En defensa del Morro Solar

Estando en el Ministerio de Cultura, con sorpresa e indignación, tomé conocimiento del arbitraje internacional –CIADI entre 2011 y 2014- indirectamente iniciado por los hermanos Levy (a través de su hermana Renée Rose Levy de Levy) propietarios de la empresa GREMCITEL, empresa hermana de GREMCO contra el Estado Peruano, por haberlos tratado de manera injusta, inequitativa y discriminatoria, en los términos del Tratado Internacional de Protección de Inversiones entre el Perú y Francia; en relación a su aparente derecho a desarrollar un proyecto urbanístico en los terrenos de su propiedad, en el Morro Solar, en Chorrillos.

La demanda arbitral internacional ascendió a US$ 41,000 millones de dólares, siendo este el monto más alto reclamado al Estado Peruano y solo superado, en la historia del CIADI, por el del famoso caso Yukos. Este reclamo deja abiertas algunas dudas sobre la seriedad del cálculo del valor demandado, sobre todo cuando, según el laudo (párrafos 12, 13 y 14) los demandantes adquirieron los terrenos por poco más de US$ 5 millones de dólares en 1995, para luego transferirlos a sus propias empresas a US$ 60 millones de dólares (GREMCO vendió a GREMCITEL) en el 2004, y, finalmente, demandar al Perú por la astronómica suma arriba mencionada.

Como todos los peruanos sabemos, nuestro morro, es depositario y testigo de hechos históricos, contiene evidencia geológica que permite conocer a través de sus capas cuál fue su conformación tectónica; contiene también restos arqueológicos: la ciudadela Armatambo, importante complejo en eje con Pachacamac, mencionada en las crónicas desde tempranas épocas del Virreinato, aunque han ido desapareciendo, producto de las invasiones; no olvidar el componente histórico, lugar de la Batalla de San Juan en 1881, durante la guerra con Chile; por qué no hablar del presente? El Morro Solar tiene una serie de actividades que van desde la presencia de antenas de comunicación, el planetario y, hace no muchos años, de lugar de preferencia de jóvenes deportistas que han hecho suya la tarea de defensa de este lugar y tratar de entender y entenderse con el entorno maravilloso Monumento de nuestra ciudad.

Es por eso que la defensa del Perú se basó, primero desde el punto de vista jurisdiccional, en que la demandante no tenía acceso a la jurisdicción internacional, y, sobre el fondo, en que las demandantes no podían tener expectativas reales de desarrollar sus proyectos libres de restricciones, que el Perú siempre actuó de manera transparente y que la Resolución del INC del 2007 era la simple confirmación del marco legal vigente, no siendo arbitraria, pues se basó en una revisión histórica muy cuidadosa.

Es así que GREMCO adquirió las tierras del Morro Solar en 1995, por una suma aproximada a US$ 5 millones, luego desarrollaron una idea fantasiosa que incluía una extraña convivencia entre humanos y delfines (¡en cautiverio!) entre enormes muelles para cruceros turísticos transatlánticos –entiendo que no existía un proyecto propiamente desarrollado ni serio en dichos terrenos- y, cuando el Ministerio de Cultura delimita el área histórica –declarada con anterioridad a la adquisición de las tierras-, los Levy deciden demandar al Perú, por la aparente frustración de dicho proyecto futurista.

La pregunta que se plantea es ¿cómo los Levy llegaron a la cifra de US$ 41,000 millones en su demanda contra el Estado Peruano? Por lo descrito líneas arriba conocemos la belleza del entorno y su valor histórico, pero las cuentas no cuadran. Debo decir que, siendo Ministra de Cultura, la suma me pareció inédita, irresponsable y, por último, ¡imposible de pagar!

En ese momento, y, con infinita preocupación tomamos contacto con el equipo del MEF que se encargaba de la defensa del Estado frente al CIADI. Acudió a mi despacho el doctor Carlos José Valderrama, joven abogado que lo lideraba. Rápidamente me explicó las acciones necesarias a emprender para contratar un Estudio de Abogados internacional que se encargara de representarnos. Consejo que se siguió, y, aunque parecía caro, resultaba la única posibilidad que teníamos frente a una suma de esa magnitud.

