carolina del Norte ya cuenta con un historial de colaboración con ICE, especialmente en condados como Wake, Mecklenburg y Alamance, donde el programa 287(g) estuvo activo entre 2006 y 2018. Este programa facilitó la deportación de inmigrantes inicialmente detenidos por infracciones menores, lo que evidencia cómo la cooperación entre alguaciles e ICE puede expandir el alcance de las políticas migratorias federales.
