George Floyd: El problema de la impunidad policial en EE.UU.

Antes de que el policía Derek Chauvin encajara su rodilla sobre el cuello de George Floyd, provocándole la muerte, su historial ya estaba manchado por 18 denuncias de irregularidades y uso excesivo de la fuerza en la ciudad de Minneapolis.

En 2006, Chauvin fue uno de los agentes que acribilló a Wayne Reyes, un sujeto que supuestamente tenía un arma cuando huía. Dos años después, mató a un sospechoso de violencia machista que estaba desarmado. En 2011, abrió fuego contra otro hombre que huía de un tiroteo. Durante dos décadas exhibió un comportamiento violento e irresponsable. Sin embargo, en ese tiempo apenas recibió un par de sanciones leves y, por el contrario, en dos ocasiones fue condecorado.

¿Por qué un hombre con ese historial continuaba en el servicio?

Porque, como señalan autoridades y expertos en el tema de la violencia policial, existe en los Estados Unidos un sistema diseñado para proteger y dotar de impunidad a los oficiales que se exceden en sus funciones. Y que, como hicieron Chauvin y sus tres compañeros, suelen concentrar su brutalidad en la minoría afroamericana.

ASESINOS CON SUERTE

-El problema de la violencia policial es bastante serio en los Estados Unidos- dice Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas. -Las causas son múltiples, pero pasan principalmente por dos situaciones: el racismo estructural que hay en el país y el problema de la impunidad.

Guevara recuerda la sucesión de casos de brutalidad policial cometidos contra ciudadanos afroamericanos, y también contra la comunidad latina y otras minorías, como los de Óscar Grande, Eric Garner, Michael Brown y Tamir Rice, que pese a las protestas públicas que desataron, no han logrado cambios estructurales que detengan la violencia.

Por ejemplo, el efectivo que asesinó a Tamir Rice, un niño afroamericano de 12 años que jugaba en un parque con una pistola de juguete, no fue acusado penalmente. Fue despedido de la policía de Cleveland, pero poco después consiguió empleo en la policía de Ohio.

En su informe Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, del año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la discriminación racial en los homicidios policiales se ve agravada por un patrón de impunidad de los departamentos de policía involucrados.

Una investigación del Washington Post descubrió que en miles de asesinatos relacionados con la policía entre 2005 y 2015, solo 54 policías habían sido acusados y la mayoría quedó libre o fue declarada inocente.

La investigación reveló que, para presentar cargos contra un policía, los hechos deben ser de carácter excepcional: “una víctima recibió un disparo en la espalda, existe una grabación de video del incidente, testimonios incriminatorios de otros oficiales o acusaciones de encubrimiento”. Incluso, cuando concurren todas estas circunstancias, las condenas son escasas.

FUERZA LETAL

En los Estados Unidos, los policías no son procesados y, mientras tanto, matan mucho. Fatal Force, el proyecto investigativo de Washington Post que registra los asesinatos cometidos por policías, indica que son alrededor de mil cada año. En el año 2017, por ejemplo, 987 personas fueron asesinadas a balazos por agentes policiales y más de 300 huían cuando les dispararon.

Parte del problema es que los estados no regulan o son muy permisivos con el uso de la fuerza que ejercen sus efectivos. Según una investigación de Amnistía Internacional, nueve estados no tienen ninguna ley estatutaria sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía y en los otros 41, los estándares son muy permisivos.

Algunas leyes estatales permiten usar fuerza letal para “suprimir la oposición a un arresto”, para arrestar a alguien por un “presunto delito grave” o para “reprimir un motín”. En ciertos estados, los oficiales pueden usar fuerza letal para evitar que un preso escape de la cárcel.

-Ese uso excesivo de la fuerza lo estamos viendo no solo en los homicidios de personas negras, sino también en el control de las manifestaciones que hoy se están dando en el país- dice Erika Guevara, de Amnistía Internacional.

La propuesta de este organismo de derechos humanos es que el Congreso norteamericano legisle con el fin de limitar el uso de la fuerza letal en todo el país. Y que se ocupe de otro asunto que también catapulta las situaciones de violencia que sufren los ciudadanos: la militarización de las fuerzas policiales.

ENEMIGOS, NO VECINOS

En un reportaje de la agencia EFE de hace algunos años, Arthur Rizer, un exmilitar que enseña Derecho en la Universidad de Georgetown, contó que una de las cosas que más lo sorprendió cuando volvió de combatir en Irak, en 2006, fue ver en el aeropuerto a un policía con un M4 en las manos, exactamente el mismo rifle que él portaba cuando patrullaba en Faluya.

“Si los entrenamos como soldados y los equipamos como soldados, no deberíamos sorprendernos de que empiecen a actuar como soldados. Y la misión de un soldado es matar al enemigo”, dijo Rizer en la nota.

Se refería de esta manera a la cada vez mayor militarización de los departamentos de policía, gracias a diversos programas federales que les transfieren equipos de las fuerzas armadas. El informe de la CIDH también la considera un factor que alienta las situaciones de abuso contra las minorías: “el uso de equipamiento militar SWAT en redadas y operaciones similares es desproporcionadamente utilizado contra grupos históricamente marginados”.

Una investigación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) reveló que el 42 por ciento de las personas afectadas por despliegues de SWAT para ejecutar órdenes de registro eran negras y el 12 por ciento eran latinas.

La ACLU sostiene que la policía norteamericana se ha militarizado innecesaria y peligrosamente y que en los municipios con mayor cantidad de equipamiento militar, los agentes actuaron de manera más agresiva y adoptaron una mentalidad de “guerrero” en lugar de verse a sí mismos como protectores de la comunidad.

En mayo de 2015, Barack Obama ordenó nuevas restricciones para la transferencia de equipo militar a las oficinas policiales, pero cuando Donald Trump llegó al poder las eliminó.

Desde entonces, el uso excesivo de la fuerza contra las minorías, particularmente la afroamericana, continúa. La policía sigue usando perfiles raciales para ejecutar requisas y arrestos. En Nueva York, el 57 por ciento de los detenidos en 2017 fueron afroamericanos. En Nueva Orleáns, ese porcentaje alcanzó el 90 por ciento. Uno de cada 15 afroamericanos está en prisión. En Estados Unidos, el país que algún día fue un modelo de democracia y civilidad para el mundo, las personas de color tienen 3.5 veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía.

Uno de esos desafortunados fue George Floyd.