Existía, me explicó, el antecedente de una anterior demanda ante el CIADI realizada por este mismo grupo empresarial, relacionado al Banco del Nuevo Mundo, de su propiedad y que debido a su ineficiente manejo había quebrado. En esa oportunidad la cifra fue de US$ 7,000 millones y la motivaron aduciendo que su banco había sido intervenido abusiva e ilegalmente por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Al igual que el arbitraje del Banco del Nuevo Mundo, el caso GREMCITEL lo ganó el Perú y lo ganó contundentemente. La defensa logró demostrar que la demandante (Renée Rose Levy de Levy) no tenía derecho a acceder a la jurisdicción internacional. De hecho, el Perú logró obtener que el tribunal arbitral declare que los Levy abusaron de dicha jurisdicción al haber “antedatado” la adquisición de la inversión, que, en buen cristiano, significa que fraguaron los documentos, falseando la fecha real en que ella formó parte de la empresa en Perú. Dolo que fue perpetrado en la notaría de la Dra. Joseph en Granada (isla paraíso financiero), párrafo 194 del Laudo.

“El Tribunal considera extremadamente serio que las Demandantes hayan intentado establecer la jurisdicción del Tribunal por medio de documentos que no sólo han resultado no ser fiables, sino claramente engañosos. El Tribunal recuerda que las Demandantes solicitaron a la Dra. Joseph que insertara una fecha, cinco años anterior, en las resoluciones corporativas, a lo que la notario accedió. Este hecho fue establecido de manera concluyente en la Audiencia, según fue admitido por la notario Joseph en persona 239. El Sr. Levy regresó posteriormente a ver a la Sra. Joseph en algún momento después del año 2012, cuando este arbitraje ya se encontraba en curso, para solicitar la “rectificación” de la certificación notarial antedatada a fin de asegurar que la fecha de la supuesta trasferencia de 2005 estuviera bien documentada. Por consiguiente, el Sr. Levy intentó corregir información falsa con más información falsa, sobre la cual las Demandantes se basaron para establecer la jurisdicción del Tribunal. Es más, el Tribunal ha comentado que la propia posición de las Demandantes con respecto a las resoluciones corporativas es que la certificación no era requisito para que la transferencia de acciones fuera válida conforme a las leyes de Granada 240. De ser así, es obvio que el único motivo por el cual las Demandantes buscaron antedatar los documentos era fabricar la jurisdicción del Tribunal. Una evaluación global de los hechos relacionados con los intentos de las Demandantes de establecer la jurisdicción muestra un patrón de conducta manipuladora que arroja una luz negativa sobre sus acciones.”

La historia es como muchas que hemos conocido a lo largo de los años y es el modo en que personas se hacen de bienes del Estado, no siempre de forma transparente, aprovechándose de nuestras debilidades, debido a la falta de presencia, o, directamente, producto de la corrupción, y, con la idea de que el Perú pierde sus batallas legales.

¿Había que preguntarse si el Estado Peruano habría iniciado una demanda por intento de fraude en el arbitraje en cuestión?

Hoy, luego de varios años, me entero que estos señores han vuelto a la carga, iniciando una demanda similar ante el Tribunal Constitucional peruano y tengo razones suficientes, según lo detallado a lo largo de esta reflexión para pensar que se valdrán de armas y artes, no siempre santas, para conseguir, ya sea, una sentencia favorable, y ¿por qué no? Iniciar una nueva demanda ante tribunales internacionales para hacerse de dinero de nuestro país. El riesgo que corre el Perú es enorme si el TC les reconociera algún derecho (a pesar de las posturas expresadas por el Perú, no solo en el actual proceso, sino también en el arbitraje mencionado y hubieran encontrado la fórmula para acceder a la jurisdicción internacional del CIADI, entonces nos veríamos emplazados ante un foro internacional por personas de las que el propia Tribunal se expresa: “muestra un patrón de conducta manipuladora que arroja una luz negativa sobre sus acciones”.

El Perú ha tenido una sólida defensa en tribunales internacionales con algunos números que a continuación detallo:

1. Indemnizaciones evitadas US$ 50, 000 millones.

2. Indemnizaciones paradas US$ 750 mil.

3. Dinero recuperado para el Estado US$ 110 millones.

El Morro Solar es un bello lugar, un espacio público en donde la historia de nuestra ciudad une el pasado con el presente que mira hacia el horizonte, que mira hacia el futuro.

Pido que salgamos en defensa del Morro Solar.