
El Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia (DOJ), presentó el martes 24 de junio de 2025 una demanda contra 15 jueces federales del estado de Maryland que emitieron una orden que restringe las deportaciones inmediatas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que impugnan su expulsión.
Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho Loyola, manifestó su asombro sobre la insólita medida que adoptó la titular del DOJ, Pam Bondi, considerando que "está intensificando el esfuerzo del DOJ para desafiar a los jueces federales". Esta disputa entre el ejecutivo y el poder judicial federal abre un nuevo capítulo entre las entidades estatales que han protagonizado conflictos por la legalidad de acciones y bloqueos de leyes.
La disputa se originó tras la orden firmada por el juez principal George L. Russell III que se presentó en mayo de 2025, dicha resolución impedía a la Administración Trump expulsar a cualquier inmigrante que presenten documentos al tribunal del distrito de Maryland, con la finalidad que su caso sea revisado. La orden del juez bloqueaba la deportación del extranjero indocumentado hasta las 04:00 p.m. del día siguiente.
El Gobierno de Estados Unidos se defendió indicando que la suspensión automática de las deportaciones limita la autoridad presidencial y obstaculiza el cumplimiento de las políticas migratorias, así como, representa una violación al fallo emitido por la Corte Suprema. La responsable del DOJ, Pam Bondi, denunció en un comunicado el miércoles 25 de junio que "la autoridad ejecutiva del presidente Trump ha sido socavada desde las primeras horas de su presidencia por una interminable serie de medidas cautelares diseñadas para frenar su agenda".
"Esto es absurdo y un ataque sin precedentes al poder judicial federal en Maryland", escribió en su cuenta de X, el legislador demócrata de Maryland, Glen Ivey, quien también señaló a la administración Trump de "socavar" los fallos judiciales y deslegitimar los tribunales.
James Sample, profesor de derecho constitucional en la Universidad Hofstra, declaró al respecto: "Los jueces han tomado una decisión razonable y cautelosa para poner un freno modesto a un poder ejecutivo decidido a eludir cualquier apariencia de proceso imparcial". Sample señaló que el mismo Gobierno de EE.UU. es el que provoca el recurso de habeas corpus, presentados por los inmigrantes en riesgo de ser deportados, al tener un accionar tan drástico en sus políticas migratorias.

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