Congreso propone uso de etiquetas en bebidas alcohólicas para alertar sobre riesgos de cáncer

El congresista Idelso García presentó un proyecto de ley que busca establecer el etiquetado en las bebidas alcohólicas para advertir a los consumidores sobre los tipos de cáncer que pueden sufrir por su consumo. Y es que según el Instituto Nacional de Salud Mental, alrededor del 35% de los peruanos tiene problemas de adicción.

Esta información proveniente de la exposición de motivos de la propuesta legislativa de García, indica además que entre un 8% y 10% sería dependiente del consumo de licor. Se aguarda su debate para el reinicio del trabajo parlamentario que está programado para el primero de marzo.

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Plantean que bebidas alcohólicas incluyan etiquetado contra el cáncer

A través del Proyecto de Ley N° 9973/2024-CR, el legislador Idelso García propone salvaguardar el derecho a la información de los consumidores a partir del uso de etiquetas informativas en las bebidas alcohólicas, de modo que se alerte sobre los posibles riesgos de contraer diferentes tipos de cáncer como consecuencia de su ingesta.

Para ello, se busca modificar el artículo 7 de la Ley N°28861, que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas (Ley N° 28681). A través de este cambio, se dispone que en un espacio no menor del 10% del área total del empaque, envoltura y afines, así como en las etiquetas de los envases del producto de cualquier licor, se consigne la frase: "Tomar bebidas alcohólicas en exceso aumenta el riesgo de desarrollo de diversas enfermedades incluidos ciertos tipos de cáncer”.

Según el artículo 2 de la propuesta de ley que se basa en un reporte de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, el 40% de casos de esta enfermedad están relacionados con el consumo de alcohol y el 35% de peruanos sufre de problemas de adicción. De igual forma, se resalta que Perú está entre los países de la región con el más alto consumo per cápita de alcohol, situándose en el tercer puesto, superado únicamente por Brasil y Argentina.

De ser aprobada la iniciativa de García en el Parlamento, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para aprobar las disposiciones reglamentarias correspondientes.