
En las últimas semanas, las redadas de ICE han azotado al estado de California. Las autoridades gubernamentales han aumentado su presencia en ciudades con alta población inmigrante como Los Ángeles.
En ese contexto, una jueza federal de EE. UU. ha ordenado a la administración Trump que detenga los arrestos indiscriminados a personas sin sospecha razonable de que se encuentren ilegalmente en el país. En otras palabras, no admite el ''perfilamiento racial''.
Durante las detenciones migratorias, abogados y defensores de los derechos humanos han denunciado que ICE, la Guardia Nacional y la Patrulla Fronteriza han detenido injustamente a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses sin comprobar que sean indocumentados.
Basándose en los reclamos y una demanda oficial, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, ha afirmado este viernes que los agentes están arrestando a personas teniendo en cuenta solo:
Según Frimpong, esto viola la protección de la Cuarta Enmienda contra la incautación irrazonable por parte del gobierno. También dijo que las detenciones ocurrieron de manera ilegal. La jueza ha realizado dos órdenes de restricción temporales, además de exigir que el DHS le otorgue asistencia legal a las personas detenidas en el edificio federal del centro de Los Ángeles.
La demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, incluyen al condado de Los Ángeles y las siguientes ciudades:
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo a la prensa: "Hoy, el Tribunal falló a favor de la Constitución de los Estados Unidos, de los valores y la decencia estadounidenses; este es un paso importante para restablecer la seguridad y defender los derechos de todos los angelinos. Recurrimos a los tribunales contra la administración porque jamás aceptaremos estos actos atroces y antiamericanos como algo normal".
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom afirmó: ''Hoy se hizo justicia: la decisión del tribunal pone fin temporalmente a las violaciones de los derechos humanos y a la discriminación racial por parte de los funcionarios federales de inmigración''.
Mientras tanto, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, criticó la decisión: "Una jueza de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidenss. Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, pandilleros de la MS-13, pedófilos, violadores; sin duda, lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado. La ley y el orden prevalecerán".
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