¿Cuántos venezolanos viven en Lima y Callao hasta inicios de 2022?
El número de migrantes representa casi el 10% de la población total de la capital, según el informe “Tendencias Globales 2021″ del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Una publicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), titulado “Tendencias Globales 2021“ da cuenta del número de venezolanos desplazados de su patria por fuerzas estatales represoras y las consecuentes crisis alimentarias.
El documento es la más reciente investigación en cuanto a registros migratorios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ella se consigna, por ejemplo, que a comparación del 2020, el número de personas venezolanas desplazadas en Perú aumentó en 276.400. El principal motivo fue que en ese año irrumpió la pandemia en el continente Americano y las restricciones fronterizas se agudizaron. En tanto, el país acogió en calidad de refugiados —también un derecho inherente— a 797.300 civiles.
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También se dio cuenta de que de los 1.3 millones de ciudadanos del país caribeño que viven en Perú para inicios de 2022, 1 millón habitan en Lima y Callao, constituyendo el 10% de su población total. La ciudad capitalina de 43 distritos es la que mayor cantidad de refugiados y migrantes alberga en el continente.
Otras cifras de la migración
Seguida de los sirios, las personas venezolanas son la segunda población más grande desplazada a través de sus fronteras. Son en total 4.6 millones de humanos que huyeron de los excesos del régimen. “Casi todas se encuentran en la región de las Américas sin haber sido reconocidas formalmente con la condición de refugiado“, se lee en el documento.
Ser un refugiado, por definición, te confiere el amparo del Estado en el que vivas como apátrida. El principal derecho es el “no devolución“, que posibilita la permanencia en el territorio de acogida e impide la deportación —como el Gobierno peruano ha querido hacer en distintas situaciones con los migrantes en situación irregular, a los que llama “ilegales“.
También se garantiza, como derecho humanitario que es y parte de tratados de la Convención de 1951, el acceso a la educación, asistencia en salud, vivienda, empleo y familia, entre otros temas.
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