La polémica reforma judicial que deja AMLO
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador logró los cambios constitucionales para reformar el Poder Judicial en su país, contra la opinión de integrantes de ese poder del Estado, organizaciones internacionales y sectores empresariales. Hoy tiene el respaldo del Legislativo y de gran parte del electorado que le dio el triunfo a su partido en la última elección presidencial. Mientras él dice que acercará la justicia a la gente, sus detractores afirman que la politizará.
El domingo 15 de setiembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum como testigo, firmó el decreto que reforma el Poder Judicial en su país y que tiene como uno de sus puntos principales -y más polémicos- la elección por voto popular de más de 1.600 cargos judiciales federales, entre ellos los magistrados o ministros que conforman la Suprema Corte, o el Tribunal Electoral Federal.
Esa misma noche, el decreto se publicó en el diario oficial y entró en vigencia al día siguiente. Fue el último gran acto mediático del Gobierno de López Obrador, quien deja el poder el próximo 30 de setiembre. “Voy a firmar el decreto con el propósito de mejorar el Poder Judicial, que no haya corrupción en ese poder, porque necesitamos que la justicia llegue a todos”, dijo López Obrador en un video grabado en el Palacio Nacional y publicado en redes sociales.
AMLO inició su cruzada para estos cambios en febrero y logró su propósito el 11 de setiembre con la aprobación en el Congreso. En síntesis, la reforma propone que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la población. La presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria (actualmente los 11 juristas que la integran eligen a su presidente) y se reducirá su periodo de 15 a 12 años. También se reducirá el número de magistrados de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral.
Las elecciones se llevarían a cabo en dos fases: en 2025 se elegirían a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ningún magistrado podrá ganar un salario mayor al del presidente.
Empleados del Poder Judicial mexicano realizan una performance del entierro de la ‘Justicia’ a manos del ‘presidente’ Andrés Manuel López Obrador. Foto: AFP
¿Qué busca López Obrador?
“Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política. Más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política. Porque, en la práctica, apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales”, señala Daniel Pardo, periodista de BBC Mundo en México.
En efecto, AMLO ha tenido un largo conflicto con la Suprema Corte, que ha frenado varias de sus iniciativas en el pasado, como la mayor presencia del Estado en varios sectores. Además, el presidente mexicano ha impulsado un proyecto político durante su gestión que llama la Cuarta Transformación o 4T, para lo cual era clave una reforma judicial que permitiera implementar otros cambios en el país. La continuidad de Claudia Sheinbaum en la Presidencia aseguraría conseguir esa transformación.
Por eso, López Obrador no ha ahorrado calificativos contra sus adversarios como “Poder corrupto” o que los jueces están “al servicio de una minoría”. Quiere que este sea su legado.
Su iniciativa tuvo desde un principio el rechazo mayoritario de los trabajadores judiciales, que realizaron un paro general a mediados de agosto y salieron a las calles masivamente, con carteles, a denunciar la violación de sus derechos y el riesgo para la independencia judicial en México. Luego se les sumaron los estudiantes universitarios en varias marchas.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México por los próximos seis años, respalda la reforma de su predecesor en el cargo y mentor político. Foto: AFP
En un análisis titulado “Reforma judicial en México: un retroceso para los derechos humanos”, Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó la propuesta de elección popular de los puestos judiciales. “En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. [...] Cada poder integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes; dicho listado sería depurado y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación”.
Agrega que “si un grupo político dominara los poderes Ejecutivo y Legislativo (como es el caso actual de Morena), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial”.
En la misma línea, otro organismo internacional como Human Rights Watch señala que la reforma socavaría la independencia judicial y, con ello, se podría facilitar abusos de los derechos humanos.
Morena, el partido de AMLO, que continuará en el poder con Claudia Sheinbaum en la presidencia, tiene el control de las dos cámaras del Parlamento, y de los congresos estatales, con los cuales se logró la aprobación. Además, su reciente victoria en las elecciones presidenciales le ha dado un respaldo popular a la medida. Abonan en ello los graves problemas de acceso a la justicia, de gestión y de corrupción que tiene el Poder Judicial mexicano.
Como dato anecdótico se puede señalar que la aprobación definitiva de la reforma en la cámara de senadores se logró con el voto clave y sorpresivo del opositor Miguel Ángel Yunez Márquez, acusado de delitos de corrupción y con una historia familiar de acomodo partidario.
En la economía
En el ámbito económico, la reforma judicial no se apegaría a las normas del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”. En ese sentido, la embajada de Estados Unidos en México calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.
Legisladores y opositores a la reforma judicial expresan su desacuerdo con carteles y polos en el Palacio Legislativo. Foto: AFP
El embajador norteamericano en México, Ken Salazar, dijo el mes pasado que “cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”. El embajador de Canadá, Graeme C. Clark, señaló que los inversionistas canadienses estaban preocupados y que su hipotética aprobación podría mermar la confianza de su país en México. De igual manera, los empresarios mexicanos han expresado su desconfianza por los cambios futuros.
