Ley de Hidrocarburos: Solicitan ampliar el debate y convocar al diálogo social
Sindicato de Petroperú–Talara mostró su desacuerdo con el pedido de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos a que se apruebe la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.
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El Sindicato Unificado de Trabajadores de Petróleo, energía, derivados y afines de la región Grau señaló que el anuncio de adelanto de elecciones generales por el presidente de la República, Martín Vizcarra, no debe ser motivo para apresurar una ley que excluya el diálogo con las autoridades regionales y la sociedad civil.
“Como sindicato invocamos al diálogo como salida para no agravar más la incertidumbre e inestabilidad política, pero tampoco queremos que esta coyuntura sea utilizada por los gremios empresariales para acelerar la aprobación de una ley nacional trascendente que aún falta consultar y de paso incorporar la reducción en el pago de regalías, exoneraciones tributarias, relajar el control ambiental, extensiones ‘expres’ directas de contratos que están por vencer para que no reviertan a Petroperú", manifestó el sindicato en un comunicado.
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En tal sentido, Juan Castillo More, secretario general de Petroperú – Talara mostró su desacuerdo con el pedido de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) en cuanto a que se apruebe la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se encuentra en el Congreso de la República.
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“Debe ampliarse el debate y convocar al diálogo social con las autoridades de los gobiernos regionales, municipales y la sociedad civil directos involucrados con las medidas que establece la Ley de Hidrocarburos. Un diálogo franco, técnico y abierto evitaría que se generen conflictos socio ambientales como el sucedido con el proyecto Tía María u otros” acotó Castillo.
Agregó que con la experiencia del proyecto Tía María, el presidente Vizcarra debe institucionalizar el diálogo social que debe ser necesariamente previo a cualquier decisión nacional trascendente como lo es la Ley de Hidrocarburos.
Asimismo, el sindicato consideró necesario reformar las facultades para la transferencia parcial o total de los contratos. “Esta es una práctica muy negativa para los intereses del Estado que se viene utilizando con la ley vigente, donde la empresa que obtiene la concesión después puede transferir el contrato a una segunda y hasta a una tercera empresa sin que el Estado tenga voz ni voto, siendo propietario del lote”.
