
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el jueves 17 de julio la eliminación de la exención de tarifas para ciertos formularios de parole in place, lo que impacta en inmigrantes que buscan regularizar su estatus.
Además, el organismo anticipó que se implementarán nuevas tarifas en los trámites migratorios en los próximos días. Aquello está estipulado en el plan de gobierno de Donald Trump.
El viernes 11 de julio, USCIS comunicó que comenzará a cobrar nuevas tarifas para ciertos beneficios migratorios. La agencia adelantó que en los próximos días ofrecerá más detalles sobre la implementación de estos cambios, justo antes de actualizar el formulario del parole in place.
La legislación propuesta busca realizar cambios significativos en el sistema migratorio, como la implementación de reglas más estrictas en la aplicación de leyes migratoria, nuevas restricciones a beneficios sociales como Medicaid y cupones de alimentos (SNAP), y aumentos en las tarifas de trámites esenciales como la residencia permanente, el TPS y las solicitudes de asilo.
USCIS ha lanzado una nueva edición del formulario G-1055, que incluye la lista de tarifas actualizadas para diversas solicitudes migratorias. En esta nueva versión, se elimina la exención de tarifas para el Formulario I-131, que abarca la Solicitud de Documento de Viaje, Documentos de Libertad Condicional y Registros de Llegada/Salida, específicamente para extranjeros que solicitan parole o libertad condicional en ciertas categorías.
Las categorías afectadas incluyen:
A partir de ahora, quienes presenten estas solicitudes deberán pagar una tarifa de US$630, según el documento G-1055 actualizado.
El Parole In Place (PIP) otorga permisos de permanencia temporal a ciertos inmigrantes en Estados Unidos, como familiares de militares estadounidenses o personas que califican por razones humanitarias. En 2024, la administración de Biden propuso ampliar el PIP para incluir a inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses que cumplieran ciertos requisitos, como una duración mínima de permanencia en el país.
Aunque se estimaba que medio millón de personas podrían beneficiarse, un tribunal federal en Texas bloqueó el proceso, conocido como Keeping Families Together (KFT).

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